Marco Sifuentes
Esta semana ni la venta de Repsol ni la candidatura de Nadine han desatado más controversia en las redes que el Concytec. El lunes se supo que la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Gisella Orjeda, había enviado un correo electrónico a los trabajadores de esa institución prohibiendo las imágenes religiosas en sus oficinas.
En otros países ese mail no sería una saludable anomalía de espíritu republicano sino, más bien, una obligación legal. Pero aquí, en nuestro rinconcito ombliguista del planeta, se volvió un escándalo.
El primer argumento era que se trata de un atentado contra la libertad de religión y que cada persona tiene derecho a expresar sus creencias. Y este es un argumento irrebatible. El problema es que es un argumento para otra discusión. Aquí no se está cuestionando las creencias individuales. Nadie, al menos eso entendemos, va a requisar las estampitas y rosarios de los funcionarios de Concytec. Por lo que se ha publicado, la disposición de esta entidad del Estado peruano, se refiere a las imágenes religiosas en espacios públicos.
Es francamente desalentador que esto tenga que explicarse a estas alturas del siglo XXI pero el espacio físico del Estado peruano, que integramos ciudadanos de distintas creencias (o sin ellas) no debería exhibir símbolos de un credo particular. Es súper sencillo.
Lo mismo va para quienes propusieron el confundido contraejemplo: “los mismos que apoyan a Orjeda son los que protestaron contra la prohibición de minifaldas en la ONPE”. La minifalda cae, nuevamente, dentro del ámbito privado del cuerpo de la mujer y de su derecho a hacer lo que le dé la gana con él sin que eso sirva de justificación para acosos o violencia. Lo de Orjeda, se entiende, no se refiere al escritorio particular del funcionario. Allí pueden quedarse la figurita de San Isidoro, patrono de Internet, o el muñequito de Yoda o las fotos de Super Junior. También pueden seguir leyéndo horóscopos. Lo que se discute aquí es el espacio común de una oficina pública de un Estado laico.
Orjeda señala que “visitantes extranjeros de diverso origen me han hecho sorprendidas reflexiones” sobre las imágenes religiosas en una entidad del Estado. No es difícil de imaginar. En otras latitudes las cosas están mucho más claras. La jurisprudencia norteamericana se basa en The Wall of Separation (el muro de separación entre Iglesia y Estado), viejo concepto de Thomas Jefferson. En Francia, los símbolos religiosos en entidades públicas están explícitamente prohibidos por una ley de 1905.
La carta de Orjeda sostiene su posición alegando que, al tratarse de una entidad científica, “debemos impulsar el pensamiento crítico basado en la evidencia”, algo con lo que no podría estar más de acuerdo.
Lamentablemente, es más una frase para Sheldon Cooper que para una funcionaria. Todavía no estamos en posición de entrar al apasionante debate ciencia vs religión. Eso tendrá que venir después. Primero lo primero. Primero seamos didácticos. Primero expliquemos que el respeto a la laicidad del Estado es una reafirmación de la igualdad de todos sus ciudadanos, sin discriminación alguna. Algo que nos permitirá distinguir entre las convicciones de un grupo y las normas de una nación. Algo que nos permitirá tener una mentalidad, aunque sea, del siglo XIX. Eso ya sería un avance.
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