Francesca Emanuele
Tengo las manos llenas de datos del último capítulo sobre el golpe de Estado en Venezuela. Una historia real y en curso que, como cualquier producción serial de calidad, diariamente desvela un nuevo episodio con información relevante para ir vislumbrando el desenlace. Hasta el momento, todo indica que no va a tener un final feliz.
Hace unas horas llegaban cajas de “ayuda humanitaria” a la frontera de Venezuela con Colombia. A diferencia de hace unos días, ahora Estados Unidos ha usado aviones militares y personal de su ejército para transportar el cargamento. Esto no sería tan relevante si Washington no hubiera amenazado con una intervención militar en numerosas ocasiones.
La fecha que se baraja es el 23 de febrero, día de un ultimátum dado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Ha anunciado que si los militares venezolanos -quienes actualmente respaldan al presidente Nicolás Maduro- no dejasen entrar la ayuda humanitaria para aquel día, teminarían “muy mal”. ¿A qué se refiere con esas palabras? No lo ha especificado.
El mismo tono misterioso se puede leer en lo expresado por el presidente Donald Trump, quien ha asegurado contemplar numerosas tácticas –“A, B, C y D”– para derrocar a Maduro. Por lo pronto, el pasado viernes el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció más sanciones en contra de un conjunto de funcionarios venezolanos.
Desde luego, la asfixia económica al pueblo caribeño es una de las estrategias que abiertamente Estados Unidos lleva a cabo para diezmar el apoyo que le queda al sucesor de Chávez.
La maniobra militar es la que convenientemente mantiene oculta. La estaría negociando con el gobierno colombiano (esta semana el presidente colombiano Iván Duque se reunió con Trump en la Casa Blanca) y con grupos de la oposición venezolana.
Las fuerzas de seguridad del Gobierno venezolano denunciaron haber incautado 19 fusiles, 118 cargadores de fusil, 90 antenas de radio y 6 celulares procedentes de Miami en el aeropuerto de Valencia, la tercera ciudad más grande de Venezuela.
Posteriormente, gracias a un informe del reconocido medio de comunicación estadounidense, McClatchy, se supo que detrás de ese cargamento, había 40 vuelos más realizados por la misma compañía aérea estadounidense a Valencia-Venezuela y a ciudades cercanas a Venezuela en Colombia. Estos patrones de vuelo comenzaron precisamente el 11 de enero, la fecha de toma de mando del segundo gobierno de Maduro.
Alfonso Moreno es el director de esta compañía aérea privada llamada Air21. Moreno tiene diversas empresas y un par de ellas están registradas bajo la misma dirección que corresponde a otra empresa aérea privada, Gemini Air Cargo.
Durante el gobierno de George W. Bush, Gemini Air Cargo fue contratada por la CIA para transportar supuestos terroristas a instalaciones operadas por Estados Unidos en todo el mundo donde se les torturaba e interrogaba violando las leyes internacionales de derechos humanos. Además, varios de los trabajadores de Air21 tienen relación con actuales líderes de la oposición venezolana y los siguen fervientemente en las redes sociales.
Air21 ha expresado que desconoce qué transportaban aquellos 40 vuelos, pues alega que fueron fletados por otra compañía aérea llamada GPS-Air, la misma que en los años ochenta tuvo un papel fundamental durante el escándalo Irán-Contra, por el que Estados Unidos vendió armas a Irán de forma clandestina para con ese dinero financiar a grupos paramilitares en Nicaragua con el fin de liquidar a los sandinistas.
Hace unas pocas semanas Estados Unidos designó como encargado de su política en Venezuela a Elliott Abrams, quien fue condenado penalmente (y luego absuelto por Bush) por haber sido uno de los artífices del escándalo Irán-Contra durante el gobierno de Ronald Reagan.
Sería ingenuo pensar que todas estas complicadas conexiones reportadas por McClatchy sean pura coincidencia. Por el contrario, parecen dar cuenta de la cantidad de maniobras y capas que perfilan la estrategia estadounidense para derrocar a Maduro. Desde luego, hila fino y de forma compleja.
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