Julio Arbizu
En el epílogo del libro La historia de la corrupción en el Perú, su autor, Alfonso Quiroz, hace una reflexión fundamental: “El Perú actualmente se encuentra en una encrucijada en la cual los avances anticorrupción pueden pasar a ser permanentes o ser, más bien, arrasados una vez más por subsistentes y poderosos intereses creados”. 1
Quiroz se refiere a los resultados que logró el subsistema anticorrupción instaurado en el Perú para hacer frente a los delitos contra la administración pública atribuidos a la organización criminal que asaltó al Estado en la última década del siglo pasado. Para tal fin, se implementaron una serie de reformas legislativas que respondieran a la estructura de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos del más alto nivel, con un reparto de roles muy preciso. Estas reformas permitieron la articulación de un sistema de defensa del Estado para casos de corrupción que atendiera dicha coyuntura y, sobre todo, que identificara la correcta administración del Estado como el bien jurídico protegido desde el Derecho Penal. La corrupción es entendida así como un fenómeno que erosiona la institucionalidad democrática del país; no en vano, apunta Quiroz, el registro de los niveles más altos de corrupción en el país coincide con la presencia de gobiernos más antidemocráticos.
Esta identificación, creemos, se expresó en los procesos por delitos de corrupción en los que la Procuraduría Ad Hoc Fujimori-Montesinos tuvo intervención en defensa del Estado, fundamentalmente en las sentencias condenatorias en las que se fijaron elevados montos de reparación civil que los hallados culpables debían pagar a favor del agraviado. Si el resultado de la corrupción sistemática de ese periodo había sido el descalabro de la estabilidad institucional del país, la indemnización que debían pagar los responsables debía tener en cuenta ese factor agravante.
Debido a ello, nosotros no solo defendemos la decisión de un importante colectivo de jueces que impuso penas severas contra infractores de la ley, quienes arremetieron contra el Estado en el despliegue de sus conductas, sino que estamos de acuerdo en la mayoría de los casos con los montos impuestos por conceptos de reparación civil. Y, por eso, nuestra labor es requerir esos pagos con la firmeza y contundencia necesarias.
Esta firmeza nos ha permitido, en poco menos de dos años, iniciar más de 4.500 casos de corrupción a nivel nacional que involucran daños patrimoniales por más de 1.500 millones de soles. Hemos cobrado reparaciones civiles por alrededor de 4 millones de soles; se lograron inscribir embargos por más de 9 millones de soles con el fin de asegurar el cumplimiento de futuras condenas por actos de corrupción. Asimismo, 283 órdenes de captura nacional e internacional han sido dispuestas y renovadas contra los prófugos de la justicia por actos de corrupción a solicitud de la Procuraduría. Finalmente, se han intensificado los esfuerzos para superar las trabas burocráticas que obstaculizan la repatriación de más de 30 millones de dólares de Suiza y Luxemburgo; en este proceso se logró suscribir un convenio de cooperación y capacitación con el Instituto de Basilea para el Buen Gobierno, integrado por los más reconocidos especialistas en identificación y recuperación de activos ilícitos a escala mundial.
a labor realizada tiene que ver con el profundo compromiso por devolverle la mística y la fuerza a la institución de la Procuraduría. Regresar a su propuesta inicial implica renovar una apuesta por la viabilidad de la lucha anticorrupción desde un enfoque que privilegie al ciudadano como un sujeto de derechos. De ahí que la necesidad de enfocarse en el cobro de las reparaciones civiles no sea un capricho: se relaciona íntimamente con la prevención de hechos futuros de corrupción (como una forma de luchar contra la impunidad), además de resarcir a ciudadanos y ciudadanos cuyos derechos han sido puestos en suspenso en cada acto de corrupción.
Estos esfuerzos, sin duda, deben continuar. Sin embargo, los poderosos intereses creados a los que alude Alfonso Quiroz se muestran desvergonzadamente vigentes en distintas instancias del Estado y la sociedad en general. En efecto, quienes integraron la organización cleptocrática de los noventa hoy blanden el poder para proveerse impunidad. Esos intereses, que antes se centralizaron en la organización, han quedado como su estela en poderosos núcleos de corrupción al interior de los espacios públicos. Además, los protagonistas de la gran corrupción han encontrado en el paso del tiempo su mejor aliado para su reciclaje social o político, al extremo de presentarse públicamente como intachables profesionales, candidatos a cargos de elección o admirables resilientes que salen de la ruina.
El panorama de hoy es distinto al de hace dos años. A una institución caótica, al borde del colapso y a la instalada sensación de impunidad en los ciudadanos, le hemos opuesto una estructura inteligente que organiza los casos que enfrenta fundamentando su asignación y seguimiento en una estadística veraz, y una estrategia jurídica que dispone de todas las herramientas que provee la ley sin importar a quién se tenga al frente.
Éstas no son recetas mágicas, sino más bien elementales. Lo contrario a disponer de cifras exactas para iniciar el diseño de una estrategia equivale al juego de dar palos de ciego. Y el temor de enfrentar al poder con firmeza y convicción nos acerca a la mediocre realidad del que acude a su trabajo a cumplir con el horario. Esta tarea no admite miedo. El corrupto poderoso, que fue juzgado y condenado por sus delitos, debe enfrentar una defensa del Estado sólida y sin contemplaciones, por más poder que aún conserve.
Creemos haber instaurado una forma distinta de pensar la institución, con el legado de la mística de la primigenia Procuraduría Ad Hoc, pero sin añoranzas inútiles. Éste es un ciclo que había que cerrar para iniciar una etapa provista de medidas y herramientas empleadas por instituciones realmente comprometidas. Ahora es momento de pensar en el siguiente paso en la lucha anticorrupción, consolidar un verdadero sistema que integre a todas las fuerzas involucradas (incluida la ciudadanía en su doble ámbito de víctima y agente) y, sobre todo, apostar por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción como una institución autónoma, fortalecida y organizada. Es el momento de apostar por instituciones antes que por personas. De lo contrario, ésta será, una vez más — siguiendo las palabras de Quiroz—,2 otra oportunidad desaprovechada.
1 QUIROZ, Alfonso. Historia de la corrupción en el Perú. Lima IEP / Instituto de Defensa Legal, 2013, p. 530.
2 Desde estas líneas queremos rendir un homenaje póstumo al Profesor Alfonso Quiroz Norris (1956 – 2013), porque creemos firmemente que, si bien no es posible estudiar la corrupción desde un enfoque unívoco, el estudio de Quiroz desde la historia, con el rigor de todos sus trabajos académicos, aporta un elemento indispensable para aprehender el fenómeno de la corrupción y explicar su presencia en las instituciones públicas.
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