La República
Una ofensiva constante y creciente, encabezada por Fuerza Popular y su líder Keiko Fujimori, está estrangulando la democracia. El Congreso se ha transformado en una plataforma de ataque a las instituciones del Estado. El despliegue golpista no se detiene; avasalla autonomías, independencias y prerrogativas con el objetivo de infiltrar o capturar los poderes u organismos que se le resisten, haciendo a un lado a los funcionarios incómodos y partidarios de la democracia.
Este golpe de Estado parlamentario permanente y continuado tiene un doble propósito: impedir que los órganos competentes para investigar y juzgar los casos de corrupción que involucran a la Sra. Fujimori, junto a su entorno actual y pasado, cumplan su trabajo con independencia y cabalidad, y preparar las condiciones para que el fujimorismo, finalmente, acceda al Gobierno por la vía que les sea posible, incluida el retiro del Ejecutivo de las autoridades elegidas democráticamente por los peruanos en junio del 2016.
El reciente cambio de gabinete le ha permitido al fujimorismo y a sus aliados infiltrarse en el sector Justicia para facilitar un ilegal indulto de Alberto Fujimori y mediatizar el cumplimiento de las funciones de este sector en la lucha contra la corrupción y la defensa de la legalidad democrática. La reprobable omisión del Ministerio de Justicia frente al ataque del Congreso al presidente de la República, al que ilegalmente se pretende obligar a que comparezca ante una comisión investigadora bajo la amenaza de vacancia, resume el nivel que ha alcanzado esta intromisión.
Un elemento de esta estrategia es la arbitraria y abusiva denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, un funcionario probo que precisamente recuperó el Ministerio Público de manos de un grupo corrupto que se había enquistado en él y cuyo líder fue destituido por corrupción. A sabiendas de la autonomía y discrecionalidad que tienen los fiscales a cargo de los casos bajo investigación, protegidos por la Constitución como una garantía de la función jurisdiccional, el fujimorismo pretende responsabilizar al fiscal de la Nación por decisiones que no forman parte de sus deberes funcionales, para retirarlo de sus funciones y hacerse del control del Ministerio Público, como en la nefasta etapa de la entonces fiscal Blanca Nélida Colán.
El fujimorismo y sus aliados no solo quieren el Ministerio Público; paralelamente manipulan el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya reforma han abandonado, además de colocar en esa institución a allegados de miembros de la cúpula de Fuerza Popular, haciéndose de la vista gorda de documentadas denuncias de corrupción de varios de sus miembros. Esa cuestionada institución llevará a cabo en breve la designación de vocales supremos, con los resultados que se adivinan.
En la mira se encuentra asimismo el Tribunal Constitucional (TC), y por esta razón acelera el juzgamiento de cuatro de sus siete miembros –los magistrados Manuel Miranda (actual presidente), Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza– acusados por un grupo de ex miembros de la Marina de Guerra de haber cambiado un fallo, con lo que el delito que se juzga vuelve a ser un crimen de lesa humanidad. A pesar de las razonables explicaciones, respaldadas por la mayoría de especialistas, sobre que los miembros del TC no pueden ser procesados por sus votos, necesitan destituirlos para reemplazarlos por magistrados sometidos al fujimorismo y a sus aliados.
En la ruta golpista, es un escollo la libertad de expresión. Fuerza Popular ha logrado, como en los años 90, cohesionar tras su estrategia a un grupo de medios y periodistas que operan abiertamente contras las instituciones democráticas y la prensa independiente, reeditando el triste papel de la llamada “prensa chicha”. La crítica al Parlamento o a Fuerza Popular y a sus aliados, o la labor de investigación periodística es respondida con infinitas campañas en las cuales participan legisladores fujimoristas y un grupo de tarea de funcionarios del Congreso encargados de las redes sociales.
En el más reciente episodio, la información publicada por el diario El Comercio respecto a las declaraciones de Marcelo Odebrecht en Brasil ha sido respondida con la amenaza de un proceso penal hecho por la misma lideresa de Fuerza Popular y con la acusación de que dicho diario pretende favorecer intereses de la empresa Graña y Montero en el caso Lava Jato cuando, precisamente, las declaraciones de Odebrecht sobre GyM, publicadas también en dicho diario, han puesto en mayores apuros a esa empresa.
Los elementos descritos no constituyen la deriva inexperta de un grupo autoritario sino que, esencialmente, es un plan para estrangular a la democracia y colocarla a expensas de los intereses de una facción contraria a ella.
Es la hora de parar este golpe de Estado en proceso. Tiene la palabra la sociedad, expresada a través de ciudadanos individuales, autoridades o peruanos de a pie, o de ciudadanos organizados en gremios sindicales, partidos, colectivos para la demandas sociales, las ONG, grupos estudiantiles, colegios profesionales, gremios empresariales, organizaciones vecinales y frentes regionales y locales. Es hora de defender la democracia.
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