3 de agosto de 2017

Perú: El “soy inocente” de García

César Lévano

Ayer, Alan García acudió al Ministerio Público para responder por el caso de soborno pagado por la empresa brasileña Odebrecht con el fin de que se le adjudicara la construcción de la línea 1 del metro de Lima. El jefe aprista ha declarado, como era de esperar, que él no recibió dinero por esa adjudicación.

Se supone que a algunos presidentes la plata les llega sola, pero a veces a través de testaferros. La crónica de ese contrato resulta acusatoria.

Está demostrado que Alan García, entonces presidente de la República, viajó al Cusco el 19 de febrero del 2009, junto con su ministro de Transportes Enrique Cornejo, y con Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, para inaugurar un tramo de la carretera Interoceánica. Esa era la única actividad oficial de ese día, según la agenda presidencial. Pero en la noche, después de esa laboriosa excursión, García convocó de urgencia a su Consejo de Ministros. Solo un punto había en la orden del día para esa nocturna y apresurada reunión: aprobar un decreto de urgencia para encargar al Ministerio de Transportes la ejecución del metro de Lima.

Luis Castañeda, impulsado por una vara mágica, aprobó en ese mismo momento, en sesión del Concejo Metropolitano, un convenio de cooperación con el Ministerio de Transportes para realizar las obras del metro capitalino. Al día siguiente, el 20 de febrero, Cornejo y Castañeda rubricaron el acuerdo.

La acelerada inspiración hizo que se omitieran trámites legales. No se contó con el aval de la Contraloría General de la República, ni del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y ni siquiera del Ministerio de Transportes.

De llevar a cabo las obras se encargó la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), cuyo presidente era Oswaldo Plasencia Contreras, ex asesor de García y colaborador de Cornejo. El informe del excongresista Juan Pari, quien presidió la primera comisión investigadora del Lava Jato, señaló que Plasencia tuvo “plenos poderes para aprobar adendas, adicionales de obras y expedientes técnicos definitivos sin contar con la opinión de la Contraloría”.

En diciembre del 2016, en su confesión ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht reconoció un pago de 1.4 millones de dólares “a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del comité de licitaciones”. En enero del 2017, Odebrecht declaró a la fiscalía peruana que pagó ocho millones de dólares en sobornos para la licitación del metro de Lima.

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