Francesca Emanuele
La información que ha destapado el exagente de la CIA, Snowden, no solo ha servido para dar a conocer al mundo las estrategias ilegales, de secretismo y espionaje que ha llevado a cabo Estados Unidos impunemente, sino que devela además una serie de rasgos de los sistemas políticos institucionales y el poderío de las grandes compañías privadas.
Hoy conocemos que EE.UU. estuvo espiando a los ciudadanos, instituciones y gobiernos de sus países aliados europeos, los mismos que siguieron servilmente las órdenes de cerrar su espacio aéreo al presidente boliviano, infringiendo leyes internacionales y mostrando al mundo entero una conciencia colonizadora que nunca muere.
Hace un año, el Parlamento europeo decidió poner un sistema de telefonía e Internet en manos de la empresa norteamericana Cisco, compañía implicada en los programas de espionaje, según reveló The Guardian. Mientras la semana pasada el Parlamento europeo continuaba operando con esa firma, la mayoría de sus miembros votaron a favor de que la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara investigara los casos de espionaje en instituciones europeas y estados miembros, con el fin de presentar un informe a finales de año. A pesar de la aparente indignación de las autoridades europeas, las negociaciones del TLC con EE.UU. no han cesado, habiéndose iniciado oficialmente –con bombo y platillo– este lunes en Washington. Un fehaciente ejemplo del doble rasero que podemos encontrar en los políticos de turno de los países desarrollados.
La reunión de Unasur convocada una semana atrás –con el propósito de denunciar el secuestro virtual al presidente Evo Morales– no contó con la presencia del jefe de Estado, Ollanta Humala. Hay quienes han señalado que no es casualidad que presidentes de países alineados con el “eje del bien” –como Colombia y Chile– tampoco hayan asistido.
¿La ausencia humalista habrá querido decir algo? Es probable que sí. Sin embargo, Perú recondujo su postura al apoyar, junto a casi todos los miembros de la OEA (con oposición de EE.UU. y Canadá) la condena al atentado sufrido por Evo Morales. Aún así, el presidente Humala ha sido tímido al exigir explicaciones a EE.UU., cuando esta semana se conocía que Perú ha formado parte del servicio de vigilancia que gratuitamente ejerce EE.UU. Mandatarios de Estado como el de México, Colombia, Ecuador y Brasil han sido mucho más enérgicos al increpar al país de Britney Spears, lo que da cuenta de que –con Humala o sin él– el sur del continente atraviesa una nueva etapa de destrucción de cadenas.
Lo que merece nuestra atención es que este proclive empoderamiento presenta grados según territorio; y el nuestro no es precisamente el que tiene la voluntad más liberadora.
El mandatario peruano ha criticado la intromisión en la privacidad individual por parte de EE.UU., cuando parece no haberse enterado que la vigilancia a Perú responde principalmente a temas económicos, de control, inversión, explotación, sujeción de la soberanía; y no al tema manido de “seguridad”.
Es poco probable que EE.UU. utilice la información recabada para orquestar en Perú golpes similares al de Paraguay, Honduras y Venezuela. Sin embargo, a la vista está que la información obtenida sirve para afincar fácilmente compañías norteamericanas expoliadoras de los recursos y reproductoras de desigualdades sociales.
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