Julia Evelyn Martínez
La XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe convocada por la CEPAL con el tema “Igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y tecnologías de la información y las comunicaciones”, recién ha finalizado en República Dominicana con resultados que marcan un franco retroceso en el reconocimiento y defensa de la igualad de las mujeres latinoamericanas. Estos resultados contrastan con los avances alcanzados apenas tres años antes en la XI Conferencia realizada en Brasilia, capital de Brasil.
En efecto, la Conferencia de Brasilia concluyó con la suscripción de una histórica declaración que incluyó en el capítulo sobre derechos sexuales y reproductivos un compromiso de los gobiernos de la región sobre la necesidad de:
“Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley”. La inclusión de este acuerdo generó un intenso de debate y presiones de muchos grupos presentes en la conferencia, pero finalmente fue aprobado.
Cuatro años después, y a pocos días de que el gobierno de Ecuador se negará a incluir la despenalización de los abortos en casos de violación sexual en las reformas al Código Penal, las delegaciones gubernamentales participantes en la XII Conferencia Regional de la Mujer aprobaron una declaración final en la cual se omite cualquier referencia o cualquier compromiso sobre la necesidad de revisión de la legislación que penaliza la interrupción de embarazos, incluyendo los casos en embarazos que pongan en peligro la vida de las mujeres y los embarazos en casos de violación. El texto aprobado fue el siguiente: “Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursen embarazos no deseados y no aceptados”.
Las razones que provocaron este retroceso en el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres de la región son muchas y variadas.
En primer lugar, los gobiernos cedieron nuevamente a la tradicional oposición de la iglesia católica y de los grupos conservadores, que intensificaron su lobby antes y durante la conferencia para impedir que en Santo Domingo se repitiera el avance logrado cuatro años antes en Brasilia. Estos grupos usaron todos los medios a su alcance para incidir en las delegaciones oficiales, para que se abstuvieran de reconocer la necesidad de cualquier tipo de revisión a las leyes punitivas que se aplican en contra de las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo no planificado o no deseado.
En segundo lugar, se debe reconocer que las estrategias de género de algunos gobiernos de la región (como el gobierno de El Salvador y el de Nicaragua), fundamentadas en programas de ayuda social a las mujeres madres, representan un obstáculo para el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto debido a que estos programas sociales para las mujeres madres si bien les producen a estos gobiernos altos niveles de aceptación en las encuestas de opinión pública, les impiden al mismo tiempo comprometerse con acciones estratégicas como la despenalización del aborto, en la medida que estos compromisos pueden empañar sus altos niveles de popularidad, a causa de las críticas que inevitablemente surgirán en las filas de sus opositores y/o de sus aliados políticos.
Asimismo, debe mencionarse la responsabilidad que en este retroceso han tenido los movimientos de mujeres de Mesoamérica, Sur América y el Caribe, que no pudieron articular un frente común y efectivo de lucha para defender los mínimos, pero simbólicos avances, logrados en el Consenso de Brasilia en materia de autonomía personal de las mujeres. Muchos de estos movimientos se han abstenido durante y después de la XII Conferencia, de criticar públicamente la postura de los gobiernos que suscribieron la declaración final, para no romper con las alianzas políticas con los partidos políticos en los gobierno “progresistas” y/o para no provocar en sus países la repetición del “efecto Correa”.
Se ha dado pues un verdadero paso atrás para la igualdad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas, que no podrá ser compensado con las campañas, proyectos o acciones gubernamentales que seguramente se financiarán en los próximos años para aumentar el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas tecnologías ayudarán muy poco a las miles de mujeres pobres que continuarán muriendo en los próximos años por abortos practicados en condiciones inseguras y/o que continuarán siendo encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado. La igualdad real y el empoderamiento de las mujeres, pasa por el reconocimiento y tutela del derecho a elegir libremente la maternidad, y mientras esto no sea asumido por los gobiernos y Estados de la región, las promesas y discursos sobre igualdad y sobre derechos, seguirán siendo solo palabras que se lleva el viento.
* Julia Evelyn Martínez es economista feminista salvadoreña, profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.
Se publica este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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