Ronald GamarraEn el Estado peruano mandan a sus anchas los malandros y los réditos privados. El bien público, los intereses de la gente, los derechos del pueblo a los servicios fundamentales, el respeto a la dignidad humana, ya no entran en modo alguno en la ecuación cuando se trata de decidir sobre el gasto público, es decir, sobre la distribución y ejecución del presupuesto del Estado. Porque, efectivamente, el desembolso público se ha convertido en una feria de la repartija, en la cual cada podre, cada mafia, cada sinvergüenza, trata de obtener en primer y exclusivo lugar “lo suyo”, su “mordida”, su parte del botín.
El perjudicado es el peruano que lucha cada día, y sobre todo los más vulnerables; todos los compatriotas que tenemos la desventura de sufrir los latrocinios del gobierno y el congreso, que son los que aprueban el presupuesto trozándolo como buitres, y de los funcionarios nacionales, regionales y locales que lo ejecutan. La corrupción campea entre todos ellos, junto con un absoluto desprecio por la gente, que en la mentalidad de ellos no merece servicios ni obras de calidad, que sirvan de manera efectiva para solucionar problemas, ayudar a los más vulnerables, facilitar el progreso de los trabajadores y emprendedores, mejorar la salud, la educación y todo aquello que pueda abrir una perspectiva de buen futuro.
Todos podemos comprobarlo a simple vista, dándonos una vuelta por la ciudad que habitamos. Pistas “reparadas” que no duran lo mínimo, puentes que se caen (perdón, se desploman) dos o tres años después de haber sido inaugurados con bombos y platillos, escuelas construidas a mínimo costo, sin servicios higiénicos, que ya tienen los muros y hasta las columnas cuarteadas, colas de adultos bastante mayores en la madrugada para obtener una cita incierta en la salud pública, veredas rotas una y otra vez por ausencia total de coordinación, absoluto desinterés en la vivienda popular, transporte público como latas de sardinas, obras abandonadas por años a la intemperie… la lista es interminable.
Y lo también escandaloso es que tras cada contrato del Estado casi siempre encontramos una empresa ejecutora improvisada, con frecuencia creada poco antes de la licitación, sin ninguna experiencia en la tarea o servicio que se le encarga. Se trata de compañías obviamente fraudulentas, tras las cuales están los inspiradores de la “obra pública” a la expectativa de embolsarse el dinero público, cuanto antes mejor. Y qué demonios importa si después el producto no cumple en absoluto con lo que se ofreció, si empieza a caerse a pedazos desde que se inaugura o se “desploma” en tiempo récord, o si queda abandonada indefinidamente. El Estado peruano bate récords en obras echadas al olvido por las cuales nadie asume nunca la menor responsabilidad.
De allí vemos la profunda y gravísima relación entre el bienestar y la política. Si uno no se ocupa de la política y no hace sentir su voz de protesta ante los abusos de las autoridades chorizas, será su víctima. Esa es la verdad. La calidad de los servicios públicos guarda relación íntima con la capacidad de la gente común y corriente para hacerse respetar, demandar sus derechos y, sobre todo, exigir responsabilidad efectiva. El apoliticismo juega a favor de la negligencia, la desidia, la corrupción, el caos administrativo, la indiferencia y el desprecio hacia el pueblo. La persona que se estima debe exigir la consideración que se merece.
Y al criticar el apoliticismo no me refiero a que usted deba inscribirse en uno de esos partidos ridículos que en realidad son ahora negocios privados donde se compran y se venden candidaturas y puestos públicos. No, todo lo contrario. Aludo al interés activo por lo público, por lo que nos afecta a todos, por aquello que por algo denominamos bien común, que a fin de cuentas es el bien de la colectividad, el bien de la patria. Debemos estar informados y actuar de muy diversas formas, pero siempre convergiendo, uniéndonos, a través de iniciativas ciudadanas, comités o movimientos congregados para fines precisos de defensa de nuestros derechos. Y si se trata de entrar en política seria, decente, para postular a cargos públicos, pues hacerlo con el compromiso y honestidad que hoy brillan por su ausencia en la política nacional. Pero por ahora no hablo de ello, sino de algo más básico y vinculado a la simple condición de cualquier ciudadano.
En el Perú de los años recientes, las cosas se han complicado gravemente debido a que el Estado ha sido tomado por asalto por los intereses mafiosos de grupos económicos ilegales que han hallado en ciertos partidos los instrumentos idóneos para hacer de las suyas y beneficiarse a bolsillos llenos, mientras perjudican el presente y sobre todo el futuro de los peruanos.
Pensemos solamente en la educación, donde la alianza del fujimorismo con la bancada magisterial (representante de la FENATE, sindicato trufado de senderistas) ha logrado aprobar una ley que permitirá el nombramiento automático de decenas de miles de maestros que no han aprobado el examen de aptitudes mínimas para serlo. Qué les importa la educación pobrísima, misérrima, que recibirán los niños de las escuelas estatales, a ellos solo les importa su conveniencia electoral. Lo mismo ocurre con la salud, donde el ministro, vasallo de César Acuña, se propone suspender el examen nacional de medicina, que pone una barrera al ingreso de “médicos” ineptos al servicio público, solo para facilitar la entrada de los médicos egresados de la universidad de su jefe político, la César Vallejo (qué agravio al poeta), que fracasan en ese examen en un 75%. Pero a esos ministros de salud y educación, a su gobierno y a su congreso ¡qué les importa la salud y la educación del pueblo y su niñez!
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 696 año 14, del 26/07/2024
https://www.hildebrandtensustrece.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario