Benjamín Marticorena
Entre los competidores de la campaña presidencial del 2011, el partido ganador había sido el único en incorporar con notorio énfasis el gran tema de la ciencia, la tecnología y la innovación (en adelante CTI) en su discurso político. El Plan de Gobierno de Gana Perú destinó un capítulo extenso y sustentado sobre cómo sería el desempeño de la CTI como instrumento de desarrollo económico. Sobre esto, los otros partidos concurrentes no presentaron sino, en el mejor de los casos, unas pocas líneas sin conexión con el resto de sus propuestas de gobierno.
Pero si el capítulo de políticas de CTI en el Plan de Gobierno de Gana Perú fue una extensa y argumentada defensa del desarrollo económico fundado en la innovación institucional y tecnológica, era muy insuficiente para estimular la expectativa de la población y convocar su adhesión a una propuesta sustantiva de transformación social, económica y cultural.
En efecto, aquella política de CTI había sido pensada esencialmente para impulsar el desarrollo de las empresas grandes como locomotoras del avance industrial. Si bien el respaldo público a tal desarrollo empresarial es muy importante y hasta fundamental, el enunciado político de Gana Perú había dejado de lado la CTI como promotora de inclusión social directa de los más grandes sectores de la sociedad peruana. En efecto, el 80% de la población del país vive de la economía de las micro y pequeñas empresas (MYPE), de las que hay 3 millones 200 mil y que contribuyen con el 60% del PBI nacional.1 Así, para el desarrollo moderno y competitivo de las MYPE la CTI representa, en el Perú, la opción más importante tanto desde el punto de vista de la economía como del de la inclusión social. Por otra parte, el capítulo de CTI del Plan de Gobierno también debió contener una propuesta innovadora —institucional y tecnológica— para la población rural en todo el territorio. Y debió referirse también, como a un objetivo preferente, a la CTI para los servicios de salud, educación pública, seguridad frente a riesgos naturales, esparcimiento para una vida colectiva y privada más satisfactoria, entre otras grandes responsabilidades del Estado. Además, debió tratar sobre la incidencia de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación institucional (es decir, el efecto de la CTI) en una convivencia sana de la sociedad peruana con la biosfera, en común con las demás especies biológicas, con el clima, los ciclos naturales (del agua, el carbono, el nitrógeno…), el océano y la tierra agrícola. Como se ve, aun siendo el más desarrollado Plan de Gobierno en lo referente a CTI, el Plan de Gana Perú era largamente insuficiente.
Las políticas de CTI son necesarias para que, de la mano de la economía en su significado más amplio, contribuyan a realizar el deseo de una sociedad superior en libertades, justicia distributiva, educación, cultura y cobertura de necesidades básicas. No se tiene una política de CTI únicamente para promover el desarrollo más competitivo de las grandes empresas “locomotoras” de la economía. Tan importantes como éstas son las pequeñas y medianas empresas (PYME), las comunidades rurales, los destinatarios de los servicios públicos y la protección del ambiente, la atención de todo lo cual solo puede obtenerse con investigación científica, cambio técnico y reforma institucional.
Elegido el presidente Humala, en sus primeros meses de gestión mantuvo su discurso favorable al desenvolvimiento de la CTI en el país en tal grado que llegó a pensarse que estábamos frente a una inédita situación histórica, en la que la urgencia de una política de CTI nacional, y la posibilidad material de darle paso, convergían con la decisión política de realizarla.
En estas condiciones, en noviembre del 2011 el Gobierno nombró una comisión especial para que, en el plazo de tres meses, le presentara una propuesta de gobierno de cinco años para la CTI en el Perú. La comisión realizó la tarea encargada que entregó, en febrero del 2012, en un documento titulado “Nueva política e institucionalidad para dinamizar la CTI peruana”.
Además de argumentos y cifras propias y de valiosos estudios recientes (BID, OECD, CEPAL, UNCTAD, etcétera), la comisión tomó los del Foro Económico Mundial, que muestra en su informe anual los 12 conceptos sobre los que mide la competitividad del Perú y de todos los países. En los últimos años, en ese informe nuestro país aparece bien en estabilidad macroeconómica, intensificación de su presencia en los mercados, legislación promotora de inversiones, entre otros avances. En cambio, está muy mal en aptitud tecnológica, sofisticación de negocios (no tiene conglomerados empresariales), educación superior e innovación. Esas cuatro falencias comprometen el futuro de la sociedad peruana y deben ser superadas con instrumentos de políticas en CTI.
El informe de la comisión definió siete grandes campos que debían ser objeto de desarrollo en profundidad: 1) Formación y movilización de recursos humanos en CTI; 2) Apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; 3) Inversión en CTI para la inclusión social; 4) Promoción de la innovación empresarial para la mejora de la competitividad y de la calidad; 5) Inversión en infraestructura física e institucional y servicios de apoyo para la CTI; 6) Respaldo a los programas de cooperación interna y externa en CTI; y, 7) Difusión de la CTI.
Para cada uno de esos siete grandes campos de intervención, el informe de la comisión presentó varios instrumentos de política (o programas) de modo que, en conjunto, el informe consistió en 76 instrumentos de política que debían ser tenidos en cuenta simultáneamente con decisiones de gobierno capaces de realizarlos de manera coherente y eficaz.
No obstante que el informe de la comisión no fue asumido formal y deliberadamente por el Gobierno, no dejó por eso de manifestarse una voluntad política del presidente Humala favorable al desarrollo de la CTI, aunque lejos de la integralidad de la propuesta recibida de la comisión, y con la callada pero efectiva oposición de otras autoridades públicas con significativo poder de decisión. Con todo, la voluntad política sobreviviente está acompañada, como corresponde, de financiamiento y decisiones normativas, que permiten la realización de algunos importantes programas que, o ya se iniciaron, o lo harán próximamente.
Hay cuatro fondos públicos para apoyar la investigación científica y el desarrollo técnico. El FONDECYT, que es el fondo de apoyo a la CTI dentro del CONCYTEC, se ha incrementado significativamente en el presente año, de modo que se cuenta con bastantes más recursos que en años anteriores para otorgar becas de posgrado dentro y fuera del país a estudiantes destacados y para financiar investigaciones, especialmente en los campos de la biodiversidad y biotecnologías, ciencias de materiales, tecnologías de información y comunicación, investigación ambiental e inclusión social. Una segunda versión del FINCYT, un fondo de 100 millones de dólares gestionado por la PCM y creado con un aporte del presupuesto público y un préstamo del BID, cuya primera convocatoria está en curso en estos días (habiéndose presentado varios cientos de proyectos de investigación al concurso), va a contribuir significativamente con el crecimiento de la investigación en el país, especial, aunque no exclusivamente, en los campos ya indicados. Un tercer fondo es el FIDECOM, creado durante el gobierno anterior, gestionado por el Ministerio de la Producción y orientado principalmente a la innovación empresarial.
En la actualidad, el FIDECOM debe tener aún disponibles unos 100 millones de soles por gastar, del total de 200 millones con que fue creado durante el gobierno del presidente García. Y un cuarto fondo —el FOMITEC, de 350 millones de soles— creado por iniciativa del actual Gobierno y destinado principalmente a la realización de las políticas que el CONCYTEC (becas de posgrado e investigaciones en las áreas indicadas) viene impulsando en la actualidad.
También debe destacarse el buen desempeño del Consejo Nacional de Competitividad, que, centrado en el MEF, ha logrado concertar políticas y acciones favorables a la competitividad de los sectores productivos, un concepto orientador que tiene amplia aceptación en la sociedad peruana.
Un aspecto de especial relevancia en el trabajo del CONCYTEC reside en la oferta de adquirir información científica mundial, contenida en revistas y editoriales indizadas, como material indispensable para que los investigadores y tecnólogos peruanos puedan realizar su trabajo y contribuir a insertar al país, progresivamente, en la sociedad de la información y del conocimiento.
En conclusión, si bien es cierto que en los dos años iniciales del actual Gobierno no se perfila la realización de un ambicioso plan para insertar la CTI como componente central de la producción, los servicios públicos y la inclusión social, no por eso puede afirmarse que el Gobierno no viene dando un avance significativo, dentro de las restricciones expuestas, y limitado por una visión todavía corta de política pública.
1 Las MYPE requieren de capacitación, organización productiva, normatividad, control de calidad, servicios tecnológicos, transferencia de tecnologías limpias y esquemas financieros ad hoc. Estos mismos requerimientos son válidos para la población rural, que hoy representa el 24% del número total de habitantes del país, y necesita extensos programas de innovación productiva mediante tecnologías nuevas y concordantes con la calidad del ambiente.
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