Nicolás Lynch Gamero
Lo ocurrido con la repartija en el Congreso el miércoles 17 de julio no hace sino reiterar la crisis de nuestra precaria democracia. Este régimen no soporta la movilización popular y debe reprimirla; tampoco el ejercicio de la libertad personal y quiere apropiarse de nuestros cuerpos. Hoy asalta las instituciones que supuestamente deben defender nuestros derechos para ponerlas al servicio de intereses particulares.
La respuesta a esta situación tiene que ser de fondo, que cambie la estructura del poder político en el Perú. Este cambio debe tener dos momentos: una reforma política inmediata que la sociedad organizada le exija al Congreso y una Nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente, que se elija el 2014, junto con los gobiernos locales y regionales, y que nos brinde por primera vez en 20 años un acuerdo de convivencia política del cual el país carece.
La reforma política inmediata debe incluir: la eliminación de las firmas y el reemplazo por comités para el reconocimiento de los partidos, la obligación a las agrupaciones políticas de primarias abiertas para la elección a candidatos, la garantía del financiamiento efectivo a los partidos inscritos, el uso gratuito de los medios del Estado en todo momento y de los medios privados en época electoral, la eliminación del voto preferencial, la renovación por mitades del Congreso y la restitución del Senado como cámara de las regiones.
Sin embargo, lo fundamental es una Nueva Constitución. La posibilidad de llegar a ella ya no estriba en ningún Congreso, ni en este ni en el siguiente; los Congresos se han mostrado incapaces para ello. Tiene que ser una Asamblea Constituyente. La Constitución de 1993 está viciada de origen y es nula de pleno derecho. Hay que regresar al último acuerdo de paz entre los peruanos que es la Constitución de 1979 y proceder a su reforma. Los puntos a cambiar también son claros: el capítulo económico para ir del sectarismo neoliberal a la pluralidad democrática, el control efectivo de un Congreso bicameral al Poder Ejecutivo, el regreso de los derechos y las instituciones sociales eliminadas, el rediseño de la descentralización política que nos lleve a macrorregiones sustentables y la inclusión de los derechos culturales que reconozcan las prerrogativas de los pueblos originarios.
En esta perspectiva la coyuntura inmediata es un camino cuesta arriba porque la clase política actual se basa en esta estructura que los protege. La lucha por la reforma política debe ser dada entonces desde abajo, por la sociedad civil y el movimiento popular, teniendo como objetivo cambiar, de cara al 2016, la naturaleza de la representación política en el Perú. Es una lucha desigual y difícil pero es preciso darla para completar la faena que empezamos con la caída de Fujimori y la transición democrática del 2000.
* Nicolás Lynch Gamero (Lima, 1954)Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo la licenciatura en sociología; luego de ello obtuvo el título de magíster en Ciencias Sociales en México y el Ph.D. en sociología en el New School for Social Research de New York, EEUU.
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