Ronald GamarraEl régimen ha puesto todas sus esperanzas de sobrevivir a la ola de protestas en la celebración del foro internacional de APEC, que se llevará a cabo la próxima semana en Lima. En primer lugar, pone el argumento del prestigio nacional ante un evento de calado total que convoca a numerosos líderes políticos y empresariales que se darán cita en la capital peruana durante tres días. No podemos dar una mala imagen, dicen la presidenta, sus ministros, los congresistas de la fujiderecha. Afirman que lo más importante es quedar bien ante los extranjeros. Y parte de ello, afirman, es portarse bonito, mostrar un perfil de unidad nacional. Presentar reclamos y protestar por el motivo que fuese durante los días que dure el evento debe ser considerado como un acto de traición a la patria.
No olvidemos que la traición a la patria se paga con la vida, si ocurre en tiempo de guerra exterior, y con cadena perpetua o privación de la libertad por un mínimo de 25 años en cualquier otra circunstancia. Son palabras mayores. No importa en absoluto que el uso que la fujiderecha le da al término no corresponda en absoluto con el tipo penal. Lo significativo, en lo inmediato, es el insulto al opositor como traidor a la patria, que suena tan fuerte como terrorista. Y a mediano plazo, banalizar el término y finalmente vaciarlo de contenido, de manera que, al cabo de un tiempo, ya nadie sepa realmente qué cosa es felonía, del mismo modo que ya nadie sabe qué cosa es terrorismo, y entonces ambos términos se puedan utilizar como arma arrojadiza contra cualquier cosa que haga o diga un adversario, sin importar la naturaleza ni la gravedad del hecho.
Por supuesto, todo esto solo es basura retórica de la peor especie para intentar amilanar la protesta. Porque lo real es que, frente a los reclamos de numerosos y muy diversos sectores populares, unidos coyunturalmente por la demanda de seguridad contra la delincuencia común expresada por la extorsión y el sicariato, el gobierno y el congreso han respondido con un sonoro portazo. Por lo pronto, el congreso cerrará, adelantando la semana de representación que, como sabemos, son los 7 días de cada mes en que los tunantes de plaza Bolívar se van de paseo y ganan dinero del Estado sin trabajar. Les importa un comino la protesta anunciada por numerosos gremios y organizaciones precisamente para esta semana. Se van sin derogar ni una línea de la ley pro organización criminal que ellos aprobaron y que obligó en estos días a los jueces a dictar la absolución del clan Orellana.
La administración de Dina Boluarte, por su lado, ha declarado feriados los días que el APEC se reunirá en Lima. Tres jornadas festivas, nada menos. Tres días de paralización económica decretada por el gobierno. Con ello intenta disimular los efectos de un paro que se mostró mayoritario y sólido en octubre. Confían en que la gente se quede en sus casas y no salga a protestar. Tal es su cálculo. Ya veremos si aciertan o no. Entre tanto, concentran fuerza policial y militar y adquieren más pertrechos para reprimir la protesta social. Suponen que, si sortean el APEC sin contratiempos, ya solo les faltará un pequeño lapso para llegar a las fiestas de fin de año y adiós revueltas hasta después del verano. La idea es huir, pero huir hacia adelante. El problema con esta conjetura es que, en años anteriores, hemos visto movilizaciones y pitas masivas y hasta decisivas en vísperas de fiestas y más de un verano caliente.
Por otro lado, la lucha por la supervivencia se complica para Dina y su camarilla. Parte de la fujiderecha ya decidió que el pacto de conveniencia con ella ya se venció y que es la hora de darle de baja. Que conviene hacerlo ahora mismo para borrar con tiempo de la memoria popular la íntima y estrecha colaboración y complicidad que han mantenido con la Boluarte desde que se hizo cargo del gobierno. El fujimorismo, por su parte, parece preferir, por ahora, continuar la sociedad de mutuo beneficio con la presidenta, donde la parte del león se la lleva Keiko. Otra cosa muy distinta puede ser dentro de cinco o seis meses, cuando se hayan convocado las elecciones generales de 2026 y la vacancia de la Boluarte no tenga que poner necesariamente en cuestión la duración de este congreso hasta ese año. Al menos eso ha dicho Cerrón, que cachuelea como conserje de la mesa de partes del fujimorismo. Entonces todos los sectores de la derecha podrán coincidir en la necesidad perentoria de deshacerse de Dina para hacerse pasar por opositores de su desastroso gobierno, que en realidad ha sido el de ellos.
La Boluarte puede estar saltando en estos meses de la sartén de las protestas populares para caer en las brasas de sus socios leoninos de la fujiderecha. Pero esto tampoco es ineluctable. Dina debe estar tejiendo afanosamente modos de sobrevivir, ella también, hasta 2026 y aún más allá, cuando ya no sea presidenta, y quede expuesta a la posibilidad de responder judicialmente por los crímenes cometidos en su gobierno, empezando por las matanzas de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. Qué nuevas servidumbres asumirá en estos meses decisivos para ella, si sobrevive a la protesta popular de hoy. Pronto lo veremos, en todo caso. Sabemos que no hay límites para quienes cruzan el Rubicón de la dignidad.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 708 año 14, del 08/11/2024
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