10 de diciembre de 2018

El faenón de García en la privatización del Callao

Manuel Dammert Ego Aguirre

El Ministerio Público abrió una nueva investigación a expresidente aprista, esta vez por la concesión del Terminal Norte a la transnacional ATM Terminals en términos lesivos para el interés nacional.

El 17 de setiembre de 2018, se inició la investigación preliminar al expresidente García, Enrique Cornejo (exministro MTC) y otros, por colusión agravada y negociación incompatible al privatizarse Enapu-Callao a fines del gobierno de Alan García.

El procurador Amado Enco denunció el caso, por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado. Los 21 indagados deben asistir a declarar desde el 7 enero del 2019, empezando por Alan García, Enrique Cornejo, Luis Cuba Hildalgo, y Rene Cornejo Díaz, así como otros 17 involucrados.

El suscrito y Fentenapu, el 04/10/2010, ante la inminente privatización dolosa, el 18 marzo de 2011 reiteramos la denuncia ante la Contraloría y el Congreso, con un recurso de nulidad de la ilegal concesión del puerto del Callao, nuestro principal terminal portuario del Perú. Se hipotecaba la soberanía marítima portuaria y se enajenaban los bienes de dominio público portuario.

La concesión dolosa era una suma de negocios particulares con amigos privados privilegiados, violando la ley que exigía para socios en concesión un necesario plan maestro integral del principal puerto público del Perú, el que no existía.

NEGOCIAZO

Se privatizaba e imponía un ilegal monopolio, el cual, sin haber invertido nada, desde la inmediata toma de posesión cobraba sus elevados precios y tarifas, haciendo caja con la empresa en marcha, y afectando a Enapu y a los usuarios del Perú. El ilegal contrato beneficiaba ademas a un grupo de funcionarios que lo promovían.

La actual denuncia fiscal ratifica y amplía la denuncia. Tras una clara y firme investigación, incluye en la denuncia preliminar a 21 funcionarios. Tras un amplio análisis, formula fundamentos de hecho, en diversas etapas del proceso irregular.

El DU 039-2010 PCM/MTC, incorpora el puerto del Callao, pero no hace referencia al obligatorio sustento técnico legal que señale su excepcionalidad y ejecución prioritaria con inversión privada.

Pese a que el TC declara el 20 setiembre de 2011 como inconstitucional los DU 001 y 002 del 2011, se ratifica luego por el Gobierno ilegalmente su ejecución. Se esconde que Enapu, cuya columna vertebral era el terminal portuario del Callao, que aportaba el 83.86% de sus ingresos, contaba con solvencia económica y no estaba en apuros.

EL MONTAJE

El 17 de mayo de 2010, el exministro MTC Enrique Cornejo Ramírez, impulsa junto al premier Velásquez Quesquén, el concurso público para privatizar el terminal portuario del Callao, dictando las normas para ello.

El plan es aprobado en julio del 2010 por la APN y luego por Proinversión, donde estaba Jorge Luis Cuba Hidalgo. Se dio la Buena Pro a APM Terminals, por haber ofertado el 100% de descuento en todo servicio “especial”. No obstante lo cual, en forma ilegal y dolosa en el contrato de concesión se le autorizó el cobro de estos servicios.

El denominado Banco de Inversión, en el que estaba la corporación HELIO SA (a cargo de René Cornejo Díaz) , omitió ilegalmente considerar para la concesión bienes tales como terrenos, edificios e instalaciones del terminal norte de Enapu, estimados en S/. 95,5 millones netos, y solo valoró maquinaria y equipos en 35,5 millones netos.

De esta forma dolosa, redujo a solo 17.01% la participación de Enapu en las utilidades del negocio cuando debió ser 41.98%. Impuso en este rubro para el periodo del contrato una pérdida en contra de Enapu y ganancias a favor del concesionario de más de S/. 130 millones.

En un horizonte de 30 años de concesión, con esta ilegalidad mafiosa el Estado perderá mas de US$ 291 millones. En un horizonte de 30 años desde el 2011 hasta el 2040, el monto que ganará APM Terminals, estima la Fiscalía, ascenderá a US$ 7,660,396,511.

ALGO MÁS

Y el Estado por la modalidad ilegal de Asociación en Participación estima que recibirá anualmente solo US$ 198 millones. El ilegal contrato se cae y es nulo de puro derecho. Hay que sancionar a los estafadores. Y recuperar el puerto público del Callao para el Perú.

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