8 de julio de 2022

Perú: Complicidad

Ronald Gamarra

En menos de un año este Congreso ha probado largamente su oposición a la justicia y su pleno sometimiento a las pretensiones de impunidad de los capitostes de las redes de corrupción y los autores de delitos contra los derechos humanos. Y si bien la derecha fujimorista y ultrarreaccionaria está absolutamente comprometida con este propósito ruin, también son cómplices abiertos o encubiertos el gobierno de Castillo y en particular el cerronismo cuando pueden sacar partido de ello, tal como queda claro en la votación sobre el infame informe Cavero y en la reconsideración con que se intentó revisar aquel desvergonzado blindaje.

La lista de individuos pedidos por el Ministerio Público que este Congreso ha blindado arbitrariamente en estos 11 meses es larga y maloliente. Solo para enumerar a los principales y más conocidos: el destituido contralor general y excongresista Édgar Alarcón, el destituido fiscal supremo Pedro Chávarry, el igualmente destituido fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, el excongresista fujimorista Héctor Becerril, el excongresista y expresidente golpista Manuel Merino y sus exministros Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez… Ahora mismo está en marcha la protección a los “niños”, grupete de oscuros congresistas de Acción Popular complicados en negociados ilícitos con el gobierno.

BLINDANDO A LOS CUELLOS BLANCOS

Lo primero que resalta es la continuidad de la actual mayoría congresal con respecto al Parlamento de absoluta mayoría fujimorista de 2016-2019 en la defensa a fardo cerrado de la red corrupta de los jueces y fiscales “hermanitos”, conocida en las investigaciones policiales y del Ministerio Público como la banda de “Los cuellos blancos”. Acorazar a Chávarry, Aladino Gálvez y a Becerril es indispensable para proteger a quienes tenían con ellos relaciones muy especiales y nada santas desde la política, desde los partidos y fundamentalmente desde el Congreso. En verdad, todo lo avanzado en este caso ha sido en contra de las zancadillas puestas principalmente por el fujimorismo y la ultraderecha en la Plaza Bolívar y en esa línea se mantienen consecuentes.

BLINDANDO LA CONSPIRACIÓN GOLPISTA

El otro grupo que la mayoría del Congreso tiene que blindar sí o sí es el de los implicados en el golpe de Estado de noviembre de 2020, perpetrado en plena pandemia para aupar en el poder al efímero y represor Manuel Merino, derribado una semana después por la consistente y unánime protesta ciudadana. El putsch de Merino fue una conspiración fraguada por Keiko Fujimori, la ultraderecha “republicana”, Pepe Luna, César Acuña, Édgar Alarcón y un sector acciopopulista, presentes también mediante sus partidarios y operadores en el actual Parlamento. Tienen pues que chalequear a Merino y Alarcón porque, de lo contrario, ambos pueden convertirse en colaboradores eficaces del Ministerio Público para revelar los entresijos de la conspiración.

Tan importante les resulta defender a Alarcón que, tal como lo consigna el propio portal de comunicaciones del Congreso, la parlamentaria Gladys Echaíz, que ahora el fujimorismo y la ultraderecha promueven para presidir la próxima mesa directiva del Congreso, intervino en el debate en evidente defensa de Alarcón. La exfiscal de la Nación hizo de solícita protectora: “No se precisa cuál fue la condición del señor (Alarcón): si fue el encargado de la percepción de estos recursos, si fue el administrador o perceptor. Dice que se apropia, el que se apropia es para sí y el informe dice que en los recibos se pagó a terceros, entonces hay una contradicción. ¿Se apropia para terceros?”.

LA COMPLICIDAD CERRONISTA

Por eso también se juegan a fondo en el blindaje del golpista Merino e impiden que responda por la peor violación de derechos humanos cometida masivamente en nuestro país en la última década. Para asegurarse de que así sea, no dudan en ponerse de acuerdo con sus supuestos rivales del cerronismo. La ausencia de Waldemar Cerrón en la decisiva votación del 17 de junio sobre el infame informe del congresista Alejandro Cavero evidentemente no fue casual y tuvo un precio político que tarde o temprano conoceremos con detalle. Y si bien Waldemar Cerrón sí se presentó a la reconsideración y votó a favor de ella, qué casualidad que el otro congresista de su partido se ausentó.

Y qué mayor casualidad aún que el congresista Jerí, de Somos Perú, partido aliado del gobierno, también se ausentó en la sesión de reconsideración a pesar de haber votado antes contra el informe Cavero. Demasiadas y más que sospechosas coincidencias, muy reveladoras y confirmatorias de las ya varias veces que los polos opuestos de la ultraderecha y el gobiernismo han coincidido y votado juntos. Todo lo cual sugiere que el tambaleante gobierno de Castillo habría maniobrado también para favorecer la impunidad de Merino y así aplacar a los más intransigentes de la ultraderecha y prolongar su propia y penosa sobrevivencia.

CONNIVENCIA

Lo que está haciendo la mayoría congresal hace tiempo desbordó los límites de una defensa política de individuos que forman parte de sus filas o les son íntimamente cercanos. Lo hecho este año, desechando una tras otra las denuncias presentadas por el Ministerio Público, tiene sabor a complicidad abierta y descarada. Por lo demás, es lo que dicen abiertamente en sus pasquines, donde terruquean a su gusto a quienes exigen justicia e incluso a las víctimas como Inti y Bryan, como si nos dijeran cínicamente: sí pues, esas cosas ocurrieron, esas cosas se hicieron, pero tenemos mayoría en el Congreso y en esta chacra de bribones hacemos lo que nos da la gana.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°593, del 01/07/2022   p19

https://www.leerydifundir.com/2022/07/peru-complicidad/

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