Rocío Silva Santisteban
En las últimas semanas, a propósito de los miedos en torno al mito de la caída del precio de los metales y pasando piola, el Poder Ejecutivo junto con el Legislativo han producido una serie de leyes y ajustes que profundizan mucho más el modelo neoliberal extractivista. Se trata de una maquinaria de aceleración de aprobación de proyectos, flexibilización de normas laborales y facilitación de excepciones de intangibilidad de restos arqueológicos (CIRAs), de tal suerte que, tanto espacios ecodiversos, monumentos arqueológicos como trabajadores estatales y privados pueden verse seriamente afectados. Por eso, una serie de organizaciones y movimientos sociales, así como partidos políticos, están llamando a una Jornada de Lucha este 4 de julio en el que, lamentablemente, también se recuerda un año de la muerte de 5 personas por las balas Galil del Ejército en el marco de las luchas contra el Proyecto Minero Conga.
No se trata, obviamente, de una simple casualidad: la criminalización de la protesta es la estrategia colateral para que el neoliberalismo extractivista garantice la mayor concentración de riqueza en manos de unos pocos y continúe dando ingresos a las arcas estatales en el corto plazo sin tener en consideración lo que sucederá en esas lagunas y bofedales destruidos y en esos ríos que serán contaminados. Esto no significa que la jornada de lucha del 4 de julio sea de los “antimineros” como tan fácilmente califican algunos periodistas malinformados —¿quién se acuerda ahora de que Ollanta Humala es presidente del calificativo “anti-sistema” de hace pocos años?— sino de los que sentimos indignación ante la sensación de que el Perú crece solo para algunos, pero no se amplían los derechos para todos.
¿Qué queremos? Una Ley General de Trabajo que permita trabajos dignos, con plenos derechos, que se deroguen las leyes de “regímenes de excepción” que tienen casi 50 años “excepcionales” recortando derechos a trabajadores textiles. Una Ley de Consulta Previa sin recortes ni reacomodos que han surgido en el camino de su implementación y un reconocimiento real de las comunidades indígenas, tanto de la sierra como de la Amazonía, haciendo transparente la base de datos, así como un proceso claro y decidido de zonificación territorial que evite la depredación de nuestros ecosistemas. Una Ley de Vivienda Popular que permita que este boom inmobiliario pueda ser disfrutado por los sectores menos favorecidos con préstamos y subsidios para los más pobres. Que no se anule la educación sexual en la escuela, que se promulgue el protocolo del aborto terapéutico y se despenalice el aborto en casos de violación sexual, queremos el reconocimiento de los derechos sexuales de los más vulnerables y el respeto a la diversidad de orientación sexual sin discriminación de ningún tipo. Una Ley Universitaria que NO vea a la universidad como un simple “servicio a la productividad del país” sino como el espacio en el que se debe de crear pensamiento crítico y propuestas tecnológicas alternativas, así como un monitoreo educativo para propiciar procesos cognitivos y de abstracción en nuestros escolares.
Nos indignamos porque creemos en la urgencia de un cambio del modelo productivo neoliberal hacia un modelo económico solidario, socialmente justo, ecológicamente sostenible basado en nuestra mega-biodiversidad que fortalezca la democracia, el respeto a los derechos humanos y el acceso pleno a la educación, vivienda y salud. Por eso, como los indignados en muchas partes del mundo, este 4 de julio, que es la Jornada Nacional de Lucha, debemos salir a las calles.
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