1 de febrero de 2018

Gracias y desgracias de PPK y Fujimori

Claudia Cisneros

¿Qué prefiere la otra parte, que Fujimori participe como testigo y diga la verdad sobre Pativilca? ¿O que participe como procesado con la posibilidad de que mienta o calle? Palabras más, o menos, esto es lo que en esencia se atrevió a decir el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, el viernes último en la Audiencia de Control de Acusación (https://goo.gl/9Zp7DX). En esta audiencia se revisaba la irregular gracia presidencial que pretende eximir a Fujimori de ser procesado por la matanza en Pativilca. Y con total indolencia se dirigió así a los familiares de los campesinos asesinados.

Esa actuación reprobable no fue la única sorpresa de la audiencia. También lo fue el súbito cambio del procurador del Estado la noche anterior a la audiencia (el 25 de enero) en que se imprimió una edición extraordinaria de El Peruano con la resolución RS 011-2018-JUS que quitaba del caso al hasta entonces procurador Amado Enco y designaba a César Romero Valdez. Lo que pasó es grave y pudimos saberlo gracias al ex procurador Ronald Gamarra.

Resulta que el miércoles 24 de enero (2018), dos días antes de la Audiencia, el procurador Amado Enco presentó ante la Sala Penal Nacional el escrito en el que pedía la inaplicación de la gracia a Alberto Fujimori por ¨incompatibilidad constitucional¨ (https://goo.gl/jXR5dN). Al día siguiente (25 de enero) un nervioso ministro Enrique Mendoza sacó a Enco y lo cambió por Romero, cuenta Gamarra. Romero se dedicó durante la Audiencia a defender la gracia inconstitucionalmente concedida.

Pero las irregularidades, por las que tarde o temprano este ministro habrá de ser procesado, no acaban allí. Ha pasado un mes desde el indulto y hasta hoy Mendoza se niega a entregar el expediente del indulto. Un documento de derecho de acceso público por ser de interés nacional y porque el otorgamiento del indulto apunta a una trasgresión de las leyes y la Constitución.

El ministro ha negado el expediente a las congresistas Glave y Huilca, y a la propia Defensoría del Pueblo. ¡Inaudito! La propia Defensoría ya se pronunció sobre el indulto y ha sido tajante (https://goo.gl/Lu2haz): el indulto es deficiente, no cumple con los mínimos estándares legales, no hace referencia a la gravedad de los delitos, no especifica las razones que sustentan el supuesto carácter humanitario, ni detalla las condiciones médicas de la supuesta salud grave o terminal en la que se basa un indulto para calificar como humanitario.

También reitera que la discrecionalidad presidencial no es ilimitada y no puede transgredir la Constitución. La mayor prueba de que Fujimori no está terminal, y por ende no calificaba para recibir un indulto humanitario, es que esconden el informe. ¿Acaso no sería de la mayor conveniencia para PPK y el reo hacerlo público para zanjar el debate? Claro que sí, si estuviera sustentado en verdades. Pero no lo está. Hildebrandt en sus trece (https://goo.gl/wcxw7s) esta semana detalla el diagnóstico de los médicos Víctor Sánchez Anticona, Guido Hernández Montenegro y Juan Postigo Díaz (médico de cabecera de Fujimori) con el que se sustentó el indulto y desbarata una a una las palabras técnicas y falacias en las que incurren.

La primera falacia del informe médico es que Fujimori dice que tiene cáncer cuando está probado que nunca lo tuvo ni lo tiene (https://goo.gl/kzm6eX). Y luego, todas las otras condiciones que refieren como de alto riesgo no son más que dolencias propias de la vejez. Todas tratables y en ningún caso de alto riesgo (hipertensión, cardiopatía leve a moderada). Lo que estos pobres asalariados olvidan es que, eventualmente, ellos serán procesados por firmar y afirmar mentiras y ser parte de este fraude. 

El 2 de febrero se realizará la audiencia de la CIDH sobre el indulto y se les acaba a todos los farsantes la función. Peor si Kuczcynski se atreve a desacatar el fallo. Solo seguirán cavando su tumba con idiota entusiasmo mientras el peligro de fuga de Fujimori aumenta. Entretanto, la sociedad civil consciente de estos abusos que lesionan la nación, seguiremos haciéndonos oír como es nuestro derecho y deber; hasta que se revierta la injusticia y hasta que todos los involucrados en este fraude sean procesados. El 30 de Enero nos vemos en las calles.

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