El principal argumento que manipulan es el de la soberanía del Estado nacional. Si el Perú es soberano, dicen, no puede estar sujeto a la jurisdicción de una corte internacional. Pero callan que nuestro país, precisamente en ejercicio de su soberanía, con absoluta libertad, capacidad y poder, y junto con la gran mayoría de países de la región, decidió elaborar un tratado y dar vida a un sistema interamericano de protección de derechos humanos, que incluía una jurisdicción supranacional para el efectivo resguardo de todos los ciudadanos; convenio suscrito por el gobierno peruano, ratificado solemnemente por el Poder Legislativo nacional, y elevado al máximo nivel normativo nacional por la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución de 1979, voluntad ratificada por el Congreso Constituyente Democrático que aprobó la Constitución vigente de 1993. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es, en suma, fruto de la voluntad soberana de la más alta institucionalidad de nuestro Estado, no una imposición de comunistas, caviares, terroristas o delincuentes organizados.
Lo que ocurre es que la clase política peruana ha degenerado a tal extremo que encuentran en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos un obstáculo para sus apetitos descontrolados de hacer y deshacer como les viene en gana con la democracia, la institucionalidad democrática y sobre todo con los derechos de las personas. Como no les agrada esa institucionalidad supranacional que nuestro país contribuyó a crear, quieren abolirla o sustraerse a ella con trampa. Para lograrlo, quieren privarnos a todos los peruanos del derecho a recurrir ante la Comisión IDH y la jurisdicción de la Corte IDH, órganos de protección de nuestros derechos fundamentales, con lo cual quedamos totalmente desamparados ante un sistema judicial nacional que hace agua por todas partes y que ellos, estos políticos corruptos, pueden manipular por las buenas o las malas.
Reclaman soberanía para violar impunemente los derechos fundamentales: a eso se reduce, en el fondo, la movida del fujimorismo y el resto de la ultraderecha, para no hablar del cerronismo, que considera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un instrumento imperialista de los yanquis. Quieren tener las manos totalmente libres para matar, sin que nadie les pueda tomar cuentas. La soberanía nacional no es para eso, no es una cobertura para cometer crímenes. Pretenden controlar todas las instituciones del Estado, sin que nadie les pare el macho. La soberanía nacional no es una patente de corso para destruir la democracia, establecer una dictadura y robar como lo hizo la dupla Fujimori-Montesinos a fines de los años 90, cuando le impusieron al país el pretendido retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los promotores de la barbarie que busca repudiar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no faltan los empresarios. No pueden ser más miopes, si no ignorantes. ¿No saben acaso que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental protegido por el sistema interamericano? ¿No saben que esa maldita Corte IDH ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad privada que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables o como objetos intangibles, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona? ¿No les ha tocado acaso en numerosas oportunidades sufrir el despojo impune por parte del poder político? ¿No tienen derechos personales a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad, que merecen la protección de la jurisdicción supranacional?
Esa terrible Corte IDH amparó y protegió vigorosamente los derechos humanos del empresario Baruch Ivcher cuando fue despojado arbitrariamente de la nacionalidad peruana y de todo su patrimonio hace poco más de veinte años. Se trata de un caso emblemático con el que el tribunal comenzó el desarrollo jurisprudencial del derecho a la propiedad, pero el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha resguardado extensamente los derechos fundamentales de no pocos empresarios y ciudadanos de diversos países de la región. No conocen acaso que dicha jurisprudencia, pocos años después, impuso reglas a las posibles limitaciones al derecho a la propiedad en uso del poder punitivo del Estado (casos Tibi y Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador) y al poder de expropiación del Estado sobre bienes inmuebles (caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador). ¿De verdad, desconocen las sentencias de esa roja Corte IDH que cuestionan el robo de ganado, las que censuran el saqueo de tiendas, las que condenan la quema de viviendas y las que repudian la violación al derecho a la propiedad en contextos de conflicto armado interno? Por si se olvidaron, hagan memoria sobre el conjunto de sentencias que los ahora llamados jueces caviares de la terrorista Corte IDH han emitido para proteger a los accionistas de empresas (casos Cantos vs. Argentina, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Perozo vs. Venezuela, Radio Caracas Televisión vs. Venezuela, entre otros). ¿Los empresarios son tan tontos que van a renunciar tan fácil e inconscientemente a esa parte importante de sus derechos, que pueden lamentar un día cercano?
Si el gobierno de Pedro Castillo hubiese derivado hacia una dictadura abiertamente chavista y hubiese pretendido imponer confiscaciones y despojos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos hubiese sido una barrera muy importante para luchar contra la arbitrariedad. De hecho, en los 17 meses del gobierno efímero, caótico y corrupto de Pedro Castillo, varios líderes de la ultraderecha congresal y del empresariado anunciaron con presentar fogosos recursos ante la jurisdicción supranacional. ¿Qué pasó ahora? ¿Creen que otro régimen no los tocará como lo hizo con muchos empresarios el fujimontesinismo de los años 90? Vamos, si hasta la propia Keiko Fujimori, enemiga jurada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, anunció más de una vez, en momentos de desesperación, que recurriría a la protección de la Comisión y la Corte IDH ante lo que ella consideraba como una violación de sus derechos fundamentales en el sistema judicial nacional.
La protección de los derechos fundamentales de las personas por parte de órganos supranacionales creados por tratados suscritos por los Estados es una realidad del mundo civilizado, un desarrollo de lo mejor de la democracia. Quienes afirman falsamente que la jurisdicción internacional afecta nuestra soberanía nacional, dicen puras tonterías. ¿Acaso Francia o Alemania, potencias mundiales, una de ellas poseedora de armas nucleares, son menos soberanas porque acatan cumplidamente los veredictos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como lo hacen otros 46 países de Europa? En Francia, Alemania o España a nadie, salvo a la ultraderecha más primitiva, xenofóbica, homofóbica y racista, se le ocurre plantear iniciativas de ley para repudiar tratados de protección de los derechos humanos como ocurre en esa caverna involutiva que habitan los congresistas peruanos.
Amparar la vigencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y la pertenencia del Perú al sistema es parte indispensable de la defensa de la democracia y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, de todos los sectores y niveles sociales. La defensa de una democracia que valga mínimamente la pena, se entiende, no lo que ahora llaman “democracia”, que no es más que la tiranía desenfrenada de una costra corrupta que solamente quiere asegurarse la impunidad de sus crímenes.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 655 año 14, del 29/09/2023, p15
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