19 de febrero de 2020

Detrás de la renuncia de Flor Pablo

Teresa Tovar Samanez

Según IPSOS la desigualdad social es el problema central en América Latina (67%) seguido de la corrupción (63%). A. Latina es la región más desigual del mundo, donde este año el 1% de la población tendrá más riqueza que el 99% restante. La tasa de pobreza pasó de 28% en 2014 al 31% en 2019 y la de pobreza extrema subió de 9,7% a 11,5% en el mismo período (CEPAL 2019).

Esto ha producido una ola de indignación social en varios países de la región cristalizada en movilizaciones sociales masivas que desafían el modelo económico vigente. Son los signos de los tiempos que marcan la agenda social del año que comienza. Las Naciones Unidas han planteado hoy poner en el centro del debate la disminución de la desigualdad.

El año que termina tuvo como eje la lucha contra la corrupción. El 2020 será un año de definiciones políticas. Se ha despejado el oscuro panorama de una mayoría conservadora y corrupta en la escena política. Esta batalla no ha terminado, pero aparece otra, creciente, conformada por demandas de salud, educación y trabajo digno, que aumentan en un año electoral. Hoy se exige redistribución, cese de los abusos y segregación extrema . La injusticia, ya intolerable, es síntoma de la crisis de la humanidad como proyecto (Boaventura de Souza).

La agenda educativa y sus desafíos están marcados por esta impronta social y por la utopía que asoma.

Un avance fundamental ha sido la afirmación de las políticas de igualdad de género en educación. El Estado ha enfrentado con decisión la ofensiva de sectores ultraconservadores como conmishijosnotemetas. No obstante, no se ha establecido un puente con los movimientos ciudadanos en contra de los feminicidios y la violencia sexual.

Esta se cultiva también en las escuelas. Del total de casos de las denuncias de violación sexual, el 78% son a adolescentes de entre 12 a 17 años de edad. La violencia constituye la forma más extrema de injusticia y discriminación y requiere ser enfrentada con la construcción de una masa crítica que acompañe las medidas institucionales iniciadas y ponga punto final a un país donde se acosa, violenta y mata a las mujeres desde que son niñas.

Otro avance ha sido la regulación de la calidad en la educación universitaria. Sin embargo, está pendiente el problema social. Son 165,679 estudiantes afectados por las 34 universidades cerradas. Hay medidas aún insuficientes: 3 mil becas-traslado y reubicación del 30% de alumnos en otras universidades. Falta. Todos los estudiantes afectados deben ver garantizado su derecho a continuar estudiando. Los jóvenes deben dejar de ser un colectivo vulnerado.

Sería justo exigir a las universidades clausuradas que resarzan económicamente a los estudiantes a los cuales estafaron. Además, hay que atacar la raíz del problema. Regular la calidad de la oferta es importante pero insuficiente pues necesitamos eliminar definitivamente el lucro de la educación. Solo sobre esta base la regulación de la calidad tiene sentido.

En tercer lugar más de 11 mil científicos han firmado un documento sobre la “emergencia climática mundial” que ocasionará “un sufrimiento humano sin precedentes” y afectará sobre todo a los más pobres y vulnerabes. El Ministerio del Ambiente ha tomado la iniciativa con la reglamentación de la ley Marco del Cambio Climático.

La norma tiene un capítulo sobre educación que adjudica serias responsabilidades al MINEDU, entre ellas “Asegurar la inclusión de la materia de cambio climático desde un enfoque territorial en los diseños curriculares, proyectos y materiales educativos”; y que exige la consideración central de los pueblos indígenas como actores ¡Tremendo pendiente!

Para empezar, se debe potenciar y priorizar la estrategia nacional de las escuelas con bandera verde, con logros ambientales, revitalizándola desde su vínculo con territorios y comunidades. Asimismo, es preciso devolver el rango de Dirección Nacional a la Unidad de Educación Ambiental del MINEDU.

En estos 3 temas así como en otros como el magisterio, la “cuestión social” ocupa ya un lugar central y exige ser colocada como eje de las políticas, metas y presupuestos. No hay calidad sin justicia y la meritocracia sin igualdad solo profundiza los abismos. Recordemos que una sociedad justa es aquella que asegura la dignidad de las personas como sustento básico de ordenamiento social (Martha Nussbaum). En educación esto no está plenamente garantizado.

No existe transformación educativa consistente sin actores. Se requiere construir un gran pacto social y político por la igualdad en educación. No como acuerdo en las alturas, sino como convergencia de ciudadanos movilizados desde convicciones profundas por los derechos y el bienestar público.

Develada la corrupción asoma la esperanza de una educación que alimente la justicia. Como decía Martin Luther King: “Tengo un sueño. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”.

El pacto nacional por la justicia educativa debe plantearse en el debate político electoral que se inicia y, además, tendría que ser el eje central y articulador de todas las políticas que plantee el nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2,036.

NOTAS

1.- Encuesta a 360 líderes de opinión de 14 países

2.- La muerte de 2 jóvenes en el Mc Donalds es tan solo una muestra.

3.- MIMDES


https://www.leerydifundir.com/2020/02/detras-la-renuncia-flor-pablo/

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