Jorge Bruce
Lo que el caso Chehade y sus ramificaciones han expuesto a la luz pública no es nuevo. Pero es útil para recordarnos que la corrupción posee una plasticidad ilimitada, que se desliza de un gobierno a otro. Quienes garantizan esa mutabilidad son un conjunto de “expertos”, cuya especialidad consiste precisamente en conocer los pasadizos secretos, los puntos sensibles, las personas indicadas para que la corrupción continúe medrando en silencio y penumbra. De vez en cuando una investigación seria y acuciosa como las de IDL Reporteros se interpone en ese aceitado recorrido. Si bien todos sabemos que eso no va a impedir que las redes continúen funcionando, por lo menos se habrá avanzado al poner en evidencia los manejos de esos seres de la sombra.
En ese sentido, ha pasado relativamente desapercibida otra noticia. El proyecto de la Corte Suprema pidiendo facultades extraordinarias al Congreso, a fin de poder intervenir a las Cortes Superiores, “ante situaciones de carácter excepcional”. César San Martín, el presidente del PJ, ha solicitado estas facultades en el entendido de que es la única manera de enfrentar situaciones de corrupción generalizada en una corte. Léase bien: no un juez corrupto, como siempre hay en todas partes. Toda la corte está podrida en casos como ese.
Es evidente que si el presidente del PJ pide ese tipo de medidas extremas es porque la situación lo amerita. Si hay operadores es porque hay receptores. El problema radica precisamente en que hay abogados y jueces especializados en corrupción. No en lucha contra la corrupción: en desarrollar la corrupción. En fomentarla. En extenderla más y más. ¿Quién mejor que ellos que se han preparado durante años para dedicarse a tan lucrativa actividad? Alguna vez un magistrado experimentado me dijo que el problema no era tanto de valores, como suele decirse con ingenuidad bienintencionada. De lo que se trata es de hacerles la tarea cada vez más difícil. Que quienes conocen al dedillo el funcionamiento de la ley en nuestro país no puedan aprovecharla en beneficio propio, o de sus representados, perjudicando a otros. El viejo adagio no ha perdido su significado: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
Si bien el pedido del juez San Martín constituye un tácito reconocimiento de la gravedad de la situación, peor sería seguir haciendo de la vista gorda por un mal entendido espíritu de cuerpo. Así como hay jueces corruptos, hay abogados corruptos y, por supuesto, políticos corruptos. También, como lo estamos viendo, negociantes que entran en el juego de la corrupción –en realidad dan el play de honor– con su poder económico avasallador. Si esos operadores proliferan y se camuflan de un régimen a otro, es porque, como me lo señalaba el citado magistrado, el sistema lo permite y hasta favorece.
No se necesita ser un conocedor de los vericuetos legales de nuestro hiperlegislado país para darse cuenta de que las propuestas de la cabeza del PJ van en la dirección indicada. Mientras menos cómodos se sientan los operadores de la corrupción, menos sentiremos los demás peruanos que estamos a merced de un conjunto de fascinerosos que usan la ley como un afilado embudo.
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