Rocío Silva Santisteban
Hace unos años, uno de los ex alumnos del colegio José Olaya de varones denunció que el director del colegio durante los años 70, Armando Bueno Galindo, lo invitaba a viajar con él a los diferentes eventos que se organizaban sobre temas de educación en el país y que, por las noches, en los hoteles donde se alojaban, lo persuadía de tener relaciones sexuales.
El hombre tendría 40 años y el niño 8 años. La relación fue terriblemente perturbadora para ese niño no solo por el estupro y la violencia que se ejercieron sobre él (violencia no son solo golpes; es engaño, es miseria), sino porque los padres del niño confiaban en el director. El niño, en su perturbación ante ese hecho, no sabía qué hacer y se sentía, de alguna manera, querido por ese hombre. Todo esto salió a la luz por la valentía de este joven de denunciar, aun cuando habían pasado muchos años, a ese miserable que aún se encuentra impune en Argentina.
Este tema, que sale hoy a la luz por la denuncia pública de Monseñor Bambarén sobre el Obispo Auxiliar de Ayacucho, Gabino Miranda, nos permite, desde la perspectiva de los derechos humanos de los niños y la niñas, plantear una situación que es en nuestro país mucho más común de lo que se cree. ¿Por qué? Simplemente porque, así como algunos prelados de la Iglesia son tolerantes, algunos jueces también lo son, incluso ante individuos que violan a sus propios hijos. Eso ha sucedido en Huánuco, donde un vocal de la Corte Superior fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura orque no evaluó con propiedad las pruebas en el caso de la violación sistemática de una niña por su propio padre y lo condenó a 25 años cuando la sanción es cadena perpetua. Resulta que ahora ese ex juez ha interpuesto una querella de millones de soles contra las instituciones que denunciaron su “excesiva tolerancia” en ese como en otros casos y que, felizmente, permitieron que salga del Poder Judicial.
Huánuco es uno de los departamentos más castigados por la proliferación de este tipo de casos que, en su mayoría, no son denunciados por diferentes razones, pero sobre todo, porque los propios niños no saben específicamente de qué se trata, quién los debe proteger, a quién recurrir si es tu propio padre o tu madre los que están abusando de ti. Esta situación de falta de denuncias se denomina en criminología “la cifra negra”. Según estudios, en Latinoamérica la cifra llega en algunos países como Chile a ocho de diez casos que no son denunciados. César San Martín, a propósito de un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema sobre valoración de la prueba en casos de violación de menores, reveló que el 90% de las sentencias son ¡absolutorias!
Me pregunto: ¿por qué somos tan tolerantes ante este tipo de delito?, ¿por qué creemos que un hombre que viola sistemáticamente a los niños que se acercan a él debe de ser “comprendido” antes que sancionado?, ¿por qué los jueces, los operadores de justicia, los vocales no defienden a un inocente que no tiene las armas para hacerlo?, ¿por qué la tolerancia ante la infamia y la miseria?, ¿no debe ser la Iglesia misma, la Conferencia Episcopal, quien denuncie a un hombre que está manchando la reputación de la institución? No hay que hacer leña del árbol caído, pero tampoco erigir un altar de impunidad sobre esa madera podrida.
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