Humberto Campodónico
La decisión del JEE de excluir la candidatura de Todos por el Perú pone en riesgo todo el proceso electoral. Debido a lo avanzado del proceso, las cuestiones administrativas deben dejarse de lado y en las decisiones del Jurado debe primar el derecho constitucional a la participación, a elegir y ser elegido.
Como ya se ha dicho, no existe país de AL donde se haya excluido a candidatos a la presidencia por cuestiones administrativas. Más aún cuando el Jurado Electoral Especial de Lima ha tenido un giro de 180 grados en menos de 4 días, diciendo primero que sí y después que no. Este cambio se motiva, como han dicho algunos, en “consideraciones extra legales”, es decir, no tiene fundamento legal.
Lo que equivale a decir que estas autoridades han estado presionadas, incluso amenazadas de muerte. En este clima, el proceso está empañado y afecta la legitimidad del próximo gobierno, porque millones de peruanos van a sentir que se les está impidiendo votar por el candidato de su preferencia, lo que lleva a la frustración y a la cólera. Es por ello que todos los candidatos deben participar y es en la cancha donde los electores decidirán a los vencedores y perdedores.
Este planteamiento no otorga ningún aval a Julio Guzmán, ni a su trayectoria ni a la debilidad administrativa de su partido. Lo que decimos es que el carácter democrático de la contienda electoral trasciende a las personas individuales. Tiene que ver con el derecho de millones de peruanos a elegir a sus mandatarios. Como ha dicho bien Verónika Mendoza: “queremos ganar en la cancha”.
Si este derecho no se puede ejercer es muy difícil –casi imposible– discutir sobre planes y programas de gobierno. Pero es imperativo que se haga, pues ya tenemos 25 años de continuismo, donde ha habido crecimiento con altos precios de las materias primas y política del “piloto automático”, pero eso no se ha reflejado, por ejemplo, en la mejora de la educación, la salud, la infraestructura y, sobre todo, en la calidad de las instituciones.
Claro, si en las vacas gordas las instituciones no eran necesarias para crecer, da igual que se queden como están. Esa es una de las razones, también, de este desmadre electoral. Se cree que crecimiento económico y avance de la institucionalidad son compartimientos estancos, que no se comunican entre sí. No es así.
Queremos participación plena de los candidatos para discutir sobre la reactivación económica, la diversificación productiva y la redistribución. ¿Acaso es buena la política del BCR de subir la tasa de referencia y de vender el 50% de los dólares que posee? ¿Acaso no es importante revertir la rebaja del impuesto a la renta a las empresas, que nos va a hacer perder 25% del PBI (según el FMI), lo que equivale a US$ 4,000 millones? Se dijo que esa rebaja incentivaría la inversión privada, pero eso no ha sucedido. Y tampoco se ha reactivado la inversión pública. ¿Entonces?
Queremos participación plena para discutir la importancia de aumentar el salario mínimo a 1,000 soles en la reactivación de la economía y las razones por las cuales no afecta el empleo de las MYPES. Lo mismo con la reforma del sistema de pensiones, que debe tener un piso universal, que comienza con la extensión de Pensión 65. Y también de la manera en la cual el equilibrio presupuestal no se afecta con esta medida.
Queremos participación de todos los candidatos para discutir por qué se quiere exportar electricidad a los países vecinos, como lo acaba de plantear un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, cuando los peruanos no cuentan con un Plan de Masificación de gas natural. Estamos igual que en el 2005 y 2006, cuando se cambiaron las leyes peruanas para exportar el gas del Lote 56. Lo que prima actualmente no son los intereses del país sino los privados.
Queremos participación plena para discutir por qué, después de 10 años de gas de Camisea, apenas si tenemos algo más de 350,000 conexiones domiciliarias, cantidad ínfima que palidece frente a loa 550,000 conexiones en Bolivia. Y no se sabe si habrá Gasoducto Sur Peruano, pues no tiene oferta de gas ya que las empresas son las dueñas de la molécula. Y tampoco el Estado promueve la diversificación productiva a través de la petroquímica en Ilo y Mollendo, lo que generaría decenas de miles de empleos y nuevas exportaciones.
Queremos participación plena para discutir acerca de los contratos-ley y la necesaria renegociación de algunos de ellos, como la exportación del gas. También queremos discutir acerca del carácter “subsidiario” de la actividad empresarial del Estado. Ambos temas están blindados por la Constitución de 1993.
¿Pero cómo vamos a discutir de todo esto si cuando faltan 30 días para las elecciones se está excluyendo candidatos? Y, ojo, que todavía faltan como 10 días más de fallos, tachas y apelaciones. De nunca acabar. Siembra vientos y cosecha tempestades quien priva del derecho de elegir a millones de peruanos. ¿Acaso se piensa que el telón se cierra con el fallo del JNE y “a otra cosa, mariposa”?
La participación plena debiera ser apoyada por todos los candidatos, sobre la base de un texto simple que llame a la reflexión al JNE. ¿Iluso e impracticable? Puede ser. Pero también se puede decir que lo realista, hoy, es exigir lo (que parece) imposible. Queremos el cambio económico y social que anhelan millones de peruanos y peruanas. Y eso se gana en la cancha.
Nota: Este artículo es escrito a título personal.
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