Teresa Tovar Samanez
Empezó una huelga magisterial convocada por gremios regionales. Tiene puntos controversiales que significan retroceso: derogatoria de las leyes de Educación y de Carrera Magisterial (CPM). Otros son pendientes del pliego anterior: incremento salarial hasta una UIT al 2021; defensa de la educación pública; 6% de PBI para educación; pago de la deuda social sin procesos judiciales; y rechazo a las evaluaciones de desempeño punitivas.
Los últimos puntos están poniendo en evidencia varios límites de la reforma. Destacamos 4. 1) La promesa gubernamental de incrementos progresivos no se concreta. Los salarios docentes peruanos siguen a la cola de A.L. Llevar a cabo una reforma con maestros precarizados es inviable además de ineficaz.
2) La CPM está estancada. Cada año se abre un número mínimo de plazas mientras que la cantidad de contratados aumenta: han pasado del 17% al 40% en los últimos 10 años. A este paso la CPM estaría en camino a su extinción. Se están equiparando salarios entre contratados y nombrados, pero la tendencia es trabajar con contratados que, obviamente, son más vulnerables.
3) Es un equívoco pensar que evaluando a maestros mal formados se mejora la calidad. El modelo no prioriza la formación inicial docente y se centra en el acompañamiento-capacitación en servicio, reducido últimamente al entrenamiento para la “rúbrica” de la evaluación de desempeño. Los esquemas rígidos y decontextualizados de dicha rúbrica no tienen legitimidad ni tampoco pertinencia pedagógica. Las facultades e institutos de educación están siendo supervisados en sus requisitos básicos de calidad, pero esto es insuficiente si no se destinan recursos públicos suficientes para mejorar su oferta y condiciones.
4) Los recursos para educación están estancados. Este año se han recortado 200 millones. La meta del 6% del PBI está cada vez más lejos ya que los pocos puntos ganados se han vuelto a perder. Por eso no hay recursos ni para formación docente, ni para salarios. Tampoco para escuelas que se caen a pedazos. Esto indigna cuando vemos que sí se preserva la financiación de los Colegios de Alto Rendimiento, que garantizan educación de calidad solo a 6,000 alumnos de los 8 millones que tiene el sistema, mientras que se recorta el presupuesto de educación intercultural-bilingüe para la niñez indígena.
Son aspectos que deben ser atendidos sin atribuir simplistamente una calificación política al movimiento magisterial. Por el contrario, se trata de construir una hegemonía distinta a la que pudieran pretender elementos radicales de un sector de la dirigencia. Esta construcción empieza arrebatándoles las demandas de los maestros. No olvidemos que las bases magisteriales se declaran opuestas a Sendero y dicen “No somos terroristas, queremos dignidad”.
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