Hace 40 años se consumó el crimen contra la democracia chilena por parte de un grupo de conspiradores militares y civiles sobre los cuales se aupó Augusto Pinochet, un criminal que se erigió en el cabecilla de un régimen brutal, que practicó la prisión, la tortura y el asesinato como política sistemática para enfrentar a los opositores a la dictadura.
El golpe fue planeado no solo con la clara intención de tomar el poder por la fuerza, sino de matar al mayor número posible de opositores. Por eso, desde el primer día se dio la orden de matar y así se hizo de forma consistente y continua, y así prosiguió hasta el final, durante las casi dos décadas que aquel régimen infame se mantuvo en el poder.
Las víctimas se cuentan por miles de asesinados, desaparecidos, torturados y represaliados de muy distintas maneras. Decenas de miles se vieron obligados a abandonar su país para salvar la vida. La dictadura de Pinochet fue una de las más brutales que haya habido en América Latina.
40 años después, el Chile democrático que resurgió de sus cenizas en la década de los 90, luego del triunfo histórico del NO en el referéndum mediante el cual Pinochet pretendía perennizarse, todavía lidia con la herencia traumática de la dictadura y sigue trabajando por afirmar sus valores e instituciones democráticas ante los rezagos y las heridas que aún no pueden cerrar.
Lo importante es que Chile, 40 años después del crimen de Pinochet y sus secuaces, no ha olvidado ni ha perdonado esos crímenes. Contra lo que pretenden los pinochetistas incorregibles, que no son pocos y tienen poder, pero son minoría en la democracia, la memoria se abre paso cada vez más, de la mano con un esfuerzo cada vez mayor de justicia.
Cientos de violadores de DDHH, militares y civiles han sido y siguen siendo procesados, y muchos de ellos han recibido sentencias ejemplares. De este modo, la democracia establece que el crimen debe ser sancionado y que no puede haber impunidad para el crimen cometido al amparo del poder político.
En este sentido, a medida que han pasado los años, el sistema de administración de justicia ha ido asumiendo un rol cada vez más importante para restablecer y afirmar los valores democráticos y éticos de la nación chilena, lo que no hubiera sido el caso de haberse seguido una política de impunidad.
En estos días, precisamente, la Corte Suprema de Chile ha reconocido públicamente que no estuvo a la altura de su función durante la época de la dictadura y que no amparó a las víctimas como debía. Y la asociación de jueces ha perdido perdón al pueblo chileno.
En el Perú, en cambio, vemos que los promotores de la política de impunidad aún tienen capacidad de presionar y marcar la pauta de los gobiernos. Y algunos jueces, en lugar de reparar lo que hicieron mal u omitieron hacer durante el período de violencia para amparar a las víctimas de abusos, hoy emiten sentencias prevaricadoras con las cuales pretenden cubrir con impunidad a los autores de crímenes que la humanidad repudia.
40 años después del oprobioso golpe, Pinochet y sus secuaces están cada vez más al fondo del basurero de la historia del cual nunca saldrán para bien de la democracia. Y pensar que aquí algunos inefables suspiraban por un Pinochet peruano y hubo alguno que se hacía llamar Chinochet. Que no se queje si ahora está en la cárcel, pues es lo que sucede cuando se elige como modelo a un asesino.
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