Diego García Sayán
El inicio del convulsionado 2018 no podía haber ido más a contramano del nombre oficial que le puso el gobierno de PPK: “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”; se inició con crispación, al calor de un indulto recién otorgado por PPK, con “nocturnidad y ventaja”, el 24 de diciembre. Ahora arranca el 2019 con otro lamentable acto en “nocturnidad y ventaja”: la interesada destitución de los fiscales Vela y Pérez por el Fiscal de la Nación.
Antes y ahora se dieron reacciones cívicas e institucionales de enorme vigor y trascendencia que acabaron desbaratando conductas contrarias a los valores democráticos, a la transparencia en el ejercicio de la función pública y a principios internacionales. Madurez cívica que es soslayada por quienes siguen operando como si ella no existiera y no hubiera reales progresos democráticos que se interponen a la arbitrariedad.
El jefe de Estado que hace un año quiso llevar a cabo un indulto irregular y mal hecho, vio frustrados sus propósitos. No se esperó la reacción cívica ciudadana, la dinámica de un sistema judicial independiente que dio curso a recursos pertinentes o las obligaciones internacionales del Perú. Algo parecido ha ocurrido ahora con el intento del Fiscal de la Nación de desmontar el equipo de fiscales anticorrupción. La “nocturnidad y ventaja” de poco sirvió. La reacción cívica fue inmediata, se venían ya acciones de amparo y la reacción de la comunidad internacional.
Los “sustitutos” de los destituidos Vela y Pérez, curándose en salud, se hicieron de lado y el gobierno reaccionó con el proyecto de declaratoria en emergencia del Ministerio Público (MP). Acaso por percibir el curso del viento que brota de la conciencia cívica en las calles, la propia Keiko Fujimori ya se apresuró a expresar su acuerdo con la reorganización del Ministerio Público; veamos cómo se traduce esa declaración a la acción concreta. Obviamente el primer paso tendría que ser dar curso a las denuncias constitucionales que se encuentran encarpetadas desde hace meses en el Congreso.
Destacan en todo esto las ramificaciones e impacto internacional de situaciones como ésta, lo que debería ser tomado en cuenta para disuadir a quienes no sólo creen que no debe haber separación de poderes sino que se vive fuera del planeta tierra. Es un asunto de creciente atención internacional la afectación –por diversas vías– de la independencia de jueces y fiscales por la corrupción y el crimen organizado, ya no sólo por la acción de gobiernos autoritarios.
Y este es un tema de hoy en el Perú por los graves indicios de penetración de la corrupción en altos niveles del Ministerio Público, lo que no se resuelve con el retroceso de Chávarry en la destitución de Vela y Pérez. Ya en agosto del año pasado, Sandra Castro, Fiscal responsable de la investigación de la organización criminal “Los cuellos blancos”, informó oficialmente que se había advertido que, de los cinco Fiscales Supremos, sobre tres de ellos (Chávarry, Rodríguez Monteza y Gálvez Villegas) habría “información que los involucraría” en esa organización.
Luego de la arbitraria medida dispuesta por Chávarry las reacciones internacionales estaban en camino pues cuando se violan principios universales e interamericanos se gatillan mecanismos de protección soberanamente creados por los Estados. Ninguna autoridad puede olvidarse de eso ni impedirlo. Las reglas internacionales son claras: cuando son afectados principios y reglas internacionales vigentes las instancias internacionales deben actuar y reaccionar.
La instancia llamada a actuar –el Congreso– por la protección constitucional de la que gozan los fiscales supremos no ha sido capaz de actuar porque así lo ha decidido la mayoría parlamentaria. ¿Actuará ahora para tramitar las denuncias constitucionales contra Chávarry o, al menos, para pedirle un “paso al costado”?
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