Ante cualquier decisión judicial, lo que cabe, si uno no está de acuerdo con toda o parte de ella, es cuestionarla con argumentos y presentar una apelación. Así de simple. Esa es la regla. Pero en el Congreso están convencidos de que ellos no se encuentran sometidos a los dictados judiciales como lo están todas las demás personas naturales y jurídicas. Es más: se sienten por encima del Poder Judicial, se consideran superiores en rango y jerarquía a la administración de justicia. Les llega la toga, los códigos y sus resoluciones. Por ello, de ninguna manera pueden aceptar que una corte de justicia les enmiende la plana y les pare la mano, aun cuando hayan actuado a la mala, en abierta y dolosa contravención a la ley y los principios del derecho, como lo han hecho de modo tan evidente y escandaloso en el caso de la Junta Nacional de Justicia y los dos magistrados mencionados en particular.
No bien conocida la medida cautelar que deja sin efecto la destitución e inhabilitación dictada de manera exprés contra los magistrados Tello y Vásquez, la presidencia del Congreso emitió un comunicado afirmando con singular desparpajo y grosería que no cumplirá con la medida judicial porque esta afecta atribuciones “exclusivas y excluyentes” de la entidad. Lo que no dicen es que la decisión judicial preventiva no se refiere a las facultades del Congreso, sino al atropello de principios y derechos básicos cometidos en agravio de los magistrados Tello y Vásquez.
El comunicado del Congreso es un desafío abierto al orden jurídico democrático más elemental. Literalmente actúan como lo haría un matón en tierra de nadie, cual gamonal en su chacra. En el estado de derecho, cada organismo del Estado cumple una función determinada, contando siempre con el contrapeso de otro u otros poderes. En este caso, el Poder Judicial contrapesa las atribuciones del Congreso cuidando de que no se cometan injusticias ni atropellos en su ejercicio. Tal es el objeto y al mismo tiempo el límite del control judicial. Y en este episodio concreto, un tribunal ha encontrado claros abusos, que ya en su momento fueron señalados por múltiples observadores nacionales y del extranjero.
Si no está de acuerdo con la medida judicial de la Corte Superior, el Congreso puede litigar el caso y presentar un recurso de apelación ante el propio Poder Judicial. Tal es el paso que corresponde procesalmente, el trámite normal que estaríamos obligados a tomar todos los ciudadanos. Pero en el Congreso, decimos una vez más, se sienten por encima de la ley que vale para todos menos para ellos. Creen tener corona. Vamos, si ellos deciden por simple mayoría de votos que los congresistas mochasueldos no han cometido delito alguno y pueden dejar sin efecto, también por mayoría, las acusaciones constitucionales presentadas por el Ministerio Público después de minuciosas investigaciones contra sus amigotes por delitos comunes. Se imaginan todopoderosos.
Así, el Congreso ha decidido inventarse una vía propia ad hoc para alcanzar sus objetivos y entonces resuelve recurrir directamente, en guan, ante el Tribunal Constitucional para que declare la nulidad inmediata de la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional de la Corte Superior. Esto es insólito y burdo. Se salen de la vía procesal porque les da la real gana y porque desconfían de una nueva resolución judicial, pues temen que no les sea favorable. Entonces se van a lo seguro y recurren al Tribunal Constitucional que ellos nombraron y que tantas pruebas ha dado de obsecuencia y sometimiento a los deseos de la mayoría congresal, como ocurrió por ejemplo en el escandaloso indulto a Fujimori, decretado en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ya ni siquiera guardan las apariencias. La forma en que recurren al Tribunal Constitucional es una abierta humillación para este organismo, expuesto como agencia a su servicio. Porque tal es el tono del comunicado y el recurso presentado por el Congreso, un tonito prepotente de amo a sirviente: toma, haz esto. Y el Tribunal Constitucional lo permite y actúa en consecuencia, tratando de mostrar esmero en el cumplimiento. Una vergüenza para la trayectoria de esta entidad, comparable a los tiempos en que su antecesor, el Tribunal de Garantías Constitucionales, vivía sometido a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, después de la destitución arbitraria de tres de sus magistrados, tal como hoy se hace con la Junta Nacional de Justicia.
La intervención del Tribunal Constitucional pedida por el Congreso viola el orden jurídico. Nuestra ley máxima establece claramente que ningún organismo puede intervenir en un proceso judicial en curso en el sistema judicial. El Tribunal Constitucional no puede actuar como procurador exprés del parlamento y menos aún como su tribunal privado donde siempre tiene la razón. Entre tanto, la Junta Nacional de Justicia acaba de restituir en sus funciones a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, en acatamiento debido a la orden judicial. Veamos ahora si el Tribunal Constitucional decide una vez más dar alas a los sediciosos que desde la plaza Bolívar imponen el caos en el estado de derecho, privilegiando sus propios intereses por encima de los del país.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 679 año 14, del 29/03/2024
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