José De Echave
Para nadie es un secreto que los conflictos en diferentes zonas amazónicas del país han venido aumentando de manera significativa como consecuencia de la fuerte presión y expansión de un conjunto de actividades.
“La Amazonía peruana es actualmente el escenario de abundantes actividades de extracción de recursos naturales, así como de la construcción de grandes y múltiples proyectos de infraestructura en diversos sectores. A ello hay que sumar la creciente y, muchas veces, irremediable degradación del hábitat amazónico causado por ilegales actividades en sectores como el minero y forestal, amén del deterioro causado por las actividades alrededor de la lacra del narcotráfico. Es claro entonces que la abultada intensidad y cantidad de acciones gubernamentales y privadas impactan significativamente en el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Además, varios de estos cambios –en particular los impactos acumulativos del conjunto de estos proyectos y actividades- ocurrirán sin suficiente planificación ni regulación gubernamental ambiental, pese a esfuerzos aislados y débiles ”.
Estos párrafos ilustran la situación actual que se vive en la Amazonía peruana y los riesgos latentes que no cesan de aumentar. Demás está decir que los habitantes de la Amazonía no son consultados ni tomados en cuenta por las autoridades nacionales y los responsables de todos estos proyectos. La creciente conflictividad en las diversas regiones amazónicas expresan un creciente malestar y preocupación de las comunidades.
El 5 de junio de 2009 será recordado por mucho tiempo como una de las fechas más negras de nuestra historia reciente. Casi dos meses de movilización amazónica terminaron en un enfrentamiento que tuvo como epicentro la localidad de Bagua, con el saldo lamentable de vidas humanas perdidas. Bagua demostró la incapacidad de nuestros gobernantes para entender la dimensión de las demandas y el rechazo de las comunidades amazónicas a un conjunto de decisiones que afectaban sus territorios y formas de vida.
Por supuesto los antecedentes de falta de voluntad política para facilitar la participación y consulta de las comunidades indígenas y nativas son más que preocupantes en el Perú. El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue ratificado por el Perú nada menos que el año 1993 y nunca fue reglamentado. Como se sabe, entre los derechos protegidos por este Convenio está precisamente el de la consulta, que además debe realizarse mediante procedimientos apropiados y cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Sin embargo, los riesgos continúan. Como si nada hubiese pasado ahora se anuncia que el ex ministro de Economía, Luis Carranza, presidirá un fondo de promoción de la inversión privada para la Amazonía: la Agencia de Fomento de la Inversión privada en la Amazonía (AMANZIV), que agrupa a gremios empresariales como ADEX, AFIN, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, CANATUR y tres presidentes regionales. Otra vez, las comunidades nativas no han sido tomadas en cuenta.
El país necesita abordar con la mayor seriedad el tema amazónico y definir un plan de desarrollo sostenible de mediano y largo plazo que corrija el desorden que provocan un conjunto de iniciativas que responden a diversos intereses privados e incluso de otros Estados y que no toman en cuenta los derechos de sus poblaciones y los de la naturaleza.
http://www.cnr.org.pe/pluma-y-
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