7 de abril de 2017

Perú: “Disolver” el cinco de abril

Alberto Adrianzén

En un artículo reciente Martha Chávez (Expreso: 04/04/17), una de las figuras centrales del fujimorismo, afirma que el autogolpe del cinco de abril de 1992 no fue una “medida anticonstitucional” puesto que buscaba defender lo que era esencial a esa misma constitución: el “bien común” que “estaba en peligro por aquellos tiempos”.

No soy abogado, menos especialista en derecho constitucional, pero me resulta difícil aceptar que uno defiende la Constitución violándola, que fue, justamente, lo que sucedió en esa fecha. Hoy sabemos que el autogolpe fue algo totalmente distinto y hasta contrario no solo a la Constitución del 79 sino también a la voluntad popular expresada en las elecciones de 1990.

Por otro lado, es un error pensar que el autogolpe fue tan solo una violación constitucional. Para muchos y en ciertos sectores del espectro político pesa más la disolución del Congreso, el control de los medios de comunicación y la corrupción, entre otros puntos, que el proyecto político y económico que se puso en marcha después del cinco de abril, que es la herencia que permanece hasta la actualidad, más aún si vemos cómo opera la actual bancada fujimorista en el Congreso.

Y si bien la legitimidad del autogolpe o golpe de Estado reposó en la crisis económica, el crecimiento del terrorismo y el descrédito de los partidos –no hay que olvidarse que más del 70% de la población aprobó dicha medida– es importante decir que en esos días Fujimori enfrentaba una serie de problemas para poner en marcha su proyecto político autoritario que el autogolpe resolvió: a) la aprobación por el Congreso de la Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del Presidente de la República publicada en febrero de 1992; b) las denuncias de Susana Higuchi sobre los negocios que la hermana del Presidente hacía con las donaciones de ropa usada; c) las modificaciones por el Congreso a los decretos legislativos para combatir el terrorismo que limitaban el poder político de los militares en la lucha antisubversiva; d) conflictos abiertos entre el Tribunal de Garantías Constitucionales, así se llamaba en ese entonces, y el Ejecutivo respecto a la reforma económica. Temas emblemáticos en este conflicto fueron la sentencia del Tribunal de marzo del 92 que declaró parcialmente inconstitucional la ley de Fomento al empleo y la paralización de medidas propuestas por el MEF que desregulaban la economía; e) la reducción de la bancada fujimorista en el Parlamento; f) un Poder Judicial que según los fujimoristas liberaba a los terroristas. El bloqueo político era evidente lo que se expresará en un incipiente debate sobre una posible vacancia presidencial.

Y si bien estos y otros factores fueron la “justificación” del cinco de abril, lo que interesa recordar, además del control de los poderes constitucionales, de los medios de comunicación, la represión indiscriminada que derivó en un terrorismo de Estado, la corrupción sistemática y la violación de los derechos humanos, es también que entre marzo de 1991 y diciembre de 1992 se aprobaron 93 decretos-leyes que abrieron las puertas a las privatizaciones, desregularon la economía, flexibilizaron el mercado laboral y nos impusieron las AFP, entre otros puntos.

El 6 de enero de 1993 el Congreso Constituyente Democrático (CCD) declaró no solo la plena vigencia de estos decretos leyes sino también que no podían ser ni revisados, ni modificados, ni derogados.

Alberto Fujimori en un reciente tweet ha dicho que su Constitución (se refiere a la del 93) “sigue vigente” y que sus opositores lo único que han hecho ha sido “borrar mi firma. O no es así”. Y es que en realidad el autogolpe definió un nuevo bloque en el poder y un nuevo sistema de dominación compuesto principalmente por el fujimorismo, los militares, los empresarios y una tecnocracia que hasta hoy sigue en el Estado.

La Constitución del 93 limó las aristas progresistas de la del 79. Una nueva República civil-militar, neoliberal, clientelar y corrupta nacía bajo el signo del autoritarismo. Y si bien hoy ha vuelto la democracia, siempre precaria e imperfecta, nos queda aún la pesada herencia de la Constitución del 93, de un sistema económico que más allá del crecimiento en estos años ha servido poco a las grandes mayorías y sí más bien a las minorías, una corrupción generalizada, y de un fujimorismo que se empeña en volver al pasado.


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