Rocío Silva Santisteban
No se puede pensar en el conflicto armado como algo solo del pasado. Hoy, en Lima o en Espinar o en Abancay, la discriminación que es el principal factor de la violencia estructural y política, continúa. Lamentablemente incluso continúa con las personas afectadas por ese conflicto. Desde el año 2006 a la fecha el Estado peruano ha gastado 198 millones de soles en reparaciones colectivas, en salud, en educación, en salud mental, sin embargo, esta cifra solo llega en el caso de las reparaciones individuales al 37% de los afectados. A marzo de 2013 unas 3587 personas habían fallecido sin recibir reparación, por ejemplo, muchas de las mamas de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos que vienen luchando treinta años contra la impunidad. Escribo estas lineas desde Ayacucho, precisamente, en un seminario-homenaje a las “mamas de ANFASEP”.
Otra gran deuda son los desaparecidos: el Estado ha hecho aún muy poco sobre políticas coherentes en relación a este tema. Hay diferentes cifras (las del Ministerio Público, las del EPAF, entre otras) todas coinciden en que son más de 15 mil personas cuyos cuerpos aún no se encuentran en ningún lugar. Se han exhumado mas de dos mil cuerpos y se han entregado a las familias alrededor de 1300, muchas veces en osarios, otros tantos incluso en cajas de leche. El año pasado se destinó dinero para los reactivos, pues a pesar de la disposición, el Servicio de Medicina Legal no podía hacer las pruebas por falta de insumos. A la fecha no sabemos si los han recibido. Los familiares de El Santa que el año 2012 encontraron por casualidad los restos de sus padres e hijos, durmieron tres días a la intemperie bajo la dura noche del desierto para evitar que estos “vuelvan a desaparecer”.
Doris Caqui, de la Coordinadora Nacional de Víctimas, exige: “agilizar los casos pendientes y al mismo tiempo exigimos seriedad en la calificación, los familiares merecemos respeto, no pueden seguir maltratándonos más. Desde los familiares nos ratificamos en la lucha permanente por la dignificación de nuestros seres queridos”. Precisamente esa es otra de las grandes deudas del Estado peruano: dignificar a las víctimas. No devolver los restos como si fueran objetos, entregar las reparaciones para dignificar y no con un anónimo cheque, entregar reparaciones colectivas pertinentes y no “una carretera”, que el Ministerio de Defensa no siga negando información para la búsqueda de los nombres verdaderos de los perpetradores pertenecientes a las FFAA.
En realidad, son las propias víctimas las que han salido de ese pozo sin fondo que es tratarlas como subalternas para erigirse en defensores de derechos humanos, y dejar de re-victimizarse y convertirse en héroes y heroínas de una cultura de paz. El ex presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres, señaló este domingo en su columna que “construir y afirmar una identidad colectiva expresa un desafío moral”. La pregunta es si los peruanos estamos a la altura de ese desafío, si podremos cometerlo, ponerlo en acción y no solo mencionarlo en innumerables discursos.
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