Claudia Cisneros
Mientras todos estábamos ocupados con las inundaciones y huaicos, en marzo el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que es una nueva versión de la repudiada Ley Pulpín, esa que la Confiep y amigotes del MEF del gobierno pasado intentaron imponer recortando derechos laborales pero que gracias a las marchas juveniles fue derribada. Pues bien, el lobby empresarial la trae de vuelta. El Ejecutivo ha presentado un proyecto que crea un régimen especial para las empresas que contraten a jóvenes. Mientras los jóvenes mal pagados y explotados tendrán que pagar el total de su aporte de 13% de pensiones de su reducido sueldo, este gobierno ha decidido que los empresarios no tienen que pagar el aporte a Essalud porque el gobierno les subvencionará el total del 9% por cada trabajador. O sea, el empresario no saca de su bolsillo sino del bolsillo del gobierno.
Lo justo sería que el gobierno, si quiere incentivar empleos juveniles, no solo incentive con subvención a la empresa sino también a los jóvenes que se están abriendo camino.
Además, la nueva Ley Pulpín no obliga al empleador a capacitar al joven. Un gobierno responsable debe obligar a los empleadores a cumplir con la capacitación de jóvenes con horas determinadas y verificación de la calidad de las capacitaciones. Así como la fenecida Ley Pulpín de Castilla, Segura y Confiep, ésta, la de Thorne y amiguetes tampoco ha pasado por las entidades u órganos correspondientes. No ha sido discutida y menos aprobada por el Consejo Nacional del Trabajo, espacio que el Ministro de trabajo se comprometió a respetar y potenciar señalando que ninguna norma sería aprobada sin su participación.
Pero no es lo único en que han estado ocupados los y las lobistas de la gran empresa. Los empleados de Telefónica están molestos porque la empresa ha realizado una maniobra que el gobierno le ha permitido y mediante la cual los empleados recibirán una miseria en utilidades 2016. Telefónica habría adquirido una banda de telefonía en licitación con el Estado pero a costo de concesión de uso por 20 años. Sin embargo, en vez de que el pago se trate tributariamente aplicando las normas sobre concensiones Telefónica ha decidido aplicar la norma sobre intangibles, con lo cual la empresa ha podido aplicar todo el costo en un año. La consecuencia de esta maniobra de la empresa es que se generan menos utilidades para los empleados y se generan menos impuestos para el Estado.
Y si hablamos de privilegios para el empresariado que perjudican al empleado, otro escándalo es lo que está pasando con Shougang, que estaría subvaluando el valor del mineral desde el 2011, lo que le permite generar menos utilidades para los peruanos y beneficiar a Shougang en China que le compra, además de menos impuestos para el Perú y menos aportes para el fondo de jubiliación de sus empleados. ¿Cómo lo permite la Sunat? Porque las declaraciones de valor de mineral no son públicas ni transparentes, porque Sunat se las pide cuando ya se está demasiado cerca al 5to año en que prescriben. ¿Casualidad? ¿Inoperencia?
Algo similar estaría sucediendo con Cerro Verde, donde el sindicato viene reclamando que la empresa no está pagando lo que debería al fondo de pensiones de jubilación y la Sunat no está haciendo su trabajo de fiscalización, perjudicando a los empleados y beneficiando a la empresa.
Pero esto es un patrón de conducta del poder político. Thorne y el fujimorismo acordaron apenas inició este gobierno que no entraría en vigencia la Norma XVI (https://goo.gl/zVY7hQ) que persigue el delito de elusión tributaria mediante el cual el Perú pierde miles de millones en recaudación pues las transnacionales elucubran todo tipo de maniobras para sacar el dinero afuera, a paraísos fiscales. También el fujimorismo en setiembre (https://goo.gl/P7EJ2s)se negó a otorgar facultades a la UIF (Unidad de investigación financiera) para levantar secreto bancario y tributario en investigaciones por lavados de activos, y compartirlo con los entes electorales. Aún cuando esto último y la Norma XVI son requisitos para que Perú entre a la OCDE.
Y no solo Sunat, Congreso y Ejecutivo conspiran contra del Perú y sucumben al lobby (pagado o no) de grandes empresas. Convoca.pe https://goo.gl/9wLKIM relata cómo el Tribunal Constitucional derogó el artículo 5 de la ley 29720 que obligaba a las empresas no reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores a publicar sus estados financieros, al tiempo que mueven sus dineros a empresas offshore para eludir impuestos y utilidades en Perú. ¿Hasta cuándo el abuso del poder político en contubernio con el poder económico?
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