Así, los lobbies de las universidades basura han logrado el desmantelamiento de la Sunedu en agravio de los estudiantes y la educación de calidad, los transportistas ilegales están imponiendo la “formalización” de sus “servicios” en detrimento del interés público, las conveniencias de la minería ilegal y la tala ilegal están dictando disposiciones que amparan el saqueo de la Amazonía en perjuicio del país, pero en especial de las comunidades nativas, cuyos líderes están siendo asesinados uno tras otro, mientras los malandros de la plaza Bolívar se niegan a ratificar el Acuerdo de Escazú.
En esta fiesta de los intereses comerciales bastardos en contra del Perú, no podía faltar la protección directa de gente que ha cometido delitos, especialmente los de corrupción. Este es un gran Congreso, un gran conciliábulo de la impunidad y la tapadera de políticos mafiosos y de mafiosos simple y llanamente. Allí están las decisiones encubridoras que han mandado al archivo numerosas acusaciones constitucionales contra parlamentarios enredados hasta el cuello en redes de atracadores que piratean el erario.
Pero también están entre los protegidos los ladronzuelos más vulgares, aquellos congresistas que roban la remuneración a los trabajadores de su despacho, llamados por eso mismo los “mochasueldos”, de los cuales se ha denunciado a casi el 10 por ciento de los miembros del Parlamento, y no hay duda de que son mucho más. Todos estos sinvergüenzas están siendo sistemáticamente solapados por la Comisión de Ética, en lugar de ser desaforados y puestos a disposición de la justicia. En vez de ello, solo se despide a las víctimas de la rapacidad.
Ahora la audacia temeraria de este Congreso se atreve a mucho más y ha aprobado una ley chavetera que enfila contra el mecanismo de la colaboración eficaz, limitando radicalmente el plazo del proceso especial –que va desde la presentación de la solicitud de acogimiento hasta la celebración del acuerdo de beneficios– a 8 meses, prorrogables hasta por 4 meses, y hasta por 8 meses adicionales tratándose de crimen organizado, lo que en la práctica la hace inútil y meramente simbólica. La colaboración eficaz ha permitido combatir y desbaratar desde hace veinte años varias organizaciones criminales que infestan el Estado. Actualmente hay varias investigaciones fiscales y procesos penales en curso, muy importantes, que literalmente quedarían en nada con el resultado de la impunidad de los delincuentes, si finalmente se promulga esta ley nefasta.
Ni Boluarte ni Otárola han dicho esta boca es mía en relación con la ley aprobada por el Congreso. Si bien, en teoría, el Gobierno la podría observar y devolver al albañal que es el hemiciclo, la cruda realidad que vivimos nos dice claramente que no lo hará o es muy improbable que lo haga. En cualquier caso, el Congreso parece tan decidido a todo, que, si la ley es observada, la promulgará por insistencia y asunto concluido. Así, esta gente habrá impuesto en nuestro país el reino absoluto de la impunidad frente a la corrupción.
Se trata de una grosera afrenta al país que este Congreso, que carece de la menor autoridad y legitimidad para legislar, repudiado como está por el 90% de la población, se permite perpetrar. Despreciado con toda razón y justicia, pues la ciudadanía ve a diario su actuación desfachatada en el tráfico de influencias, el abuso de privilegios, la indiferencia ante los problemas del país, su silencio culpable ante el asesinato de 49 personas en las protestas de diciembre a febrero, la protección “con espíritu de cuerpo” a los mochasueldos y un muy largo y vergonzoso etcétera.
En el reino de la impunidad, todos quieren lo suyo. Así pues, el Gobierno lucha como gato panza arriba para negar su responsabilidad en la muerte de 49 compatriotas por proyectil de arma de guerra en las protestas de hace ya medio año. Hasta el momento han logrado que las investigaciones del Ministerio Público no avancen prácticamente nada. Y no hay nadie en prisión por la masacre desatada. La última movida consiste en la negativa del Comando Conjunto de las FF.AA. a entregar a la justicia sus planes operativos contra las protestas con el pretexto de que se trata de “secreto de Estado”. ¿Así? Secreto culpable, será.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 643 año 14, del 07/07/2023, p14
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