Esto queda totalmente claro con las pesquisas y pruebas reunidas por la prensa de investigación, particularmente “IDL-Reporteros” y “Hildebrandt en sus Trece”, en relación con los dos hechos más cruentos de este período: la matanza de Ayacucho, el 15 de diciembre, en la cual perdieron la vida 10 personas por disparos de miembros del Ejército, y la matanza de Juliaca, el 9 de enero, donde 19 personas fueron victimadas por la Policía. También se cuenta ya con información relevante sobre otras muertes en otras zonas del sur andino.
En los casos de Ayacucho y Juliaca, la evidencia reunida esforzadamente por la prensa de investigación ha logrado establecer las circunstancias de la muerte en 6 de las 10 muertes de Ayacucho y 10 de las 19 muertes en Juliaca. Sin perjuicio de seguir documentando los demás episodios de sangre, se cuenta ya, entonces, con una masa de datos suficiente como para deducir algunos hechos fundamentales que esclarecen lo ocurrido. Los acontecimientos descifrados lo han sido gracias a la recolección de grabaciones en video de cámaras fijas en las calles, celulares, fotos y autopsias debidamente analizados.
En todos los casos expuestos, se concluye que en ninguno de ellos hubo una acción de parte de las víctimas que implicara un peligro grave e inminente para la vida o la integridad de los efectivos de las fuerzas militares o policiales que efectuaron los disparos, ni para las instalaciones críticas que los manifestantes rodeaban. Muchos de los fallecidos fueron abatidos a distancia considerable de los respectivos aeropuertos, incluidos varios casos en los cuales ellos estaban quietos o ni siquiera ejercían su derecho a la protesta.
La condición fundamental para el uso de armas letales por parte de las fuerzas del orden público no se dio y, por tanto, no se puede justificar de ningún modo lo que estas fuerzas hicieron. Esta condición es una norma de obligatorio cumplimiento, que rige desde el nivel de las normas internacionales hasta el de las leyes y los reglamentos internos de las instituciones y fuerzas de seguridad y orden público de nuestro país, y es válida para los jefes, oficiales y personal subalterno y de tropa, así como para los responsables políticos de la actuación de dichas fuerzas, es decir, el Gobierno. Lo suyo fue de matarifes y sayones. De fratricidas.
Un agravante es el uso de armas y munición de guerra contra manifestantes civiles. El Gobierno y las fuerzas de seguridad tienen la imperdonable responsabilidad de haber empleado, para reprimir las manifestaciones, personal premunido de fusiles de asalto que utilizan munición necesariamente mortal, si se dispara, como se hizo en Ayacucho y como ocurrió en Juliaca, a la cabeza, el tórax o el abdomen. Lo evidencian las autopsias y los cartuchos recuperados en algunos casos de los cuerpos de las víctimas, que corresponden plenamente con el calibre de la munición dispuesta por las fuerzas de seguridad.
Otro agravante son las mentiras echadas a volar desde las más altas autoridades para encubrir los hechos. La propia presidente Boluarte dijo que las muertes habían sido causadas por presuntos agentes foráneos, los fantasmales “ponchos rojos”, sobre los cuales no hay ni pudo presentar la menor evidencia. La colección de embustes comprobados de los representantes del Gobierno es indignante y expone la voluntad de enmascarar lo ocurrido después de haberlo ordenado, alentado o permitido, lo cual queda por establecer.
Pasados tres meses desde los acontecimientos de Juliaca y casi cuatro desde los de Ayacucho, no hay ni asomo de justicia. El Ministerio Público no ha acusado hasta el momento a ningún responsable de estos crímenes, a pesar de las pruebas contundentes que han salido a la luz pública. Lo que sí ha hecho, en cambio, es poner obstáculos a la averiguación de la verdad al cambiar hasta en dos oportunidades las fiscalías responsables de la investigación, terminando por centralizarlas en una fiscalía con sede en Lima, en el aparente afán de volver todo a fojas cero.
La angurria de quedarse en el poder a todo trance hasta el año 2026 es la causa mezquina que ha llevado a un gobierno que debió ser de transición hacia las elecciones generales, después del fracasado autogolpe de Pedro Castillo, a incurrir en el peor crimen contra los derechos humanos que se recuerda en más de dos décadas. No le bastará al Gobierno con el encubrimiento de este Congreso trufado de ambiciosos y malandrines, desde donde vinieron los más activos llamados a ejercer una represión brutal. Tarde o temprano, Dina, la justicia te exigirá cuentas. A ti, Otárola, y también a los matadores directos.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 631 año 13, del 14/04/2023, p18
https://www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario