Nelson Manrique Gálvez
Lo más destacable del discurso presidencial de Fiestas Patrias ha sido su concisión, pues no era necesario hablar demasiado para anunciar que se va a continuar en piloto automático.
El pequeño detalle que no ha entrado en el manifiesto a la Nación es qué está sucediendo en el país y qué demandan los peruanos, más allá del pequeño grupo de inversionistas al que ha estado dirigido el mensaje. Percibirlo habría representado escuchar qué dice esa caída de 20 puntos en tres meses en la aprobación presidencial y las grandes manifestaciones callejeras que han incorporado a la vida política a una nueva generación de jóvenes con ganas de luchar por el país en el que quieren vivir y a los que se ha respondido con apaleamientos y gases lacrimógenos, al mismo tiempo que el presidente discurseaba sobre el derecho constitucional de los peruanos a manifestarse pacíficamente.
Aparte del imprescindible listado de obras, lo medular del discurso presidencial ha sido ratificar que las vigas maestras del próximo periodo seguirán siendo las dictadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Era lo esperable, luego de cambios ministeriales que fueron pensados para fortalecer el poder del ministro Castilla y para profundizar la lógica del modelo que él encarna. Se prepara el escenario para el “shock de confianza” que reclama el gran capital, incluyendo la depredación el patrimonio arqueológico nacional que se ponga en el camino de la voracidad extractivista de quienes cortan el jamón en el país.
Mucho de lo dicho en el discurso es copia de lo dicho un año atrás, y probablemente volverá a repetirse en el discurso del próximo año. Frente a la corrupción, tema nacional fundamental, se vuelve a prometer demandar la imprescriptibilidad del delito y se añade la “muerte civil” del delincuente, pero no se acompaña el anuncio con una iniciativa legislativa que lo concrete. Se anuncia la iniciativa, además, sabiendo que morirá de indiferencia en el Parlamento; salvo que se crea que apristas, fujimoristas y peruposibilistas van a otorgar su voto a una ley que tiene como objetivo explícito la sanción de sus principales dirigentes. Todo en medio de un escenario cada vez más difícil, y no solo por la crisis económica internacional que empieza a dejarse sentir, sino también por cómo pinta el escenario interno.
En el Congreso –que luego de la repartija llegó a 10 puntos de respaldo, lo que quiere decir que nueve de cada 10 peruanos no se sienten representados por sus “representantes”– las condiciones para construir consensos se complican por la dispersión a la que se ha llegado.
Hoy existen ocho bancadas parlamentarias, de las cuales solo tienen un peso significativo el nacionalismo, con 43 congresistas, y el fujimorismo, con 36. Las seis bancadas restantes tienen entre 6 y 10 integrantes y pueden anularse entre sí. De los 21 parlamentarios que tenía Perú Posible ahora quedan 10, con los que empata con Frente Amplio-Acción Popular: un desastre para el nacionalismo, que tenía como socio principal a PP para asegurar una mayoría en el Parlamento.
Perú Posible está profundamente desprestigiado por los escándalos inmobiliarios de Alejandro Toledo, de quien, parafraseando a Groucho Marx, se podría decir: “¡Esta es mi verdad! Y si no le gusta… tengo otras”. Para el nacionalismo la obligación de “blindar” a Toledo, para asegurar su respaldo, va a sentirse crecientemente onerosa, primero, por el costo político que esto supone en un momento en que la reacción juvenil en las calles convierte a la corrupción en un tema especialmente sensible. Y segundo porque lo que el peruposibilismo puede ofrecer como contrapartida va a ser cada vez más irrelevante.
La posibilidad, que acarició el gobierno este año, de una candidatura presidencial de Nadine Heredia, combinando una presencia mediática que llegó a la sobreexposición, la realización de los rituales típicos de un candidato (inaugurar obras, besar niños, repartir aguinaldos), junto con una estudiada ambigüedad cuando se demandaban definiciones, terminó pasándole la factura al gobierno, no solo a través de la caída de la popularidad de la pareja presidencial sino alimentando la imagen de un liderazgo presidencial débil. El saldo final ha sido la erosión del respaldo popular que el presidente tenía un año atrás.
Escenario complicado para iniciar un tercer año de gobierno, cuando los canales formales de representación aparecen cerrados y se anuncian calles calientes.
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