Alberto Chirif
El Sr. Yván Vásquez (así escribe él su nombre de pila), presidente regional de Loreto, ha contestado mis comentarios críticos sobre un acuerdo que el GOREL ha suscrito con el Instituto Libertad y Democracia (ILD), liderado por Hernando De Soto, al que él alaba y presenta como una autoridad en temas de inclusión. La cantidad de afirmaciones y comentarios que él realiza me lleva a redactar un texto un poco más extenso que el de mis primeros comentarios al referido acuerdo.
Comenzaré por De Soto. Si uno entra a Internet y averigua por Hernando De Soto, (por cierto, nació sólo como “Hernando Soto” y se añadió de “de”, presumo, por recoger la fama de su homónimo histórico, del cual tal vez descienda, el soldado español Hernando de Soto, conquistador de La Florida, hoy estado de los Estados Unidos), digo, si uno entra a Internet preguntando por este personaje se encuentra con su impresionante red de relaciones y premios, y sobre algunos libros de su autoría.
Pero su historia de relaciones es un poco más compleja y demuestra la clara tendencia de De Soto de relacionarse con dictadores. Para comenzar con lo conocido, están sus vínculos con Alberto Fujimori, gobierno con el que colaboró durante varios años, fruto de lo cual nació COFOPRI, hoy con un perfil más que bajo por la corrupción detectada durante el pasado gobierno de Alan García, aunque de esto, por supuesto, no le podemos echar la culpa a De Soto. Sin embargo, fue esa institución la que comenzó a impulsar la “disolución” (concepto muy querido por el dictador Fujimori) de las comunidades campesinas (antes llamadas indígenas) en el Perú, en especial de las del norte, como Catacaos y otras, en Piura, cuyas tierras están hoy en manos de grupos económicos, como el de Romero. Entre este grupo y el gobierno de Fujimori, como recordamos los peruanos, hubo una estrecha relación, tanto como lo expresa el video que establece sin lugar a dudas sus vínculos con Vladimiro Montesinos, el asesor que filmaba sus encuentros en la conocida salita del Servicio de Inteligencia Nacional.
Los vínculos de De Soto no fueron posteriores al golpe y sólo para ver temas de propiedad informal sino previos a éste. Gustavo Gorriti ha escrito sobre el tema en la revista del Instituto de Defensa Legal (IDL, ojo, no confundir con ILD). En referencia a esto, sugiero revisar el texto “El plagio de Hernando De Soto” (http://utero.pe/2011/05/04/
El “nomás” alude a la colaboración estrecha de De Soto con Fujimori en el campo de la implementación de sus “políticas de exclusión”. En el texto referido en la anterior cita se pueden encontrar, en columnas contrastadas, a la derecha, el discurso de Fujimori ante la OEA para justificar su golpe y, a la izquierda, el texto de Michael Coppedge, un académico norteamericano que había escrito sobre la partidocracia venezolana. No interesó a De Soto que se tratara de realidades distintas, sino sólo el impacto que el texto podía causar en el foro ante el cual tenía que hablar.
El plagio fue dado a conocer en un artículo del profesor Charles Kenny de 1996, pero no tuvo ninguna repercusión por el control que ejercía el gobierno de Fujimori sobre la prensa. Cuando Gorriti dio a conocer el caso, De Soto respondió diciendo: “El discurso no lo escribo yo. Yo contrato a 15 personas de distintos países para que nos den insumos, entre ellos a un señor Coppedge. Él me escribe un pequeño párrafo que Alberto [Fujimori] lo introduce en el discurso”. No obstante, Michael Coppedge le respondió a De Soto: “El texto plagiado no fue lo que escribí para el señor de Soto” […] “no es cierto, no es correcto”, remarcó Coppedge: “El texto plagiado en el discurso de Fujimori no fue el texto que me compró”.
Plagiado o no, queda más claro que el agua que De Soto montó el texto para justificar el golpe de Estado de Fujimori.
No obstante, no es el único caso de usurpación de textos en el que está involucrado De Soto. El libro “El Otro Sendero” está registrado en INDECOPI a nombre suyo, con la colaboración de Enrique Ghersi y Mario Ghibellini. Es decir, la autoría de la obra es compartida por los tres. Durante casi 20 años el nombre de De Soto, como autor principal, y de sus dos colaboradores figuró en las distintas ediciones del libro. Pero de la noche a la mañana y sin mediar razón alguna De Soto borró los nombres de los colaboradores y mantuvo sólo el suyo. Su lance le costó una demanda judicial.
De Soto fue asesor del dictador libio Gaddafi el año 2008, año en el que firmaron un acuerdo en Trípoli supuestamente para trabajar por los sectores pobres del país. Hernando De Soto formó parte del consejo consultivo de la Fundación Gaddafi hasta febrero de este año. En su renuncia, dirigida a uno de los hijos del dictador, señala que no puede olvidar los actos de violencia y represión del gobierno de Libia. Sin embargo, estos actos no pertenecen sólo al periodo en el cual el dictador reprime a los rebeldes libios, sino que han hecho parte de su comportamiento habitual frente a su pueblo. En resumen, De Soto conocía la política de Gaddafi y nunca antes expuso sus críticas.
En las recientes elecciones presidenciales, para seguir con su tradición, Hernando De Soto ofreció su colaboración a la candidata Keiko Fujimori, quien llevaba como compañía al mismo equipo que antes había gobernado con su padre y apoyado las tropelías que finalmente llevaron al ex presidente a la cárcel.
Como recordará el presidente regional, Alberto Fujimori suscribió el Acuerdo del Paz con Ecuador en 1998, documento criticado por muchos loretanos, él entre otros, aunque aparentemente cada vez con menos entusiasmo y sólo por no quedar mal ante una posición política liderada por el Frente Patriótico. De hecho, este antecedente parece no haberle importado al momento de cerrar filas con De Soto.
Dejo ahora el tema de De Soto para referirme a lo que el presidente regional dice sobre mí, a quien califica de “indigenista” sin saber qué significa este concepto ni en qué contexto se ubicó esta corriente. El indigenismo fue un movimiento de inicios del siglo XX liderado por personas, a mi entender, de buena fe, que vieron en esta opción la posibilidad de defender a indígenas explotados y relegados en sus derechos por una sociedad peruana racista. El destacado historiador y antropólogo Luis E. Valcárcel fue uno de sus integrantes y escribió textos notables para la época, como “Tempestad en los Andes”. Dora Mayer y Pedro Zulen trabajaron en la misma línea y denunciaron casos de explotación de indígenas. En el arte, el indigenismo se expresó a través de literatos, como Enrique López Albújar, y pintores como José Sabogal y Julia Codesido.
Pero los tiempos han cambiado y el indigenismo no pertenece a esta época en la que los indígenas manejan sus propias decisiones y expresan sus propias palabras. Si el señor Vásquez conociera siquiera un poco sobre el movimiento indígena no habría cometido la barbaridad de calificarme de indigenista ni menos de manipulador de la voluntad de los indígenas. ¡Cómo me hace recordar a las cosas (no eran argumento, eran simplemente “cosas”) que decía Alan García frente a los reclamos de los achuares del Corrientes afectados por la contaminación de la industria petrolera o las protestas de diversas organizaciones indígenas contra los decretos arbitrarios que destruían la legalidad que penosamente habían trabajado y conquistado para salvaguardar sus derechos! Para él, como ahora para el presidente regional, aquéllos que acompañamos a las organizaciones indígenas en la consecución de sus derechos somos presentados como manipuladores y aprovechadores porque, de manera racista, consideran que los indígenas no tienen capacidad para hacer valer sus posiciones.
Trabajo desde hace 41 años sobre temas indígenas, En mi segunda ubicación laboral, que fue SINAMOS, entre 1972 y 1977, impulsamos la ley de comunidades nativas que, con variantes, es la que continúa hoy como cuerpo principal nacional para el reconocimiento de sus derechos. Tuve el honor de desempeñar ese trabajo al lado de gente tan notable como mi colega Stefano Varese, hoy jubilado en una universidad de los Estados Unidos, pero aún activo en el acompañamiento a las organizaciones indígenas. También estuvieron el Ing. Benjamín Samanez Concha, director nacional de Reforma Agraria, el Dr. Guillermo Figallo, presidente del Tribunal Nacional Agrario, el Dr. Marc Dourojeanni, cabeza de la Dirección Nacional de Forestal y Fauna Silvestre, el Dr. Mario Vásquez, también colega, jefe de la Dirección Nacional de Organizaciones Campesinas y Nativas del SINAMOS, quien más tarde reemplazó al Ing. Samanez Concha en su cargo, y algunas otras personalidades.
No hicimos indigenismo protector, como los casos antes citados, a los que no critico porque correspondían a las posibilidades, concepciones y necesidades de una época, que no era la que nos tocó vivir. No hicimos indigenismo, digo, sino construimos derechos y lo hicimos consultando a las comunidades en sus congresos, las cuales en ese tiempo recién comenzaban su largo camino organizativo.
En lo que a mí respecta, dentro de SINAMOS me tocó, en compañía de un pequeño equipo que lideré en Lima y en coordinación con cientos de personas en todo el país, impulsar la política de llevar las declaraciones legales a la práctica. Las comunidades fueron adquiriendo personería jurídica y convirtiéndose en sujetos de derecho con lo cual pudieron reclamar la formalización de su propiedad ante el Ministerio de Agricultura, procesos que apoyamos pero no conducimos porque no era nuestra función. Sí impulsamos el funcionamiento de registros civiles en las comunidades, tarea que luego asumieron otras dependencias públicas y, en fin, hicimos más visible el tema indígena a través de artículos y libros.
En esa línea me he mantenido durante estas cuatro décadas, en diferentes espacios laborales. Es esta línea la que me ha merecido el respeto y reconocimiento de organizaciones indígenas, como AIDESEP y sus filiales regionales, quienes me han llamado a colaborar con ellas en diferentes ocasiones. En una oportunidad, incluso, he sido parte de su personal contratado, como cuando trabajé, entre 1989 y 1995, en la regional de AIDESEP de Iquitos, a pedido expreso de dos ex presidentes (Miqueas Mishari, fallecido hace poco, y Evaristo Nungkuag). Digo colaborar, no manipular, porque la dirección siempre les ha correspondido a los líderes indígenas. Este año, por ejemplo, dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización que congrega a AIDESEP junto con las organizaciones nacionales indígena de Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa, me quisieron contratar para que los apoye a organizar la “Primera Cumbre Regional Amazónica: Saberes Ancestrales, Pueblos y Vida Plena en Armonía con los Bosques”, a realizarse en Manaus (Brasil), entre el 15 al 18 de agosto, para tratar sobre temas sobre territorios indígenas, cambio climático, saberes ancestrales y REDD. Decliné la invitación por no sentirme seguro en la organización de un evento de esta magnitud y por los compromisos laborales (algunos ad-honorem) adquiridos con organizaciones indígenas e instituciones de cooperación.
De esto, sólo quiero destacar dos cosas. La primera es que si luego de 40 años las organizaciones me han seguido llamando es porque confían en mí, y lo hacen a pesar de que en varias ocasiones he tenido más de una discusión seria con algunas dirigencias por discrepar con sus estilos de conducción institucional. Y la otra es dejar en claro que a mí trabajo no me falta, por tanto lo que menciona el presidente Vásquez de que yo cuestiono el convenio entre GOREL y el ILD porque me deja sin trabajo no tiene ningún sustento.
Sobre el modelo de titulación, que imagina el presidente regional que yo considero “perfecto”, quiero decir que es el que está definido por la ley y por las prácticas políticas, que han impuesto incluso más limitantes que las legales. No voy a explicar esto ahora porque no es un curso, pero a esas limitaciones, tanto legales como políticas, me he referido ya varias veces y lo hecho por escrito y están firmadas en trabajos personales o en asociación con compañeros de ruta. Están expresadas también en diversos documentos (declaraciones, pronunciamientos y discursos) de las propias organizaciones y de sus líderes. En otras palabras, considero que el modelo es muy imperfecto en su concepción y aplicación, y que además es, más que imperfecta, malévola, racista y discriminadora la falta de protección real cotidiana del Estado frente a las agresiones que sufren los indígenas por diversos agentes que atropellan sus derechos, comenzando por el Estado mismo. Y en esto última, lamentablemente, está incurso el GOREL.
Me refiero ahora sólo a dos casos. Organizaciones indígenas de la zona reservada de Güeppí y el Estado, representado por INRENA, suscribieron, en 2006, después de un largo, y con frecuencia conflictivo, proceso de consulta, un acuerdo de categorización que incluía la declaración de un parque y de dos reservas comunales y la ampliación de territorios comunales. Ese mismo año, el gobierno nacional violó el acuerdo y entregó la zona a PETROBRAS. No sé si el presidente regional conoce esta situación, es decir, si ha escuchado hablar sobre ella, a pesar de que debería conocerla, pero lo que sí sé es que no ha hecho nada por salir al frente de una decisión de los más regionales de los regionalistas, es decir, quechuas, huitotos y secoyas, pueblos originarios que están en la zona desde antes de la declaración del país como Estado independiente. No basta con echar la culpa al centralismo, porque en Loreto se lo ha elegido a él para que defienda los intereses de quienes, por más que no lo refrieguen, son loretanos, y no para escuchar sus lamentos sobre el centralismo.
El otro caso es más grave y se refiere al pobre desempeño del GOREL en los acuerdos de Dorissa. En dicho acuerdo, la empresa Pluspetrol ha cumplido su parte, como lo ha hecho también la DIRESA. ¿Y el gobierno regional que se comprometía a invertir 11 millones de soles para financiar actividades de educación, salud y saneamiento, promoción económica y turística y construcción de infraestructura? Silencio. Al menos hasta el momento en que estuve siguiendo los acuerdos, que corresponde a la primera mitad del 2010, no había hecho nada, aunque el compromiso que asumió fue en 2006, cuatro años antes.
Por eso es absurdo que ahora el Sr. Yván Vásquez me acuse a mí de no haber hecho nada por el desarrollo, lo cual en realidad no es verdad, pero no quiero referirme ahora a este tema, sino tan sólo decir que yo no soy gobierno mientras que él, por el contrario, es presidente regional. Entonces la pregunta correcta es qué ha hecho su gobierno (en su anterior periodo y en lo que va de éste) para promover el desarrollo. Puedo decir que el GOREL no ha dado en el clavo (¿sabe que tendría que haber buscado este clavo?) para resolver algunos problemas urgentes de la región y para encarar otros cuyas soluciones demandan procesos en el mediano plazo.
Ya hablé de la consigna del presidente de “selva productiva” y me referí rápidamente a su propuesta de impulsar los cultivos de camu-camu y sacha inchi. Qué bueno sería que un grupo independiente, integrado por economistas, agrónomos y otros especialistas, pudiera evaluar estas iniciativas del gobierno regional y determinar con objetividad cuáles han sido sus resultados. Lanzo este reto para los profesionales de la región.
¿Y en otros campos? ¿Qué ha hecho o propuesto el GOREL para manejar los ecosistemas acuáticos de la región que constituyen su mayor riqueza? ¿Para el manejo de peces y de palmeras, como el aguaje, que se desarrollan en ambiente acuático y poseen un inmenso valor potencial? ¿Qué ha hecho para aprovechar la experiencia acumulada por diversas ONG respecto al manejo del aguaje y para diseñar políticas regionales? ¿Qué ha hecho para controlar actividades ilegales como la operación de dragas en los ríos de la región? Últimamente escuché que existen más de 30 en el Putumayo (vi cerca de una decena el año pasado en el tramo que va de El Estrecho al Yubineto), aunque no es el único río donde operan, ya que también están en el Tigre, Marañón y Napo. ¿Qué ha hecho para dictar normas que apunten a la mejora del transporte fluvial, tan vital en una región como Loreto? No sólo en términos de puertos, que pueden ser costosos (aunque no creo que esto alcance las sumas tan absurdas de lo que se está gastando en estudios para un proyecto faraónico e irrealizable, como el tren a Yurimaguas), sino especialmente en cuanto a normas para que los servicios se desarrollen bajo medidas de seguridad que eviten los frecuentes accidentes que causan la muerte de cientos de pasajeros. ¿Es tan difícil exigir a Capitanía el cumplimiento honesto y eficiente de normas de control? ¿Es tan complicado instalar un sistema de revisión técnica que permita saber si las naves están en condiciones de brindar servicio, deben entrar en reparación o, finalmente, deben ser retiradas? ¿Qué ha hecho el GOREL parea diseñar políticas concertadas con la sociedad civil para mejorar la calidad de la educación y de la salud?
Quiero terminar estos ya largos comentarios y para esto regreso nuevamente al tema de De Soto y sus propuestas de titulación. Una primera pregunta es evidente: ¿cuál es la experiencia de él como persona o del ILD como institución en el campo de las comunidades amazónicas, nativas o campesinas, y, específicamente, en el de la titulación? La respuesta es sencillísima: ninguna.
Siguiendo el listado de los planteamientos del ILD que nos trasmite el presidente regional, las siguientes preguntas son ¿cómo entonces pretende “mejorar la gestión y promover el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales”, “proveer herramientas a los pueblos indígenas para que se defiendan de lo malo de la globalización y se beneficien de lo bueno” (esto tiene sonoridades de catecismo), “promover un desarrollo inclusivo de los pueblos indígenas, con respeto a su identidad, cultura y organización tradicionales”, “fortalecer los mecanismos de consulta y las capacidades de negociación de las comunidades para que establezcan alianzas provechosas con empresas privadas, si así lo determinan libre e informadamente las propias comunidades” y “promover la independencia económica de los pueblos indígenas, mediante la creación de oportunidades para que ellos mismos desarrollen sus propias empresas?”.
Dice el presidente Yván Vásquez que el ILD le asegura que no va a parcelar a las comunidades. Aceptando que esto sea verdad, considero que hay varias formas de propiciar la disolución de las comunidades y la concentración de sus tierras en manos privadas. Y para esto me voy a referir a la ley de tierras dada por el dictador Fujimori y ejecutada por COFROPRI la creación de De Soto.
En 1995, el gobierno de Fujimori aprobó la ley Nº 26505, “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, comúnmente conocida como “la ley de tierras”. Esta ley fue implementada por COFOPRI, creación de Hernando De Soto. Allí se prevé darle un carácter empresarial a las comunidades, favoreciendo el cambio de su personería jurídica. Así de un modelo asociativo basado en las características sociales y económicas de las comunidades, ellas adoptarán otro de naturaleza empresarial (ver Arts. 8º-10º). Producido el cambio sus miembros se convierten en "socios" de la empresa.
Con el cambio, se busca debilitar su organización social e individualizar la participación de sus integrantes en la ahora empresa. En este momento la ley faculta a modificar el régimen de tenencia de tierras, para lo cual dispone que los socios podrán "...disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva [contando con el] acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad" (Art. 11º).
En imposible conocer a ciencia cierta las intenciones de las personas, a menos que ellas las hagan explícitas. Por tanto, para no entrar en el terreno de las especulaciones lo que puedo decir es que basándose en esta ley, se ha producido la parcelación de numerosas comunidades de las zonas más atractiva para los empresarios, como las de Piura, cuyas tierras están ahora en manos del grupo Romero. A él le debemos el reciente incremento de un sol en el precio de la gasolina, que servirá para pagarle el etanol que está produciendo en tierras que deberían estar dedicadas al cultivos de alimentos.
En un país marcado por las terribles asimetrías sociales y económicas como el Perú sostener que todos los ciudadanos participan en el mercado en condiciones de igualdad es, por lo menos, muestra de ignorancia, aunque casi siempre es expresión de una gran mentira montada para engañar a los más pobres y extraerles hasta la última gota de sudor.
Finalmente, la demanda al GOREL continúa siendo la misma que ya expresé en mi comentario anterior: que el plan de titulación que quiere llevar a la práctica en convenio con el ILD debe ser expuesto a la ciudadanía en general pero sobre todo a las organizaciones indígenas, las cuales deben ser consultadas de acuerdo a las condiciones que establece el Convenio 169. No obstante, ya el GOREL violó una de ellas, como es el carácter previo de la consulta a la decisión que ya ha adoptado al suscribir el documento.
Agradecemos al antropólogo y especialista en temas amazónicos Alberto Chirif por compartir sus reflexiones con nuestros lectores
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