15 de enero de 2019

Las venas abiertas de la minería en Perú

Enric Llopis

El Gobierno anuncia un nuevo ciclo minero, con 48 proyectos y 60.000 millones de dólares en inversiones internacionales

“Mata a la que está con waraqa (honda), mata a esa chola de mierda, dale, dale”. Ésta fue la orden del oficial a un agente de policía para que asesinara -en junio de 2011- a la activista Petronila Coa Huanca en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca (región de Puno). Murieron otras cinco personas y decenas resultaron heridas por los disparos de policías y soldados. Alan García, del Partido Aprista, desempeñaba la Presidencia de Perú. Petronila Coa Huanca participaba en las protestas contra los proyectos mineros en la región de Puno, por ejemplo el de Santa Marta, de extracción de plata, desarrollado por la canadiense Bear Creek; también reivindicaban la descontaminación de la cuenca del río Ramis, afluente del lago Titicaca. 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señala que entre 2011 y 2018 han sido asesinadas 119 personas defensoras de los derechos humanos en Perú y más de 800 eran objeto de criminalización durante 2017 (“líderes comunitarios, indígenas y ronderos son particularmente afectados mediante la aplicación de tipos penales como la extorsión y el secuestro”, según el Observatorio para la Protección de los Defensores); en 2017 fueron asesinados ocho defensores de la tierra y el medio ambiente en Perú, informa la ONG Global Witness. Además la Campaña “Defensoras no están solas” denuncia el procesamiento de 102 mujeres por participar en diferentes formas de protesta social. La Defensoría del Pueblo, que hace un seguimiento de los conflictos sociales en el país, informó en octubre de 2018 de 199 conflictos (142 activos y 57 latentes), de los que el 61,8% fueron de carácter socioambiental y se registraron principalmente en los departamentos de Áncash, Puno y Cusco.

“Minería para el progreso”. Así define el consorcio encabezado por la compañía australiana MMG Limited su actividad en la mina de cobre Las Bambas, de la que es propietaria desde 2014 en el departamento de Apurímac (los titulares anteriores fueron la minera anglo-suiza Xstrata y la multinacional Glencore, con sede en Suiza). El accionista principal de MMG Limited es China Minmetals Corporation. “Se espera que Las Bambas produzca más de dos millones de toneladas de cobre en concentrado durante sus primeros cinco años de operación”, afirmó en octubre el director ejecutivo de MMG Limited, Geoffrey Gao. Aunque hay también otra realidad en el caso de Las Bambas. Con Ollanta Umala en la presidencia, en septiembre de 2015, la represión policial de las protestas se saldó con cuatro manifestantes muertos y la declaración del Estado de Emergencia en seis provincias. En agosto de 2018 se decretó asimismo el Estado de Emergencia en 482 kilómetros del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa (“corredor minero del sur”), para que la policía mantuviera el “control del orden interno” con el apoyo del ejército; de este modo se hacía frente a las movilizaciones y bloqueo de carreteras por parte de las comunidades.

“¡El agro, la pesca y la minería juntos por el desarrollo de Islay!” Southern Cooper en Perú –subsidiaria del gigante del cobre Grupo México- anuncia de este modo el proyecto minero “Tía María” en la provincia de Islay (Arequipa), cuyas tareas de exploración comenzaron en 1994. Actualmente Southern Perú está a la espera de obtener el permiso de construcción que otorga el Ministerio de Energía y Minas, con la particularidad de que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 expira en agosto de 2019; la previsión de la empresa es producir 120.000 toneladas de cobre anuales en “Tía María”.

La iniciativa de Southern Perú tiene ya una larga historia. En abril de 2011 cuatro personas murieron y un centenar resultaron heridas por la represión policial de las protestas en el Valle del Tambo; otros dos opositores al proyecto “Tía María” y un policía muertos es el balance del paro indefinido y las movilizaciones de 2015, en las que se reclamaba por las posibles consecuencias de la actividad minera, como la contaminación del río Tambo, de las aguas subterráneas, el impacto en la agricultura o las enfermedades pulmonares. En cuanto a la criminalización de las acciones, en enero de 2018 la Fiscalía de Arequipa acusó de pertenencia a organización ilícita para delinquir a activistas que participaron en las luchas de 2015. Mientras, pobladores del Valle del Tambo continúan movilizándose con la consigna “Agro sí, mina no” y por ejemplo en marzo de 2018, se celebró en Cocachacra (Islay) el Encuentro Nacional “Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida”.

Pero “Tía María” no es la única actuación de Grupo México en Perú. La agencia pública ProInversión le adjudicó el 20 de febrero los yacimientos cupríferos de Michiquillay, en el departamento de Cajamarca (1.100 millones de toneladas de mineral); también desarrolla la iniciativa Los Chancas (Apurímac), en fase de evaluación ambiental, y la ampliación de la mina y la concentradora Toquepala, en la región de Tacna, para aumentar la producción de cobre.

Otro de los múltiples frentes abiertos es el proyecto Tintaya Antapaccay, que desarrolla desde 2013 la transnacional Glencore en la provincia de Espinar (Cusco). En diciembre de 2018 las excavadoras de la empresa irrumpieron de manera violenta en la comunidad de Alto Huarca (Espinar), lo que causó destrozos y heridos (en abril se produjeron episodios parecidos durante la resistencia a los desalojos). Uno punto de intensidad en la protesta se registró en mayo de 2012, cuando la empresa Xstrata era titular de la mina: cuatro comuneros muertos, otros heridos de bala y la declaración del estado de emergencia durante una huelga indefinida; entre las reivindicaciones figuraban los impactos ambientales –sobre los ríos Salado y Cañipía, la muerte de animales o la presencia de mercurio y plomo en la sangre y orina de los vecinos-, así como el incumplimiento de los convenios entre la empresa y las comunidades.

Podrían agregarse numerosos casos de extractivismo, resistencia y acción represiva. Una de las referencias centrales es el proyecto Conga, que promueve la empresa Yanacocha y está oficialmente suspendido desde noviembre de 2011; integran esta sociedad la estadounidense Newton Mining, la peruana Minas Buenaventura y en menor proporción la japonesa Sumitomo, que adquirió en diciembre de 2017 la participación de Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. Anunciada como “la mina de oro más grande de Sudamérica”, el proyecto se sitúa en las provincias de Cajamarca y Celendín, entre 3.500 y 4.100 metros sobre el nivel del mar. A pesar de la suspensión, el pasado 23 de abril el periódico La República reprodujo estas declaraciones de Carlos Sánchez Terrones, representante de las rondas campesinas de Cajamarca: “Personas que están plenamente identificadas como trabajadores mineros llegan a las comunidades con regalos a concientizar a la gente para que consigan la licencia social del megaproyecto Conga”; “recordamos que el año 2012 dejó cinco muertos y centenares de heridos como consecuencia de la represión policial”, añadió el dirigente.

La base de datos sobre criminalización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó, en relación con el proyecto Conga, la cifra de 42 personas procesadas por hechos ocurridos entre junio de 2012 y agosto de 2013; en total, 63 presuntos delitos. Las organizaciones populares alertaban, además, en movilizaciones y comunicados, de los impactos de esta macroiniciativa; por ejemplo, “secar cuatro lagunas, cinco ríos, unos 600 ‘ojos de agua’, además de levantar humedales y bofedales, lo que afectaría a las condiciones de vida de miles de familias”.

¿Qué relevancia tiene la actividad minera en la economía peruana? ¿Es la otra cara de las luchas populares? Al cierre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas contabilizó 48 proyectos de construcción de minas para los próximos años, que representan cerca de 60.000 millones de dólares en inversiones de 11 países, principalmente firmas de Gran Bretaña, China, México, Canadá y Estados Unidos. Además el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 del Ministerio de Economía, aprobado en agosto, apuntaba incrementos de la inversión minera del 19% en 2018 y el 23% en 2019, “las tasas más altas de crecimiento desde 2011”; de hecho, “se consolida el inicio de un nuevo ciclo de inversiones”, debido a proyectos cupríferos como Quellaveco, que desarrolla Anglo American Perú en el departamento de Moquegua; Mina Justa, en Ica, cuyo operador es la peruana Marcobre SAC; o la ampliación de la mina Toromocho, en Junín, a cargo de la filial peruana de la estatal Chinalco.

El Marco Macroeconómico Multianual señala asimismo que las compañías están en “una mejor posición financiera”; así, “la recuperación del precio de los metales y las políticas de reducción de costos ha incrementado la rentabilidad y reducido su endeudamiento”. Por otra parte, las exportaciones mineras de Perú sumaron 21.351 millones de dólares entre enero y septiembre de 2018, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2017, según las estadísticas de la patronal SNMPE.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

14 de enero de 2019

Un decreto para la corrupta desigualdad neoliberal

Manuel Dammert Ego Aguirre

Este paquetazo legislativo del gobierno PPK-Vizcarra, pretende generar nuevas condiciones para empujar el modelo neoliberal que está rumbo a su fracaso definitivo. Esta política es una acción consciente de la plutocracia y del actual gobierno neoliberal, aplicado en la lógica del capital y su poder, se basa en la reconfiguración territorial para su actividad de acumulación, explotación y producción. Constituye, pues un elemento más del ordenamiento jurídico económico como instrumento de ajuste institucional del modelo neoliberal en crisis de régimen.

Los indicadores de crecimiento, empleo, igualdad, salud, educación, lo expresan. Este paquetazo legislativo quiere dar un nuevo aire al sector privado, mejorando las condiciones para su ganancia, sobre la base del uso de los recursos públicos tanto financieros como naturales y haciendo soportar la reducción de los costos en el factor trabajo y sobre los usuarios clientes que ya dejaron de ser ciudadanos.

Es decir, la desposesión de los derechos de los peruanos sigue adelante, y Martín Vizcarra es el actual ejecutor. Para asegurar y consolidar la ruta neoliberal en franco deterioro en el Perú, el 31 de diciembre de 2018, el presidente Vizcarra promulgó el D.S. Nº 345-2018-EF “Política Nacional de Competitividad y Productividad” hasta el 2030, que es una política de cumplimiento obligatorio para el Estado, sector privado y la sociedad civil. Ordena que en plazo de 6 meses deberá contar con un Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

Con las modalidades de APP y de Obras por Impuestos buscan disponer el financiamiento local y externo para prioritariamente satisfacer al gran tejido empresarial y para el mercado de capitales, para debilitar los derechos laborales, revisando y adecuando el marco regulatorio a favor de las empresas y el Estado.

Buscan generar un ambiente de negocios favorable a las grandes empresas privadas, principalmente extractivas. Facilita la inversión privada “solucionando” la superposición de actividades mineras, de hidrocarburos y agricultura.

Profundiza las medidas del servicio civil que afecta los derechos laborales. Busca acelerar la resolución de las demandas laborales para favorecer al empleador, y con lucha anticorrupción sin afectar el modelo de contrataciones y App que son fuente de corrupción. Estas políticas se ven reflejadas en los siguientes proyectos en curso.

MINERÍA: Las grandes empresas mineras pretenden organizar el territorio, simulando ser “clúster productivos innovativos” cuando imponen formas neocoloniales. En el uso de los recursos (agua, suelo, etc.), violentan los derechos de la población comunera, pequeños agricultores, etc. El Perú pierde base nacional productiva propia, supeditándonos al flujo del mercado externo.

Para algunos de los principales proyectos mineros a ejecutarse, se amplían beneficios de las grandes mineras, reapropiándose la gestión del territorio como si fueran directos propietarios y entregando la renta a sus casas matrices, disminuyendo sus aportes tributarios en el Perú. Es el régimen de la Colonia.

AMAZONÍA: Plantean hacer una hidrovía de 2,500 km, a través de los ríos Huallaga-Marañón-Ucayali-Amazonas, sin consulta previa de los pueblos indígenas. Diversos estudios científicos denuncian que se destruirá considerablemente los ecosistemas (técnica del dragado, etc.) y hábitat de las especies amazónicas, así como la flora. Así se promueve el uso del feble suelo amazónico para la actividad forestal.Para plantar palma aceitera se alienta la deforestación y la migración de especies a las zonas más altas. Al no poderse reutilizar la tierra empleada, convertirán a la Amazonía en un lugar masivo de sembríos de hoja de coca, con destrucción de la diversidad biológica que es una riqueza nacional. Se afectará el decisivo aporte de la Amazonía peruana al cuidado mundial global de los ecosistemas ante el calentamiento global.

ENERGÍA: Petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Dando en concesión a los privados las principales reservas petroleras y gasíferas hasta la extinción del recurso, como propiedad efectiva y con un pago irrisorio de regalías (5%). Trabas a la producción petrolera y a la integración vertical de Petroperú. Entrega de hectáreas del mar, afectando la pesca nacional y la soberanía alimentaria. Bloqueo de un Plan Nacional en la exportación del gas como fuente energética y petroquímica. Mantención del ilegal y saqueador contrato de exportación del gas de Camisea a México, perdiendo 20 mil millones de dólares. Abandono de una política de Energías Renovables y de protección ambiental, impulsando el fracking destructor de ecosistemas. Obstrucción al Gasoducto Sur Andino y a la implementación del Polo Petroquímico del Sur, que puede hacerse en acuerdo con Bolivia y la Ruta de la Seda de China.

INDUSTRIA Y AGRICULTURA: No contempla ni promueve invertir en industria nacional descentralizada como siderúrgica, plásticos, textil, alimentaria, pesquera, etc. El impulso de la industria y agricultura nacional debería ser la base de la productividad, que tiene la mayor cantidad de trabajo y se vincula con las mypes y comunidades, pero es quebrada al promover la importación de alimentos y otros bienes a través de los clúster internacionales, direccionados a las grandes y medianas ciudades y sus sistemas de comercialización usureros. Abandono de la mayoritaria agricultura pequeña, comunal, familiar y cooperativa, la que debería estar más bien destinada a cubrir la demanda nacional. Abandono de la pesca como fuente de industria y alimentación nacional, la cual es orientada al mercado mundial, afectando las especies y la alimentación nacional, para desmantelar esta actividad.

SERVICIOS PÚBLICOS Y TRABAJO: Infraestructura y servicios públicos (agua, gas domiciliario, educación, etc.) serán privatizados, segmentados y precarios para la mayoría de la población, a través de la generalización de la modalidad corrupta de las APP, para entregar los ingresos tributarios a empresas privadas a través de las diversas modalidades de corrupción que azota al Perú (obras por impuestos, concesiones, APP, etc.). Recorte de derechos laborales reconocidos por la OIT: vacaciones, negociación colectiva, sindicalización, facilitación del despido arbitrario sin derecho a la reposición. Condena de la mayor fuerza productiva (jóvenes) a la informalidad, subempleo y precariedad.

(El presente artículo se redactó conjuntamente con la participación de Alejandra Dinegro y Jorge Chumpitaz).

13 de enero de 2019

Dos semanas importantes

César Hildebrandt

Da miedo salir de vacaciones.

Siempre su­ceden cosas.

El 31 de di­ciembre el Fis­cal de la Nación quiso dar un golpe de estado.

Tal como se lo habíamos ad­vertido en esta modesta revista, la calle le respondió. Chávarry se asustó, los fiscales de peluche que se prestaron al cuento sa­lieron corriendo y la maniobra abortó.

Casi simultáneamente hemos asistido a la recomposición del Congreso gracias a las sucesivas deserciones ocurridas en Fuerza Popular y al intento de censurar a Salaverry, operación esta últi­ma bloqueada por ahora.

¿Qué conclusiones sacar?

La primera es que la mafia en­quistada en el Ministerio Público ha empezado a salir de verdad. Si eso termina de lograrse con el liderazgo de Zoraida Ávalos, ha­bremos dado un gran paso. Eso hará que el Poder Judicial vigile muy de cerca a su presidente, un magistrado que siembra dudas por donde pase.

La segunda conclusión es que Fuerza Popular ha dejado de ser la maquinaria colosal que inti­midaba y había establecido un gobierno en la sombra a despe­cho de su derrota electoral. El partido que lideraba una mujer rencorosa en nombre de una turbia dinastía, el partido de la nada programática y el balbu­ceo populista, se extingue poco a poco. Escuché a Carlos Tubino explicando las bajas en el equipo y tuve una idea clara del origen de esa decadencia. Tubino es un fantasma que nada tiene que de­cir y que se demora para decir­lo. Es un fantasma en una casa donde han empezado a penar. El nuevo local de Fuerza Popular podría ser la casa Matusita.

No han sido solo los errores políticos de la señora Fujimori los que explican esta implosión. Bastó que dos fiscales empecina­dos siguieran la huella del dine­ro para que comprobáramos lo que ya sabíamos: que la corrupción es parte del ADN fujimorista, que los malos hábitos no fueron un episodio del albertismo. Lo hemos dicho más de una vez: el fujimorismo nació robando donaciones y terminó robándo­nos la Constitución.

Pero es hora de decir algo que pue­de ser incómodo. Y es hora de formular algunas preguntas. ¿Cómo es que el fujimorismo puede estar vigente a pesar de tantos años de malas andanzas y trope­lías? ¿Cómo es que para evitar a Keiko hubo que votar por un hombre como Kuczynski? ¿Qué explica la podredumbre chalaca, la entronización de los cuellos blancos, las decenas de gober­nadores y alcaldes ladrones? ¿De dónde vienen esos lodos te­naces?

¿Cómo es que en la mitad de las obras públicas terminamos encontrando corruptelas? ¿Por qué los últimos ex Presidentes y la exalcaldesa de Lima están so­metidos a sospechas legítimas, cuando no a certezas fulminan­tes? ¿De qué pozo séptico vienen estas vaharadas de inmundicia?

Hay que de­cirlo: vienen del Perú profundo. Del patán que se salta la cola, del empresario que compra una rezonificación, del alcalde que se la vende, del que abusa de su po­sición de dominio, del escritor que plagia y es protegido por su mafia gremial, del taxista que se pasa una luz roja, del que lanza una cáscara de naranja desde un coche, del club de la construcción, de los abogados testaferros, de los funcionarios públicos con cuentas en Ando­rra, de los concejales que lo primero que hacen es aumentarse el monto de las dietas, de los congresistas que aplauden protocolarmente, de los lobistas que plagan el Congreso, del que calibra su balanza para robarte 50 gramos por cada kilo, de los seguros que se niegan a pagar lo que se comprometieron a pagar, de los opinólogos que sabiendo quién era Chávarry lo defendie­ron por lo que encarnaba, de los traficantes que invaden cerros y tierras del Estado para lotizar y revender, de las señoras que se meten un perfume en la cartera si no hay cámaras a la vista...

La corrupción no es un inven­to de los políticos. Viene de lejos. Terminará matándonos como país si seguimos consintiéndola. Por eso estas dos últimas sema­nas han sido importantes. Por­que pueden ser el comienzo de una revolución de la limpieza. Lo que el Perú pide a gritos es un diluvio de desinfectante, un Niño de lejía.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 427, 11/01/2019 p9