Nelson Manrique Gálvez
Se vive hoy un estado de malestar ciudadano aparentemente sin salida. La credibilidad de los líderes políticos, de los partidos y de las instituciones está en uno de sus peores momentos. El 7% de respaldo al Parlamento es expresivo de este estado de ánimo, así como el hecho de que las nueve décimas partes del país no crea en las explicaciones brindadas por Alejandro Toledo y Alan García.
No parece que las cosas vayan a cambiar para bien, porque no hay evidencias de que los concernidos tengan interés en que eso suceda, como lo ha mostrado esta semana la mala comedia de la presentación de Alejandro Toledo ante el Parlamento y el pronunciamiento de un juez que cuestiona la investigación de la megacomisión encargada de investigar los actos de corrupción durante el segundo gobierno de Alan García.
Alejandro Toledo continúa acumulando contradicciones, medias verdades y abiertas mentiras. Esto ha obligado hasta a los militantes de Perú Posible más cercanos al expresidente, como Juan Sheput, a tomar distancia e insinuar la conveniencia de que este se aparte, para salvar al partido, al menos mientras duren las investigaciones.
La decisión del juez Hugo Velásquez Zavaleta de aceptar la acción de amparo presentada por Alan García contra la megacomisión parlamentaria que está investigando su participación en los narcoindultos, los chuponeos y componendas en la empresa Business Track, la manipulación, supresión y alteración de pruebas judiciales, y otros, es un intento de dificultar las investigaciones en curso. El presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, viene advirtiendo desde mayo de que el objetivo último es conseguir que se le retire de la investigación parlamentaria, objetivo que acaba de ser ratificado por el abogado defensor de García.
Paralelamente se vienen realizando intentos de deshacerse del procurador anticorrupción Julio Arbizu. Liquidar a Arbizu es fundamental para lograr la impunidad; no es por eso sorprendente que las bancadas aprista y fujimorista impulsen una moción que pretende su destitución, con el respaldo de integrantes del PPC y otras organizaciones menores (http://bit.ly/1bByX5D).
¿Cuál es la razón del encono de los apristas y fujimoristas contra Arbizu? Ante todo, la energía y la celeridad que ha impuesto en la Procuraduría para encarar temas sobre los cuales el Poder Judicial ha venido guardando una clamorosa lenidad. Una estrategia muy usada por los corruptos es dilatar las cosas con maniobras para que finalmente las acusaciones sean olvidadas, o para conseguir la prescripción de los delitos materia de la acusación. Es muy ilustrativo revisar las negociaciones, sacadas a la luz por una investigación de Cecilia Valenzuela, entre Alan García y Vladimiro Montesinos, luego de las cuales el Doc logró que se declarara prescritos los delitos por los cuales García Pérez estaba acusado ante el Poder Judicial, luego de su primer gobierno (http://bit.ly/1dwRMFx).
Bajo la dirección de Arbizu, la procuraduría ha recuperado alrededor de cuatro millones de nuevos soles de las reparaciones civiles adeudadas por los sentenciados por corrupción, allí donde durante los cinco años del gobierno aprista no se recuperó prácticamente nada. Ha impulsado además reformas destinadas a castigar la corrupción con la “muerte civil” para quienes no paguen las reparaciones, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y otras encaminadas a enfrentar los conflictos de intereses y el traslado de los bienes de los sentenciados a terceros, para evadir los embargos. No es extraño pues que los interesados en cubrir la corrupción con el manto de la impunidad tengan a Arbizu en la mira.
La destitución del obispo Gabino Miranda por el Vaticano, acusado por pedofilia, pone sobre el escenario la cuestión de la transparencia y la justicia. Este tema atañe no solo a la iglesia, pues involucra la comisión de delitos cuya investigación y sanción corresponden al Estado. Según se ha sabido, la sentencia de Roma que destituye a Miranda de su cargo y lo expulsa del sacerdocio se expidió en mayo, sin que hasta ahora se informara a las autoridades judiciales de los hechos sobre los cuales Roma se ha pronunciado contundentemente.
Es de lamentar la insensibilidad mostrada por monseñor Cipriani, quien demanda misericordia para el pedófilo, sin pronunciar una sola palabra de solidaridad y consuelo para sus víctimas.
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