"El Congreso ha aprobado leyes manifiestamente inválidas y pretende que los jueces las apliquen ciegamente"
Hace solo unos días, los agentes que atroz y ridículamente representaban al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentaban una y otra vez que en nuestro país los jueces tienen plena libertad para ignorar la ley de amnistía, aprobada recientemente para favorecer a violadores de derechos humanos, en virtud de los controles constitucional y convencional que estos tienen para no aplicar una ley al caso específico que conocen si la consideran anticonstitucional o contraria a los tratados internacionales firmados por nuestro país para el respeto de los derechos humanos. Por cierto, el argumento era tan flojo y contradictorio que hasta el más ingenuo tenía que preguntarse el porqué aprobaban entonces leyes que saben que son anticonstitucionales y anticonvencionales y que por ello mismo no serán aplicadas por los magistrados que respetan el derecho.
Pero la trama no solo era endeble y contradictoria, sino sobre todo cínica y mentirosa. Porque todos sabemos bien en qué clima político de intimidación y chantaje se tienen que desenvolver los jueces que quieren cumplir debidamente con su función en el país regido por el pacto parlamentario mafioso y su títere Boluarte. Una realidad en la que se quiere imponer la impunidad de un cártel político delincuencial, experto en coimas, lavado de activos, tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho, malversación y otros latrocinios, entre los cuales no pueden faltar las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Una realidad en que los jueces y fiscales viven bajo la permanente amenaza de ser intervenidos y reorganizados arbitrariamente por la mafia parlamentaria y el gobierno.
Es lo que acaba de ocurrir con el correcto juez Richard Concepción Carhuancho, a quien el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia para que sea destituido cuanto antes. Lo acusa de magistrado prevaricador por negarse a aplicar las leyes anticonstitucionales y contrarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos que el Perú se ha comprometido a cumplir. Rospigliosi quiere poner de rodillas a los jueces con este acto de prepotencia, para el cual pretende valerse de una entidad como la JNJ, desacreditada por su obsecuencia hacia la claque congresal y que no cesa de desenmascararse con la rehabilitación de oficio de fiscales y jueces merecidamente destituidos en su momento, como lo ha hecho con Patricia Benavides, a quien pretendió imponer como fiscal de la nación para tomar el control del Ministerio Público.
El juez Concepción Carhuancho actúa de manera irreprochable en el marco del Estado de derecho, ejerciendo sus atribuciones y obligaciones, entre las cuales se encuentra controlar que la justicia sea servida siempre en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y la normatividad internacional reconocida por nuestro país. Recordemos siempre que las disposiciones que surgen de esos tratados y de los organismos cuya jurisdicción internacional hemos admitido en decisión soberana, forman parte del derecho nacional, tal como lo establece la Constitución. Y si el magistrado, al administrar justicia en un caso concreto, encuentra una disposición contraria a la Constitución, está en la obligación legal y moral de imponer el control constitucional difuso y declarar los fundamentos correspondientes para dejar de lado la ley anticonstitucional, tal como lo hace escrupulosamente el juez Concepción Carhuancho.
El problema no es el juez, sino el Congreso que aprueba con desfachatez leyes írritas, brutalmente contrarias a la Constitución. En verdad, el juez es parte de una solución, de una enmienda, al estropicio legal propiciado por una mayoría ocasional, parcializada y corrupta del Congreso, que ha decidido hacer tabla rasa del Estado de derecho en nuestro país para imponer sus intereses espurios de casta, de clan o de banda. Efectivamente, el Congreso ha aprobado leyes manifiestamente inválidas y pretende que los jueces las apliquen ciegamente, servilmente, sin valoración jurídica y menos aún criterio de conciencia. Y si resulta que los jueces se niegan a hacerlo, pues a promover su destitución, a demandar la intervención del gobierno y el Congreso en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Ya ha anunciado el ministrol Santiváñez que su prioridad a corto plazo será la reforma judicial, es decir, apoderarse de estas entidades y ponerlas al servicio del pacto mafioso, tal como han hecho ya con la JNJ, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Y tiene cara de anunciarlo precisamente Santiváñez, ministro que carga con 12 procesos penales sobre sus bien rellenas espaldas. Por supuesto que esos 12 procesos en marcha son su gran incentivo personal para meter mano a fondo en casos que llevan adelante los organismos de la administración de justicia, como lo son las numerosas investigaciones penales de Dina Boluarte, Keiko Fujimori, Patricia Benavides y todos los integrantes de la mafia de los cuellos blancos del juez hermanito César Hinostroza, sus sostenedores y apoyos incondicionales.
Rospigliosi nunca pasó de ser un sociólogo menos que mediocre y ahora que pretende improvisarse como jurista no hace más que decir y hacer cojudeces. Por eso resbala con su denuncia por prevaricato contra el juez Concepción Carhuancho. Este es un delito que debe denunciarse ante el Ministerio Público y procesarse y sentenciarse en el Poder Judicial. La JNJ no tiene nada que ver en esa calificación penal. En tanto el juez observe la conducta funcional que corresponde, que en su caso es irreprochable, los amigotes de Rospigliosi en la JNJ no tienen por qué meter las narice
Peor burrada es que, a renglón seguido, Rospigliosi sostenga tan suelto de huesos que en el Perú no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Vamos, Rospi, que ni siquiera tú te lo crees, que hace apenas unos cuantos años reconocías el contexto y sostenías exactamente lo contrario. ¿Así que no son de lesa humanidad tantos crímenes como el de Accomarca, donde 67 campesinos, entre ellos 26 niños, fueron reventados deliberadamente con granadas y balas, después de ser encerrados en un galpón? ¿No son de lesa humanidad los crímenes del destacamento militar Colina, perpetrador de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, destacamento clandestino creado directamente desde la cúspide del poder y que operaba desde el mismo Pentagonito, todo ello en la época de tu actual tótem político Alberto Fujimori y sus cómplices Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza Ríos? Allá tú con tu conciencia, si algo te queda.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 747 año 16, del 29/08/2025
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