"¿Desde cuándo la JNJ designa al fiscal de la nación?"
La coalición corrupta que ejerce el poder desde el Congreso se ha propuesto tomar por asalto y apoderarse, de una vez por todas, de la Fiscalía de la Nación, que es la máxima autoridad del Ministerio Público. Unos con chaira en la mano y proyectos ruines, otras con bisturí en la ñata y recorte de presupuesto, y terceros con resoluciones torcidas dictadas para causar el caos e imponer a una de las suyas. Todos lanzados a la intervención de la institución donde se ventilan importantes investigaciones contra ellos por graves delitos de corrupción en sus diversas formas y por la muerte de ciudadanos que hacían uso de su derecho a la protesta. Todos unidos en el objetivo –perseguido con encono y sin fatiga desde hace ya varios años– de acanallar y aplastar al Ministerio Público.
El llamado de Pedro Castillo a la ruptura del orden constitucional fue sucedido por una coalición de intereses corruptos que desarrollan un golpe de Estado continuado desde que se hicieron del poder. Incluso desde antes. El objetivo de apoderarse de los organismos autónomos del Estado y controlarlos directamente a través de personajes obsecuentes se vio desde el momento en que el fujimorismo y la ultraderecha consiguieron el apoyo incondicional de un cerronismo de ultraizquierda hipócrita. De la mano, muy juntitos, cumplieron su primer cometido al designar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, todos al servicio de la coalición congresal, con alguna excepción honrosa.
Luego no les fue difícil tomar el control de la Defensoría del Pueblo a través del abogado de Vladimir Cerrón, cuya gestión se ha caracterizado por el abandono total de la función de defender los derechos de las personas para convertirse en instrumento y vocero de las posiciones más reaccionarias y adversas al respeto a los derechos fundamentales. Controlar la Defensoría del Pueblo era un asunto clave, porque corresponde a esta entidad presidir y conducir el proceso de designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
A su vez, la Junta Nacional de Justicia fue objeto de una continua agresión por parte del Congreso, que se propuso destituir ilegalmente a todos sus integrantes. Al encontrar una inesperada resistencia de los miembros de aquella JNJ, trataron por todos los medios de destituir al menos a tres de ellos. Finalmente fracasaron. Pero allí entró entonces a tallar el inefable Defensor del Pueblo actualmente en funciones. Y este señor se encargó del proceso de nombramiento de una nueva JNJ, que es la actual, que al igual que el Tribunal Constitucional está conformada por gente alineada casi totalmente con la mayoría congresal.
Esta nueva JNJ está tan parcializada hacia los intereses nada santos que entre las primeras cosas que está aprobando se encuentra la rehabilitación y la pretendida reincorporación, al servicio, de magistrados lastrados por investigaciones y conductas culpables que en su momento justificaron plenamente la sanción que se les impuso. Esta última semana, por ejemplo, lo ha hecho con el exfiscal supremo Tomás Gálvez, que ahora tendría la vía expedita para volver a sentarse en la junta de fiscales supremos.
Pero la cereza de la torta es la anulación de la destitución impuesta a Vane, también conocida como Patricia Benavides, y su supuesta restitución como Fiscal de la Nación. Al mismo tiempo cancelan la expulsión de la exjuez superior Enma Benavides y ordenan su regreso. La JNJ se ampara para sus decisiones arbitrarias en supuestos vicios procesales, que inventan con torpeza y sin vergüenza. Pero no ven el prontuario que adorna la carrera de estos exmagistrados y el porqué se les destituyó. A esta JNJ parece no preocuparle que la exjuez superior Enma Benavides afronte ahora mismo investigaciones penales por favorecer a narcotraficantes en el ejercicio de su función. Tampoco le inquieta que Tomás Gálvez, al igual que Enma Benavides, formase parte conspicua del entorno del juez hermanito César Hinostroza, prófugo de la justicia, que parece conservar un enorme poder.
Patricia Benavides, por su parte, tiene un legajo de investigaciones penales en pleno trámite. Aun así, los integrantes de esta nueva JNJ, salvo el honorable doctor Francisco Távara, pretenden imponerla como Fiscal de la Nación. Al modo malandro, apuñalando la institucionalidad y el derecho. Resolución absurda, además de anticonstitucional, pues se pronuncia sobre una materia que está pendiente de exclusiva decisión en el Poder Judicial, ha sido adoptada sin la unanimidad de votos conformes exigida, y se atribuye una competencia que, de manera excluyente, es de la Junta de Fiscales Supremos. Así, la mayoría de la JNJ apunta a la destitución de hecho a la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, que actualmente ejerce el cargo, elegida de acuerdo al procedimiento constitucional hace menos de un año. ¿Desde cuándo la JNJ designa al fiscal de la nación? ¿Desde cuándo la JNJ destituye sin proceso a una fiscal de la nación debidamente elegida según los requisitos de la Constitución?
Al momento de cerrar este artículo, cinco días después de emitida la resolución que rehabilita y repone a Patricia Benavides, la JNJ no ha sido capaz de dar a conocer el texto de su resolución debidamente suscrita por todos sus miembros, los siete, pues la ley exige para amparar este tipo de recurso que la decisión sea unánime. Unánime. Y, sin embargo, sin contar con una resolución emitida de acuerdo con los requisitos mínimos, el lunes Vane, resguardada por matones y alentada por la pestilencia, intentó hacerse de la Fiscalía de la Nación mediante un golpe de mano.
A estas alturas no está claro en qué ha de quedar este caos creado y estimulado por la gente del pacto corrupto. La Fiscal de la Nación Delia Espinoza ha rechazado con decisión la supuesta resolución de la JNJ y ha denunciado que se intenta un golpe de Estado. Es cierto.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 20/06/2025
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