La coalición congresal encabezada por el fujimorismo, que articula a la ultraderecha, el cerronismo y otros grupos mafiosos tras el gobierno de Dina Boluarte, se propone, ahora sí, tomar el control definitivo de la Junta Nacional de Justicia. El plazo de los actuales integrantes de la JNJ vence a fines de este año, indefectiblemente. Si bien el fujimorismo y sus aliados se jugaron a fondo para destituirlos sin motivo válido, no lo lograron gracias a amparos judiciales que corrigieron los atropellos aleves. No se puede descartar, sin embargo, que vuelvan a intentarlo aún en estos meses postreros, pues su capacidad para el acuchillamiento, la venganza y el agravio artero es imprevisible.
Ahora se trata de otra cosa. Hay que designar a los nuevos integrantes de la JNJ para ejercer el cargo durante los próximos cinco años. Ello se hace mediante concurso público convocado y definido por una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Conscientes de esto, los de la coalición fujimorista se han esmerado en estos años en digitar a los que forman parte de la comisión especial y asegurarse la mayoría en ella para hacerse con el manejo y la dirección de la nueva JNJ. Con ello lograrán ejercer un poder temible sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público, que les permitirá someter a jueces y fiscales a un control arbitrario, expulsar a los magistrados que se atrevan a investigarlos por los innumerables delitos por los cuales se indaga a congresistas y miembros del gobierno, y llenar la judicatura con jueces y fiscales mafiosos, como en los tiempos de sus tan defendidos “jueces hermanitos” encabezados por el prófugo juez supremo César Hinostroza, el de los servicios comprometidos a “la señora K”.
La comisión especial encargada de seleccionar a los nuevos integrantes de la JNJ está presidida por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la integran Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial; Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación; Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional; César Aguilar, Contralor General de la República; Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Félix Romero, rector de la Universidad Ricardo Palma.
Los nombres, y las historias, no dejan lugar a ninguna duda. Esta comisión especial no ofrece ninguna garantía de imparcialidad y objetividad, pues cuatro de sus siete integrantes responden directamente al mandato del bloque articulado por el fujimorismo. Recordemos que el presidente de la comisión, Josué Gutiérrez, fue nombrado Defensor del Pueblo sin ningún otro mérito que su obsecuencia incondicional a Vladimir Cerrón y, como resultado de la negociación y acuerdo establecido entre los Cerrones y el fujimorismo, fue puesto en el cargo para digitar precisamente este proceso de selección para la JNJ, entre otras tareas. Josué Gutiérrez no es un simple presidente formal. En la práctica, él tiene el control ejecutivo de todo el proceso de selección y su direccionamiento.
También son obvios y obsecuentes servidores de la coalición encabezada por el fujimorismo el presidente del TC, organismo nombrado por este Congreso, que se ha convertido en una mesa de partes de sus atropellos y legicidios; así como el Contralor General, designado por el Parlamento a propuesta de Dina –tu mamá– Boluarte, nada menos, que ha de ser tan funcional a la coalición gobernante como lo fue su antecesor Nelson Shack. Lo mismo cabe decir de la rectora de San Marcos, especialmente activa en la destrucción de la SUNEDU, objetivo alcanzado plenamente por la mafia “educativa” que tantos miembros tiene entre los actuales congresistas.
No hay razón para esperar nada bueno de una comisión conformada de este modo. Al contrario, de ella solo se puede esperar la venia y el chicheñó al naranjismo y su sueño de tener bajo su red a la administración de justicia. Por ello, respondiendo a la preocupación que desde hace ya tiempo existe en torno a las vulneraciones de la democracia y el estado de derecho en nuestro país, un conjunto de entidades de la sociedad civil de nuestro continente conformó una Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia (MIO-Perú), que desde hace meses evalúa con creciente preocupación el proceso que lleva adelante la comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Recientemente, la MIO concluyó su segunda visita de observación, y al término de ella advirtió con marcada inquietud el serio déficit de transparencia que muestran las primeras etapas del concurso para la selección de los nuevos miembros de la JNJ, en relación con la aprobación del reglamento y las bases del concurso, la convocatoria a las personas interesadas y la publicación de los antecedentes de los postulantes.
En resumen, la Misión Internacional de Observación constata que el proceso que lleva adelante la comisión especial carece de transparencia y no ofrece las garantías mínimas para producir nombramientos idóneos. Este domingo, prácticamente entre gallos y gatos ron ron, la comisión especial procedió a tomar el examen escrito de conocimientos entre los 51 postulantes y declaró aprobados a una veintena de ellos. Ninguno es un profesional conocido, ninguno tiene un récord en materia de derechos humanos, ninguno cumple con la ejecutoria necesaria e imprescindible en aquellos que van a cumplir las muy delicadas funciones de control sobre jueces y fiscales. Ya sabemos que los tunantes de Plaza Bolívar y este gobierno de sangre y rolex desprecian el mérito, el conocimiento y la ejecutoria. En su lugar, promueven, en cambio, la mediocridad, el caciquismo, la complicidad, la obsecuencia.
La Misión, a pesar de los obstáculos opuestos a su labor, proseguirá su tarea de observar y dejar constancia del proceso de selección seguido por la comisión especial. La integran cuatro juristas de primera línea, como Thelma Aldana, guatemalteca, Fiscal General de su país entre 2014 y 2018, y antes presidenta de la Corte Suprema, que se distinguió por su decidida lucha contra la corrupción desde las esferas más altas del poder y por ello fue perseguida por el “pacto de corruptos” que dominó Guatemala en los últimos años. Por su parte, Stephen McFarland es un destacado diplomático norteamericano, embajador en Guatemala entre 2008 y 2011, y alto funcionario de las embajadas de su país en varios países de América latina, incluido el Perú, país que conoce desde muy joven pues terminó la escuela secundaria en Lima.
También integra la MIO Jaime Arellano, jurista chileno, destacado miembro del Partido Demócrata Cristiano, que desempeñó altas funciones durante el período de recuperación de la democracia en su país, entre ellas el cargo de ministro de Justicia entre los años 2000 y 2006. Finalmente, Edison Lanza, jurista y comunicador uruguayo, desempeñó el alto cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2020, y es autor de varios libros, entre los cuales destaca el titulado “La corrupción y su freno: Ciudadanía, instituciones y normas”, tema tan pertinente a la realidad actual de nuestro país.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 698 año 14, del 30/08/2024
https://www.hildebrandtensustrece.com/
https://www.leerydifundir.com/2024/09/peru-al-asalto-la-jnj/
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