24 de julio de 2018

Chávarry, CNM y el caso Odebrecht

Claudia Cisneros

La estructura mafiosa se ha puesto a la ofensiva. La apurada elección y juramentación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación a pocas horas de que salieran audios que lo comprometen es una señal de que, pese a las evidencias, la estructura mafiosa se niega a perder los espacios de poder que tanto tiempo ha ocupado. Espacios de poder desde los cuales jueces y fiscales se han convertido en operadores de políticos corruptos en los que hoy se respaldan. Sin embargo, desde el viernes 20 de julio en que se apuró la juramentación minutos después de la elección, el Perú tiene un fiscal de la Nación ilegal.  Es que, según el artículo 50 de la Ley Orgánica vigente del Ministerio Público, los fiscales de Nación deben jurar en presencia del presidente de la República y, como sabemos, Martín Vizcarra no fue a la juramentación. Tremendo gesto político. Ya Vizcarra obtuvo una primera victoria política al convocar de manera extraordinaria al Congreso y obligarlo a destituir a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El fujimorismo y el aprismo, que hasta el final siguieron defendiendo a algunos de los magistrados, se vieron obligados a recular ante la amenaza de invocar cuestión de confianza que permitiera a Vizcarra, constitucionalmente, cerrar el Congreso.

Pero esto recién empieza, audios hay muchos aún por salir a la luz pública en lo que demora la respectiva verificación de voces, identidades y sobre todo: contextos para entender dónde están los delitos o faltas éticas y qué es lo que negocian los ampayados. El presidente Vizcarra debe sostener estos vientos de firmeza política de los últimos días, apoyando las movilizaciones e indignación ciudadana y obligando al Congreso a remover al CNM.

Veremos en las próximas horas si, continuando con esa firmeza política que le hace ganar poder y fortaleza, Vizcarra hace cumplir la Ley Orgánica del Ministerio Público y declara nula la juramentación de Chávarry. Sería otro importante golpe político que lo afiance. Y es que Chávarry tiene mucho techo de vidrio. No solo está implicado en los audios que hemos escuchado en los que le pide a Hinostroza conseguirle el certificado que lo limpia de sus investigaciones por lavado de activos, sino que fue secretario general de la ex fiscal de la Nación de Montesinos y Fujimori Blanca Nélida Colán, cuando la fiscalía era un burdel que perseguía a detractores y blindaba a aliados. Además de saberse de sus amistades con los compañeros de la estrella. 

¿Por qué es relevante? Porque el caso #LavaJuez (el de los audios) tiene directa conexión con el caso #Lavajato-Odebrecht. Esta estructura corrupta que los políticos usufructúan para limpiarse de sus procesos, es la que hasta el momento ha evitado que AG y la Sra. K sean procesados pese a los importantes indicios y evidencias. No es casualidad, pues, que Keiko diga que la investigan hace 18 años sin encontrarle nada, o que Alan García sea señalado como el Houdini de la política peruana. Y el fiscal de la Nación es nada menos que la máxima autoridad de las investigaciones #Lavajato-Odebrecht y podrá dirigir estas a su discreción. Importante recordar también que las interceptaciones legales que dieron a luz estos audios nacieron de la investigación a los sindicados narcos Caracol y a Oropesa (de vínculos apristas). Sin olvidar que los fallos de Hinostroza libraron a Keiko y su esposo de la investigación por lavado, igual que a Joaquín Ramírez de lo mismo. Todo está conectado en este esquema de establecimiento de la narcopolítica en la que magistrados, narcotraficantes y políticos están vinculados como los audios van mostrando. 

Por eso tampoco es casual que el fujimorismo (con sus 14 congresistas investigados por lavado) sigan defendiendo a los corruptos tan abiertamente. La lucha continúa en la esfera política y en las calles, donde los ciudadanos seguiremos haciendo la presión sin la que los delincuentes nos seguirán ganando.

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