El asesinato de los líderes de la Comunidad Asháninka de Saweto, del distrito de Masisea, Ucayali, Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo posiblemente por la mano criminal de narcomadereros, revela y desnuda la trágica situación de los pueblos indígenas amazónicos agravada por el extractivismo esquizofrénico y obsceno que hoy arrasa la Amazonía.
En esta tragedia y en otras que podrían ocurrir en el futuro hay un mar de fondo y un responsable directo e indirecto: El Estado y el gobierno cómplices de las multinacionales petroleras, gasíferas, de los megalatifundios de palma aceitera y de otras actividades extractivas que ahora imponen sus intereses económicos y que han paralizado la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y son los verdaderos autores de la Ley 30230 del “paquetazo Castilla”, un verdadero atentado político y legal contra los derechos territoriales de la población indígena amazónica.
“Estos criminales creen que sus intereses económicos valen más que nuestros bosques primarios. Creen que la vida de una persona o comunidad nativa asháninka que defiende nuestros bosques no tiene valor”, ha expresado el presidente de la República.
Pero el “paquetazo Castilla” convertido en la ley 30230 es la mayor amenaza a los bosques primarios y las tierras y territorios de los pueblos indígenas amazónicos, de acuerdo a las organizaciones indígenas integradas en el “Pacto de Unidad”. Esta norma, promulgada supuestamente para promover la inversión privada y dinamizar el crecimiento económico, crea “procedimientos especiales” que rompen todos los candados de la seguridad jurídica y política de las tierras y territorios indígenas.
De acuerdo a un pronunciamiento público del “Pacto de Unidad”, la ley 30230, desnaturaliza el proceso de saneamiento físico-legal de las tierras y territorios indígenas, amplía el área de afectación a favor de las empresas privadas, faculta al Estado e inversionistas a solicitar procedimientos especiales, viola las garantías constitucionales a la propiedad indígena, ignora los derechos de los pueblos indígenas porque no hace ninguna referencia al Convenio 169 de la OIT y le da vida al organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI), un Frankenstein burocrático enemigo de la propiedad comunal y asociativa.
¿Teniendo a la vista este mamotreto legal hecho a la medida de la angurria del gran capital pueden los pueblos indígenas creer en la sinceridad de las declaraciones presidenciales y en las lágrimas de cocodrilo vertidas sobre todo por los funcionarios del Ministerio de Cultura?
SAQEO FORESTAL
En estas mismas páginas hemos denunciado, con cifras, datos y hechos irrefutables el tráfico de títulos de propiedad de las Comunidades Nativas en la Amazonía para cubrir la demanda de la madera tanto en el mercado nacional y la exportación principalmente a los mercados de México, Estados Unidos y China.
De las 609 concesiones forestales con una superficie de 7 millones 907 mil hectáreas de bosques de producción otorgadas con la Ley 27308, solo están operativas a la fecha el 56 por ciento. Esta es una entre otras causas y razones de por qué el abastecimiento de madera tanto para el mercado nacional como para la exportación ha disminuido.
Para cubrir el déficit, las empresas madereras se han volcado vorazmente hacia los bosques comunales. De las 1200 CC. NN. de la Amazonía, que cubren 12 millones de hectáreas de bosques ricos en caoba, cedro, shihuahuaco, tornillo, cumala y otras especies, aproximadamente 600 están si titular. El saneamiento físico y legal de una CCNN es una cuestión de vida o muerte porque las tierras y territorios indígenas están bajo la amenaza del extractivismo hidrodrocarburífero, gasífero, los neolatifundios de palma aceitera, la tala ilegal, la construcción de carreteras y otras actividades.
El costo de la titulación está por encima de los diez mil dólares y el trámite es un vía crucis. Como una CC. NN. no tiene esos fondos y está ubicada en los quintos infiernos de la Amazonía, cae en las garras de la empresa maderera. Ésta, a través de un operador o testaferro, paga los costos y hace todos los trámites pasando por encima de la legalidad, contando siempre con la complicidad de funcionarios del Estado.
El pago por esta operación es una condena perpetua para la CC. NN: nombra al operador o testaferro, a buenas o malas, “apoderado”; es decir, dueño de la riqueza maderera y de todos los bienes comunales, incluyendo la fuerza de trabajo de los comuneros. Una sola empresa maderera en el río Putumayo ha capturado con este procedimiento a 20 CC. NN. y hay decenas y centenares de otras comunidades en toda la Amazonía, feudalizadas, prisioneras, capturadas y con sus riquezas forestales saqueadas.
El Estado, entretanto, ya sea el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y ahora el SERFOR, no solo no impiden esta expoliación, sino que con frecuencia actúan como cómplices. Quizás ahora esta situación de intolerable abuso se profundice porque los Gobiernos Regionales de la Amazonía, lastrados por la corrupción y que tienen las competencias y funciones de titulación de las CC. NN. contarán con la colusión de COFOPRI.
Los dirigentes asháninka asesinados habían empezado hace tiempo el vía crucis de la gestión de titulación de sus comunidades. Posiblemente no cedieron al chantaje y a la trampa del tráfico de títulos y esa valentía y dignidad les costó la vida.
EXTRACTIVISMO Y DESASTRE
El desastre del ciclo extractivista en la Amazonía en este período de la crisis del capitalismo no solo es ambiental. Es también social y cultural. La tala masiva del bosque, la contaminación de los suelos y los ríos y lagos, destruye el sistema ecológico y toda la construcción espiritual, panteísta y animista, la concepción cosmocéntrica, las cosmovisiones y cosmologías, los dioses y la representaciones simbólicas sobre la Madre Naturaleza elaboradas y creadas a lo largo de milenios por los pueblos indígenas.
El impacto social también es devastador. El Estado, las multinacionales, las nuevas iglesias fundamentalistas que han iniciado un proceso de neoevangelización, están originando y provocando división, fractura, anomia y corrupción al interior de la sociedad indígena.
Quizás será necesaria la insurgencia de un nuevo Juan Santos Atahualpa y la resurrección de Inkarrí para la construcción de una nueva utopía social indígena en el siglo XXI.
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