"Empezaron una campaña de intimidación al personal médico y sanitario"
Cada día, en nuestro país, cuatro niñas entre 10 y 14 años de edad pasan precozmente a convertirse en madres. En total, 1,611 niñas de este rango de edad se convirtieron en madres en el año 2022. No solo eso. Cada día, 9 niñas de esa edad quedan embarazadas. Es decir, 3,285 en un año. Estos datos estadísticos provienen del registro de la oficina de la UNFPA en el Perú, entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva. Como todos sabemos, las relaciones sexuales con menores de 14 años están prohibidas por ley penal y configuran el delito de violación. Cada año se perpetran alrededor de 10 mil violaciones sexuales de niñas.
Esta estadística del abuso y la vergüenza se mantendrá o incluso se incrementará gracias al celoso fanatismo ultrarreligioso de la congresista Milagros Jáuregui, que hace apenas unas semanas celebraba eufóricamente haber logrado bloquear la actualización del protocolo de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, de manera que no incluya el aborto terapéutico de las niñas embarazadas por violación que, por lo mismo, sufren afectación en su salud mental. Qué tal crueldad infligida desde el Congreso, con Jáuregui como cabecilla, contra niñas a las que obliga a ser madres después de una violación, niñas cuyos cuerpos y desarrollo psíquico no están preparados para la dura prueba de gestar y parir. Niñas que deberían seguir siendo niñas, no madres a la fuerza por violación.
La congresista Jáuregui proclama haber conseguido “un histórico logro provida”. No hay duda de que se trata de un resultado a favor de su agenda ideológica. Lo que no tiene presente es que su logro ideológico se levanta sobre la ruina de la vida de niñas indefensas, que no han llegado a la madurez. Se trata de algo que puede agradar a seres privados de compasión. Dicen, en su extremo fanatismo, que lo hacen por su convicción de defender la vida humana desde la concepción. Para aquellos a quienes un cigoto, que está muy lejos de ser un feto, vale más que la vida y la salud de una niña de diez años.
El embarazo de las niñas por violación es una de las peores formas de tortura que algunos fanáticos trabajan por normalizar socialmente. Para personas como la congresista Jáuregui, la niña violada está obligada a gestar y parir el hijo de su violador, y para ello está forzada a arrostrar todo el perjuicio del embarazo precoz para su salud física y mental, a sufrir en silencio el peligro para su propia vida y su integridad corporal y psíquica. Esto demuestra a qué extremos de ensañamiento hacia la infancia están dispuestos a llegar los sectarios autodenominados provida en su “lucha ideológica”.
El “logro” de la congresista Jáuregui es parte de una campaña que los llamados grupos provida vienen llevando a cabo contra los derechos de la infancia, muy especialmente contra la aplicación del aborto terapéutico, que en nuestro país está admitido desde el Código Penal de 1924, hace más de un siglo. Sin embargo, en todo este tiempo su aplicación estuvo mediatizada y hasta neutralizada por la falta de normas reglamentarias, en particular el denominado protocolo médico. Esta norma reglamentaria, se aprobó finalmente a mediados de la década pasada, gracias a la presión de la sociedad civil y de los organismos internacionales de defensa de los derechos del niño.
La ofensiva de los extremistas provida no tardó en llegar. Y no solo se trata de que expongan sus argumentos. No, nada de debate. Directamente empezaron una campaña de intimidación al personal médico y sanitario, amenazándolos con demandas judiciales si acataban las normas del protocolo médico. Esta campaña logró que varios equipos médicos de diversos hospitales del país se nieguen a practicar el aborto terapéutico a las niñas embarazadas por violación, por temor a las amenazas de represalias judiciales de estos grupúsculos de fanáticos. Pero esta vez han ido más allá, al someter a su campaña al propio Instituto Nacional Materno Perinatal, que es algo así como la entidad rectora del subsistema de salud materno infantil. En todo esto, ha colaborado el silencio pusilánime de las autoridades del Ministerio de Salud. Es evidente que este ministerio ha caído en manos del oscurantismo, pues en ningún momento ha apoyado a su personal médico, como debía y estaba obligado a hacerlo.
La congresista Milagros Jáuregui controla su propia secta fundamentalista, llamada “La Casa del Padre”. Un reportaje del periodista Alessandro Azurín narra con detalle el control que la congresista y su familia ejercen sobre esta supuesta asociación civil religiosa desde hace ya casi 20 años. Dominio que, entre otros beneficios, les habría permitido amasar un importante patrimonio familiar.
Es sabido que gran parte de estas sectas son en realidad vías para el enriquecimiento de supuestos pastores que se aprovechan de la candidez de los fieles. Por último, no puede extrañar que la señora Jáuregui sea militante de Renovación Popular, el partido de López Aliaga, otro fanático que dice usar cilicio, que dice aplicarse azotes como penitencia y que está enamorado de la virgen María. Cada loco con su tema, pero eso no les da patente de corso para abusar de las niñas embarazadas por violación y negar su derecho a una infancia normal.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 743 año 16, del 01/08/2025
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