Verónika Mendoza
El 23 de marzo, Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República en un ambiente de tranquilidad, e incluso, cierto alivio. Y a pesar del hastío por tanta corrupción desparramada, el pueblo peruano le daba una oportunidad al nuevo presidente con una amplia aprobación en las encuestas iniciales. Pero han pasado apenas dos meses y medio y una fuerte caída en las mismas ha sellado el fin de la “luna de miel”, mucho más pronta y abruptamente que con cualquiera de los últimos expresidentes en el mismo periodo. Era de esperarse, Vizcarra no solo carga el lastre del gobierno del cual fue parte sino también el de una crisis política sistémica y prolongada porque el caso “PPK” fue apenas un síntoma de una corrupción generalizada que está carcomiendo nuestras instituciones por dentro.
Por ello, cuando Vizcarra asumió el cargo, desde el Nuevo Perú afirmamos que, para superar esta crisis, tenía la tarea histórica de iniciar una transición hacia una democracia de y para la gente con reformas profundas y urgentes: enfrentar decididamente la corrupción cambiando los mecanismos que la facilitan e institucionalizan, reactivar la economía de la gente y promover una reforma electoral integral para poner fin a la penetración del dinero ilícito en la política.
Pero en lugar de marcar un quiebre, optó por el continuismo pretendiendo una “gobernabilidad” en las alturas dándole concesiones a un fujimorismo cada vez más desvergonzado y autoritario. ¿Pero qué tipo de pacto se puede tener con quienes usan el Congreso para despilfarrar el dinero público, blindar a sus congresistas vinculados con la corrupción y el narcotráfico, reescribir la historia para lavarse la cara y buscar impunidad, pagar favores a sus financistas con leyes a medida y bloquear avances en igualdad de derechos?
Con un gobierno débil y continuista y una mayoría parlamentaria más preocupada por copar el poder a cualquier costo, nuestras instituciones se debilitan y pierden legitimidad ante la ciudadanía. Lo han expresado los miles de peruanos y peruanas en las calles las últimas semanas. Es necesario dar un “giro de timón” o se seguirá diezmando la poca confianza que le queda a la gente en las instituciones y la democracia e irá quedando un terreno fértil para salidas extremistas y autoritarias tanto por derecha como por izquierda.
Por eso necesitamos encauzar esta crisis iniciando una transición que nos permita recuperar la democracia de manos de las mafias y lobbies para ponerla al servicio de la gente. Eso implica, entre otras cosas, una reforma electoral integral, para ponerle fin a este círculo vicioso en el que negocios legales o ilegales financian partidos y campañas para luego cobrársela con leyes a medida, obras a dedo o impunidades. Es tiempo de abrir y democratizar la política con nuevas voces y sectores hoy excluidos. Nunca más un Congreso como este lleno de corruptos, lobistas y narcos. Ya sea que ocurran en un año (porque este Congreso no da más) o en tres, necesitamos nuevas elecciones de verdad, para renovar la política.
Hoy vemos cómo se reeditan prácticas y personajes montesinistas –compra de votos, extorsión con videos, ataques a los medios de comunicación, jefes de seguridad y asesores. Esto debería interpelarnos y convocarnos a completar aquella transición que emprendimos al liberarnos de la dictadura de los 90s y que, como constatamos ahora, quedó inconclusa.
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