César Hildebrandt
No haber sancionado a Keiko Fujimori es la mayor prueba del fraude de estas elecciones.
La candidata de Fuerza Popular había violado la ley electoral tanto o más que César acuña, defenestrado por dos entregas de dinero en las que ni siquiera estuvo presente.
Y si el mafioso Jurado Electoral Especial de Lima hubiese querido apegarse a la ley Alan García tendría que haber estado fuera. Las autoridades partidarias que aprobaron la lánguida Alianza Popular habían caducado e incurrieron en usurpación de funciones.
Pero, claro, lo peor de la política tenía que ser favorecido por abogados que sirven a un sistema roído por la corrupción. Dijimos hace semanas que estas elecciones eran ilegítimas. Lo dijimos cuando expulsaron al segundo de las encuestas. Ahora, con la anuencia mostrada respecto de Keiko Fujimori y Alan García, el fraude ha quedado, en toda magnitud, al descubierto.
Esperaron a la medianoche del jueves santo para evacuar su fallo. La prensa basura hizo lo suyo: en RPP hablaban de frivolidades, en Capital preguntaban cuál era la película favorita sobre Jesús, en los canales informativos el gesto de complicidad criminal del JEE no merecía ningún comentario crítico.
Está claro: estas elecciones están manchadas. Y el gobierno que surja de ellas carecerá de legitimidad constitucional. La derecha va a hacer todo lo posible para que la gente acepte esta mugre y sus esbirros van a decir que quienes nos oponemos a estos comicios truchos somos unos golpistas y unos subversivos.
Lo mismo nos dijeron el 2000, cuando la banda armada que dominaba el país ensayaba su tercera reencarnación.
Frente a esta situación sólo cabe esperar que una primavera peruana se haga sentir en las calles y arranque de las autoridades electorales un veredicto justo tras la apelación que habrá de presentarse. Aceptar estas elecciones es indignado. Es someterse a los designios de una pandilla. Es volver a los años 30, cuando el Apra al robaban los votos. Es volver a los 60, cuando a Haya de la Torre los militares reaccionarios lo vetaron.
Se ha producido un golpe de Estado blanco y abogadil. ¿Qué pasa cuando el poder electoral está descalificado para ejercer sus funciones? Pues pasa que la democracia se pone entre paréntesis y los hechos consumados son los que prevalecen.
¿Había pruebas concretas y abundantes sobre el caso de Keiko Fujimori? Las había. Que el JEE las haya rechazado supone que ha actuado como parte de una conspiración destinada a no aplicar la ley por igual.
El fujimorismo ya no necesita ganar las lecciones del 10 de abril. Ya manda. Ya puede jactarse e haber vuelto. Y Távara y su combo son, por ahora, herederos de Portillo y compañía.
¿Se prestarán los candidatos de la renovación –Barnechea y Mendoza- a ser parte de esta farsa?
Sus consejeros les dirán que sí, que es posible que en la segunda vuelta la favorita del Jurado Nacional de Elecciones pueda perder.
Pero ese no es el asunto. El asunto es que las elecciones no son tales dado que el llamado poder electoral actual se ha marginado de la ley.
Si la ilegitimidad del próximo gobierno se convierte en ingobernabilidad y terremoto social, ¿a quién vamos a culpar? ¿A las protestas o a los que se burlaron del cumplimiento de la ley?
El próximo gobierno tiene tareas que requerirán de delicados consensos, de diálogo, apertura y transacciones. ¿Será eso posible con un origen notoriamente discutible de su mandato?
Si el Perú fuese un país serio, lo que tendríamos que hacer es echar a la calle a las autoridades electorales y convocar nuevas elecciones respetando, desde luego, el plazo del 28 de julio de este año como fecha límite para la vigencia del actual gobierno. ¿Es tan traumático eso? Mucha más los será ir a estos comicios enmierdados.
Publicado en la revista Hildebrandt en sus Trece del 11 de marzo del 2016
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