21 de junio de 2018

Trabajadores de la agroexportación con derechos negados

Pedro Francke

Hoy hay más de 270 mil trabajadores bajo el régimen laboral agrario, el 90 por ciento de ellos registrados por grandes empresas de más de 100 trabajadores. Sin embargo, la situación de los trabajadores no es nada buena. Ganan en promedio 1,400 soles, pero sin derecho a gratificaciones, sin CTS ni mitad de vacaciones, lo que para ese salario implica por cada trabajador una pérdida de 4,900 soles anuales en favor de las empresas.

Como ven, no es poca cosa, y ese es el extra que se llevan los empresarios cada año por trabajador. Una empresa como la de José Chlimper, Agrokasa, aunque hoy contrata a 1,700 trabajadores MENOS que hace una década, como tienen 4,700 obreros deja de pagarles de esta manera a sus trabajadores unos 23 millones de soles anuales que se guarda en su bolsillo. No es que no tenga para pagarles, ojo, porque tiene activos por 240 millones de dólares y utilidades anuales de 35 millones de soles. Ayer, una comisión del Congreso dominada por el fujimorismo aprobó que Chlimper siga teniendo este beneficio por 10 años más, hasta el 2031: todo indica que editar videos tramposamente, paga bien.

Los trabajadores de la agroexportación tienen además riesgos adicionales sobre su salud. Un estudio de la OIT – Organización Internacional del Trabajo (donde participan gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo) sobre los riesgos de salud de estos trabajadores encontró que “A partir de estudios de casos, se sabe que la agricultura presenta riesgos de enfermedades ocupacionales debido a las condiciones del trabajo realizado, entre otras: las largas jornadas bajo el sol, la posición en la que realizan sus labores y el contacto constante con agroquímicos”.

A pesar de que generan estos problemas de salud, las grandes empresas agroexportadoras como parte de sus privilegios solo pagan a EsSalud 4 por ciento del salario en vez del 9 por ciento que aportan todos los demás sectores, lo que hace que aporten 163 millones anuales frente a una atención a sus trabajadores que cuesta 466 millones. Eso significa que el diferencial entre aportes y gastos de 300 millones lo terminamos pagando todos los asegurados mediante desabastecimiento de medicinas, exámenes no disponibles y largas colas de espera por falta de recursos humanos e infraestructura.

Sumen a eso los millonarios beneficios tributarios que reciben, por la reducción del Impuesto a la Renta a la mitad, la depreciación acelerada que permite disminuir las ganancias declaradas y por tanto disminuir aún más el Impuesto a la Renta, la devolución acelerada del IGV y un descuento adicional de una quinta parte de sus impuestos si invierten en zonas eriazas.

Uno pensaría que con todas estas condiciones, el crecimiento de la agroexportación hubiera significado para sus trabajadores una mejora en sus salarios relativos. Pero no. A pesar del recorte de sus derechos, mientras en los últimos 14 años los salarios en las ciudades aumentaron 2,8 por ciento anual, en el campo solo lo hicieron en 2,3 por ciento.

Promover al agro no es igual a regalar enormes sumas a un pequeño grupo de ultra-ricos. Tenemos un enorme potencial biodiverso de nuestra sierra y selva, donde se concentra la población campesina y la pobreza más dura porque permanecen muy poco desarrolladas ante la falta de apoyo. Hay productos con muchas posibilidades económicas: quinua, maca, sacha inchi, lúcuma, aguaymanto, aji amarillo, chirimoya, guanábana, tumbo, yacón, café y cacao orgánico y/o con denominación de origen, a lo que podemos añadir el turismo en sus diversas vertientes. Hay que promover la diversificación y el avance tecnológico en este campo, con riego tecnificado y crédito, favoreciendo la investigación en universidades regionales, fortaleciendo los CITES y dando apoyo de crédito o capital de riesgo a negocios innovadores en las regiones donde hay más exclusión.

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