El Comercio (Editorial)
Finalmente, después de varias semanas de rumores y aprovechando las celebraciones que le pusieron fin al 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial encargado del Caso Lava Jato. Una acción que, al darse cuando la ciudadanía se preparaba para recibir un nuevo año, deja clarísima la intención de la cabeza del Ministerio Público de camuflar la decisión.
Si bien resulta sumamente preocupante que la cabeza de una institución como la fiscalía se interese en dar a conocer sus decisiones agazapado en la coyuntura festiva, es aun más indignante al tomar en cuenta cómo justificó las mismas. Según el señor Chávarry, la medida llega motivada por el hecho de que el fiscal Pérez “procedió a cuestionar mi elección que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos” y que esta actitud fue “avalada por el coordinador Vela Barba”. Una circunstancia que, como es evidente, nada tiene que ver con la forma en la que han hecho su trabajo ambos fiscales, sino con una ojeriza sostenida por el fiscal de la Nación al sentir que se ponía en tela de juicio su autoridad.
Es inquietante, ciertamente, la forma en la que Chávarry ha dado a conocer su disposición, pero no resulta sorpresiva. A lo largo del año pasado, con la investigación del Caso Lava Jato empezando a mostrar sus primeros frutos, el titular del Ministerio Público no escatimó en amenazas al equipo liderado por el fiscal Rafael Vela. Apenas el 19 de diciembre, desde esta página, alertábamos sobre las hostilizaciones que había denunciado Vela de parte del fiscal de la Nación y cómo este último había buscado restarle valor al saludo que la Fuerza de Tarea a cargo del Caso Lava Jato en Brasil le había hecho a su homólogo peruano. A esto se suma el hecho de que Chávarry, en una entrevista, remarcó que tenía la potestad de remover al fiscal José Domingo Pérez “en cualquier momento”, pero que evitaba hacerlo solo para que no se leyera como una “represalia”. Ayer, sin embargo, dejó en claro que esto último era en efecto su objetivo. Sin duda un gesto vergonzoso que, de por sí, deja en evidencia la debilidad de su liderazgo y lo nocivo de la permanencia en el puesto.
La alarma suena aun más respecto al futuro del Caso Lava Jato. En primer lugar, una coyuntura como esta le podría permitir a los involucrados en las pesquisas de los fiscales removidos cuestionar la legitimidad de las medidas que se han tomado en su contra. Una realidad especialmente grave si se considera que entre las carteras que tenían encargadas estaban algunas tan sensibles como las de Alan García y Keiko Fujimori.
También preocupa que esta decisión se haya tomado en vísperas de la ejecución del acuerdo de colaboración suscrito por el referido equipo especial con la empresa Odebrecht y cómo esto afectará la calidad de los resultados que se puedan obtener a partir del mismo. Incluso, como se recuerda, el fiscal Vela había anunciado una ampliación del interrogatorio a Jorge Barata programada para este mismo mes.
Así las cosas, será cuestión de tiempo ver cómo la decisión de Pedro Chávarry repercute en el resultado de la investigación más importante de los últimos años de la historia política peruana. Por el momento los pronósticos no son positivos. Empero, si algo ha dejado meridianamente claro el fiscal de la Nación es que él no le teme a operar privilegiando sus intereses y, sobre todo, a hacerlo subrepticiamente, al viejo estilo que predecesores suyos como Blanca Nélida Colán exhibían sin empacho de los años 90.
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