Mario Huamán Rivera
El 11 de enero cientos de miles de ciudadanos se movilizaron en las principales ciudades del país para expresar su rechazo al Gobierno actual y contra el indulto del exdictador Alberto Fujimori.
Con retraso, ha juramentado un “parchado” Gabinete Aráoz, con algunas incorporaciones de técnicos de segunda línea vinculados al Partido Aprista. Un ministro tiene una sentencia por corrupción y eso dice mucho de la carencia de cuadros técnicos solventes en el actual Gobierno.
El gabinete unifica los intereses de personajes del poder político y económico involucrados en la corrupción, que pugnan por la impunidad. El nuevo Gabinete Aráoz tiene como tarea central hacer todo lo que los grandes empresarios agrupados en la CONFIEP vienen exigiendo: más desregulación, más flexibilidad laboral y menos impuestos para los ricos.
La designación de Javier Barreda como ministro de Trabajo, a pocos días de que expresara su rechazo al indulto de un “Gobierno incapaz”, es la muestra más clara de la crisis política y moral del Partido Aprista.
Los trabajadores tenemos memoria y recordamos que las gestiones de los funcionarios apristas en los ministerios resultan perjudiciales para los trabajadores y el pueblo peruano. La expulsión que ha dictado Alan García contra Barreda y Salinas sirve solo como un ritual para los medios y las redes sociales. Lo real es que con los dos funcionarios estamos frente al regreso de los apristas a los puestos principales en los ministerios de Trabajo y Salud, además de contar con los ministros de Educación y de Justicia; es decir, el Apra cogobierna con PPK, aplicando la táctica de la escopeta de dos cañones.
El fujimorismo se encuentra inmerso en discusiones internas, alrededor de candidaturas personales, pues tanto Keiko como Kenji pretenden ser candidatos presidenciales. Y detrás de ellos aparecen personajes prontuariados acusados de corrupción, narcotráfico, entre otros delitos.
Cuando la mitad del país rechaza el indulto y el pacto de PPK con el fujimorismo, el Gobierno no puede decir que estamos en un año de reconciliación. Los trabajadores sabemos que el 2018 será un año de lucha contra la impunidad y la radicalización de las políticas neoliberales.
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