13 de agosto de 2012

Acta de sujeción episcopal

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Jorge Bruce
 
El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana, acerca del conflicto entre la PUCP y el Arzobispado de Lima, recuerda lo mucho que nos falta avanzar en las relaciones entre la Iglesia Católica, el Estado peruano y la sociedad civil. En dicho texto los obispos aluden a la referida universidad como la ex PUCP.

Según los prelados, la PUCP ha perdido su nombre, su identidad. ¿Por qué? Porque lo dice el Papa, a través del cardenal Bertone, dándole la razón al cardenal Cipriani, quien pretende apoderarse de uno de los centros intelectuales más valiosos de Latinoamérica.

Todo esto no pasaría de ser una anécdota más del oscurantismo que caracteriza a buena parte de la jerarquía eclesiástica, de no ser porque, en el Perú, la influencia de la Iglesia Católica, lejos de limitarse al ámbito de sus fieles, incide en las políticas públicas y, es de temer, en la administración de justicia. Para comprobarlo ahí está el atraso en asuntos tan dramáticos como el aborto, la píldora del día siguiente o los propios anticonceptivos. En todos estos asuntos prevalecen puntos de vista retrógrados que condenan a muerte a miles de mujeres cada año.

Si bien la Iglesia no aumenta su poder en términos de número de fieles practicantes (más bien lo pierde), mantiene esta capacidad de interferencia en asuntos que no son de su incumbencia, tales como las leyes que rigen la vida universitaria del país. Si la Asamblea Nacional de Rectores ya dictaminó que la PUCP tiene todo el derecho a mantener su nombre y seguir otorgando títulos a nombre de la nación, ¿a santo de qué los obispos vienen a defender la intromisión de un Estado extranjero como el Vaticano?

En Psicología de las masas y análisis del yo, Freud demuestra cómo dos masas paradigmáticas, la Iglesia y el Ejército, corren el riesgo de desintegrarse si se pierden los vínculos libidinales de los miembros con el jefe, o de los miembros entre sí. De modo que, como en toda organización jerárquica y autoritaria, resulta indispensable preservar esos lazos, pues el peligro de la fragmentación acecha. Recuérdese lo que sucedió con Sendero Luminoso: una vez capturado Abimael Guzmán, el grupo terrorista se deshizo (lo cual no significa que sus intentos de resucitar deban ser tomados a la ligera, pero es claro que nunca volverán a tener la misma presencia sin un líder endiosado).

Por eso los obispos reclaman su vela en un entierro al que no han sido invitados: en realidad se ven obligados a hacerlo, firmando un documento que recuerda en su espíritu al acta de sujeción con la que Montesinos sometió a los altos oficiales de la época. Manifiestan, por ejemplo, “nuestra total fidelidad y adhesión al santo padre”. Lo cual está muy bien, siempre que no se entrometan en las decisiones soberanas de otro Estado. Asimismo, respaldan al cardenal Cipriani, “ante las infundadas acusaciones y agravios que ha recibido”. Como si él no hiciera lo propio, cada domingo después de la misa.

Muchos de ellos deben tener opiniones matizadas sobre el conflicto y el uso político del púlpito de la catedral, pero la grave crisis que afecta a su Iglesia los fuerza a cerrar filas. Es su derecho. Lo que no les corresponde es inmiscuirse en asuntos terrenales, a menos que se les invite, como en Cajamarca. E incluso ahí es cuestionable que recurramos a los oficios de dos sacerdotes, sumamente respetables, para resolver nuestras diferencias. En la PUCP me enseñaron a pensar por mi cuenta, no bajo tutela.


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