Hay una disputa mundial por el acceso y control de la tierra. Una investigación en curso del Land Matrix Partnership indica que desde el 2001 en los países en desarrollo se han vendido o arrendado hasta 227 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Europa noroccidental (Oxfam, 2011). Por lo general, la transferencia de derechos sobre la tierra se viene dando de sectores rurales vulnerables a inversionistas nacionales o transnacionales. Algunos gobiernos han tomado conciencia de las consecuencias negativas de ese proceso para su propio desarrollo y el combate contra la desigualdad. En el Perú todavía no hay indicios de que exista tal preocupación. Todo lo contrario: la cartera actual de proyectos de inversión en el sector rural, principalmente en materia de irrigación, inclinará aun más la balanza a favor de quienes más poder tienen.
Las disputas actuales por el acceso y control de la tierra son cada vez más intensas y desiguales y tienen por lo general connotaciones económicas y territoriales: quien domina el espacio rural puede extender su control más allá de la esfera estrictamente productiva y situar su influencia en la esfera del poder político-administrativo, principalmente en la toma de decisiones.
Entre las razones que explican ese interés por ejercer un control político-administrativo sobre el espacio rural se encuentran el incremento de la demanda de recursos renovables (secuestro de carbono, por ejemplo) y no renovables (mineros y energéticos especialmente), así como las perspectivas de una demanda incesante de alimentos y de ingresos por el negocio, generalmente protegido, de los agrocombustibles.
Las consecuencias que para el Perú y otros países en vías de desarrollo viene produciendo el control de sus territorios por parte de empresas transnacionales, inversionistas nacionales o capitales mixtos, son diversas. Por mencionar solo algunas:
- Margina o somete a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar y a las comunidades originarias.
- Crea empleos de baja calidad y con efectos aun más negativos para la mujer asalariada.
- Produce para el mercado externo y excluye al interno.
- Promueve monocultivos, con lo que afecta la biodiversidad.
- Debilita la institucionalidad democrática de los países.
- Desplaza a poblaciones asentadas en zonas de influencia de proyectos de inversión.
En suma, viene teniendo un desenlace excluyente, inequitativo e insostenible en el espacio rural.
¿Cuál es el papel del gobierno en este proceso? La “seguridad jurídica” que demandan los grupos de poder para invertir en el espacio rural, independientemente de su nacionalidad, ha hecho que el despojo como paradigma de violación de los derechos sobre la tierra ceda su lugar a reglas y procedimientos institucionalizados y formalmente establecidos por la legislación de cada país. El papel de nuestros últimos gobiernos ha sido de franco apoyo a los grupos de poder, pues a partir de la aprobación de la Constitución de 1993 han ido flexibilizado las normas de protección y fomento de los intereses de sectores vulnerables, y las pocas reglas de protección o salvaguarda de sus derechos que todavía existen contemplan procedimientos inadecuados, sesgados, tergiversados, tan solo parcialmente cumplidos o simplemente ignorados.
Para que no sea tan evidente la inclinación de nuestros últimos gobiernos por promover los intereses de las élites económicas dominantes, como contrapartida, éstos se han venido ocupando de elevar el nivel de ingresos de grupos vulnerables específicos a través de programas focalizados. Es preciso indicar que esta aproximación no mejorará las condiciones de vida del poblador rural, porque no aborda las causas de su vulnerabilidad, las más de las veces relacionadas con su identidad cultural, su capacidad de organización o su capacidad para ejercer influencia política. Por eso, para hablar de inclusión en el espacio rural es necesario un cambio de rumbo, una transformación de las relaciones de poder existentes, a todo nivel.
En mi opinión, dos clases de medidas harían que el discurso de inclusión del nuevo Gobierno pueda ir materializándose en acciones concretas:
1) Medidas para abordar la inclusión del poblador rural: Es fundamental que el Gobierno deje de concentrarse en políticas asistencialistas y focalizadas, y que, con el apoyo del Congreso de la República, impulse más bien políticas universales. Hablamos de que el poblador rural cuente con derechos y que éstos sean eficaces, y no únicamente de que tenga dinero en el bolsillo. La agenda mínima de nuevos derechos para el poblador o las comunidades rurales debe contemplar:
a) El derecho al desarrollo integral de las comunidades rurales.
b) El derecho a la promoción y protección del cooperativismo y otras asociaciones agrarias.
c) El derecho a la promoción de las empresas de pequeños agricultores y comunales.
d) El derecho a la educación y capacitación técnica del poblador rural.
e) El derecho a la seguridad alimentaria.
f) El derecho a la consolidación y protección de la pequeña y mediana propiedad rural.
g) El derecho a participar en el establecimiento y ejecución de la política de desarrollo rural, a través de las entidades representativas del campo.
h) El derecho a la preservación de la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
2) Medidas para desincentivar la paulatina pérdida de control territorial sobre el espacio rural. En este rubro, el Gobierno dispone, al menos, de tres herramientas:
a) Impuesto a la acumulación de la propiedad rural: En el Perú, quienes acaparan la propiedad de la tierra no tienen mayores responsabilidades tributarias. Es importante que asuman esa responsabilidad en vista del incremento incesante del valor de la tierra y porque, por su propia naturaleza, es un bien escaso, irreproducible y que “capitaliza” la realización de obras de infraestructura y la calidad institucional de un país. Para alcanzar el objetivo del impuesto, el actual Gobierno tiene únicamente que aprobar un decreto legislativo, conforme lo señala el artículo 13.° de la Ley de Tierras (26505), vigente desde 1995. Hay por cierto un impuesto de ese tipo vigente en el Ecuador, y el Gobierno de Uruguay acaba de plantear su adopción al Parlamento.
b) Límite máximo para la propiedad rural: En el Perú, los grupos de poder económico pueden adquirir la cantidad de tierra que deseen. Todo ello está ocurriendo a vista y paciencia del Estado, y, en muchos casos, con apoyo decidido de éste. Esa situación contradice abiertamente el artículo 88.° de la Constitución Política, que indica que “la ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona”. Actualmente Colombia cuenta con un régimen de límites máximos de la propiedad rural, variable en función de la dimensión del valle.
c) Priorizar la seguridad alimentaria del país: El subsector agroexportador del Perú recibe del Estado una atención privilegiada, no solo a través de herramientas (TLC) que faciliten la colocación de sus productos, sino también con la entrega de las tierras que se ganen gracias a los megaproyectos de irrigación (Olmos, etcétera). El problema de esta actitud del Estado es que no advierte que quien alimenta a la población peruana es la pequeña agricultura y la agricultura familiar. No hay hasta ahora un TLC “para adentro” que permita la mejora de las condiciones de vida del pequeño agricultor y, a la vez, garantice a los peruanos, en todo momento, el acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan nuestras necesidades energéticas diarias.
La necesidad y conveniencia de que puedan aprobarse, al menos, estas tres medidas, se ven con mayor claridad en el sector azucarero peruano. Hay actualmente una disputa entre tres grupos económicos —Gloria, Oviedo y Wong— por acaparar la producción y la comercialización del azúcar y, paulatinamente, hacer lo mismo con el gasohol. No existe, en este momento, ningún obstáculo o desincentivo que impida que logren tal objetivo.
Por ahora Gloria controla 5 complejos azucareros: Casa Grande, Cartavio, San Jacinto, Sintuco y Chiquitoy, un aproximado de 60 mil hectáreas; Oviedo maneja los complejos de Tumán y Pomalca, por un total de 22 mil hectáreas; y Wong, entre Paramonga y Andahuasi, controla poco más de 17 mil hectáreas. Aunque una gran brecha separa la situación de estos 3 grupos y la del pequeño agricultor, ambos pagan los mismos tributos, con la particularidad de que el segundo, por política del Estado, no puede acceder a más tierra y la poca que hoy tiene alimenta a su familia y toda la población del Perú.
La inclusión llegará al espacio rural cuando las personas puedan reclamar jurídicamente que los titulares de deberes, en especial el Estado, cumplan con proporcionarles oportunidades de desarrollo integral, y una vez que se les garantice un espacio reservado en el que las élites económicas o los grupos de poder no monopolicen los procesos, las políticas y los programas de desarrollo. Los derechos fundamentales, el desarrollo y la inclusión están tan íntimamente ligados que ninguno de ellos puede enfrentarse con eficacia por separado.
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