La Nación Wampís ha decidido enfrentar a los mineros ilegales que envenenan el río que les da vida y al que protegerán así sea sin ayuda del Estado
El pasado 12 de julio los pobladores de la comunidad Fortaleza se atrincheraron en la orilla del río Santiago para impedir el ingreso del grupo Charip, palabra que significa “rayo” y que es un sistema de vigilancia de los wampís. (FOTO: Evaristo Pujupat/GTANW)
Setenta wampís a bordo de tres embarcaciones se jugaron la vida para defender su territorio. Zarparon de madrugada y cuando estaban por llegar a una de las comunidades tomadas por mineros ilegales les dispararon con armas de largo alcance. En el operativo debieron estar la Policía Ambiental y el Sernanp, pero saltaron del barco días antes de la intervención. Harto de esperar la ayuda, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís decidió enfrentar las hordas de los mineros ilegales.
Los wampís, también conocidos como huambisas, habitan la Amazonía ancestralmente. Son 85 comunidades esparcidas por la selva de Loreto y Amazonas, la mayoría de ellas asentadas en la cuenca del río Santiago. En 2009 los wampís participaron en el Baguazo. Aquel episodio fue un peldaño clave en la fundación, el 2015, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís.
“El objetivo no fue independizarnos sino organizarnos para hacer respetar nuestros derechos”, señala Wrays Pérez, líder indígena y primer presidente de la organización.
La Nación Wampís está integrada por 15,000 indígenas y resguarda 1’327,760 hectáreas de bosques. Hoy viven amenazados por la minería ilegal.
En 2021 comenzaron a llegar mineros desde Madre de Dios y Cusco. Instalaron las primeras dragas en el río Santiago y enseguida a la deforestación le siguió los efectos devastadores del mercurio. Hoy operan más de 32 dragas ilegales. Las comunidades más afectadas son Fortaleza, Guayabal, Belén y San Juan.
“Han logrado entrar pagando a los pobladores y aliándose con los apus. Hay lugares donde los comuneros les han entregado a sus hijas para afianzar su pacto”, señala Tsanim Wajai Asamat, director de Justicia del Gobierno Wampís.
Las tarifas están fijadas: cada familia que respalda su actividad ilegal recibe S/ 2,000 mensuales. Si hay una interdicción, sumarse al enfrentamiento para evitar la incautación supone un extra de 50 soles y un almuerzo. A los niños, por apostarse como escudos, también se les paga un “jornal”.
Cada comunidad tiene en promedio 25 familias. La “inversión” sale a cuenta. Cada draga saca en promedio entre 17 y 34 gramos de oro al día. En un buen mes una draga produce más de un kilo de oro y obtienen ganancias que superan los S/ 250,000.
“Aprovechan la situación de pobreza en la que vive la gente”, dice Tsanim Wajai. “El río Santiago –añade– ha cambiado de color, ahora viene turbio y los pocos peces que hay no los podemos consumir porque el agua está contaminada con mercurio. Los mineros les hacen creer a los pobladores que las dragas son sinónimo de desarrollo”.
La fiebre del oro ha seducido a ciertas comunidades indígenas. En San Juan algunas han adquirido una draga.
A falta de una respuesta del Estado, el Gobierno Wampís ha implementado su propio sistema de control y vigilancia territorial. Lo llaman Charip, que significa “rayo”.
Cuenta por ahora con una base en la comunidad de Villa Gonzalo. Es una caseta de vigilancia en la que rotan nueve comuneros y 30 más en reserva. Van apertrechados como pueden: algunos con escopetas de caza y otros con lanzas. Wrays Pérez, uno de los líderes, consiguió tres chalecos antibalas.
“Los Charip enfrentan limitaciones para llevar a cabo interdicciones, nuestra implementación es muy pobre. Pensamos que este año contaríamos con el respaldo del Estado para frenar la minería ilegal, no fue así”, señala Teófilo Kukush Pati, actual presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís.
El viernes 20 de junio se reunieron en la Municipalidad Distrital de Río Santiago representantes del gobierno Awajún, funcionarios de Sernanp, de la municipalidad y la Policía Ambiental. Acordaron que la Policía patrullaría cada quince días junto a los indígenas de la Charip y harían cribados entre la población para medir el mercurio en la sangre. El acuerdo más importante fue la programación de una interdicción en la zona baja del río Santiago, donde están las comunidades más golpeadas por la minería ilegal.
“Nos dijeron que estaban dispuestos a hacer el trabajo y necesitaban de nuestro apoyo”, señala Galois Flores Pizango, vicepresidente del gobierno autónomo.
La población wampís se organizó para el operativo pactado del 10 de julio. Una semana antes sus líderes acudieron a las oficinas de Sernanp para conocer la estrategia. Descubrieron que no tenían ningún plan listo. Los funcionarios alegaron que no había autorización para la interdicción y les aconsejaron conversar con las autoridades en Lima.
El 8 de julio el secretario técnico del Gobierno Wampís, Shapion Noningo, se reunió con Rodolfo García Esquerre, del Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la PCM. La reunión fue una pérdida de tiempo. Rechazaron la interdicción. Hartos del maltrato, la Nación Wampís emitió un pronunciamiento.
“(Comunicamos) nuestra decisión ineludible de iniciar una acción de autoprotección comunitaria, social y defensa territorial para erradicar la minería ilegal del río Santiago ante la inacción crónica y falta de real voluntad del Estado peruano [...] el Gobierno, a través de la PCM [...] retiró el apoyo y nos abandonó”, se lee en el pronunciamiento.
El 9 de julio enviaron una carta al general Miguel Merino Mogollón, comandante general de la 6.ª Brigada de Selva del Ejército. Le solicitaron permiso para alojarse en la base militar de Pinglo, cerca de Bajo Santiago, y así facilitar la intervención a mineros ilegales prevista para el 12 de julio.
La mañana del 12 setenta wampís a bordo de tres embarcaciones llegaron a la base militar de Pinglo, pero allí les cerraron las puertas.
Se fueron a la comunidad de San Rafael para reorganizarse y a las 2 de la tarde partieron hacia Fortaleza. Cuando estaban por llegar, fueron atacados.
“Desde los peque-peques (embarcaciones) empezaron a dispararnos. Tenían rifles, armas de largo alcance. A un comunero la bala le rozó la chompa y le dejó un agujero. Disparamos al aire con nuestras escopetas de caza. Cuando intentamos salir de la zona nos persiguieron. Al llegar a la quebrada de Yurec, donde hay varias dragas, se plantaron pensando que íbamos a entrar. Tuvimos que irnos”, narra Galois Flores, vicepresidente de los wampís.
“Lamentablemente el Estado no tiene una estrategia para combatir la minería ilegal. La población wampís está viviendo la manifestación del avance de las economías criminales del país. Es triste que por más que soliciten apoyo no lo encuentren”, señala Vladimir Pinto, integrante de la ONG Amazon Watch.
“Los mineros ilegales –añade Pinto– han ganado terreno, incluso están dispuestos a perder la maquinaria como costo operativo, tienen una capacidad para reponerla rápidamente y continuar el negocio”.
“La Charip, con todas sus limitaciones, ha demostrado más eficacia que las propias autoridades. En abril detuvimos a policías vinculados a la minería ilegal. A este gobierno no le interesa la vida de los pueblos. Venimos miles de años cuidando nuestro bosque, nosotros vivimos ahí y lo vamos a defender”, dice Teófilo Kukush, presidente del Gobierno Wampís.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 742 año 16, del 18/07/2025
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