"Añade una nueva cuenta al rosario de actos antidemocráticos por los cuales deberá responder un día no lejano"
Al sin luces Josué Gutiérrez Cóndor le regalaron la Defensoría del Pueblo en mayo de 2023, tres meses después de las masacres de Huamanga, Juliaca y otros lugares en los que el régimen de Dina Boluarte, apoyado por la alianza congresal articulada por el fujimorismo, ordenó disparar a matar contra manifestantes desarmados que exigían nuevas elecciones, cobrando la vida de 49 personas. Esta terrible masacre es la partida de nacimiento del período de Gutiérrez como supuesto Defensor del Pueblo, cargo público que ha deshonrado y desprestigiado en estos dos años, al punto que la gente lo ha bautizado ya como Ofensor del Pueblo.
El nombramiento de Josué Gutiérrez fue uno de los primeros frutos de la alianza reaccionaria a la cual se incorporaba ya con toda desfachatez la falsa ultraizquierda de Vladimir Cerrón. El personaje colocado en tan importante cargo de control y contrapeso frente al poder carecía de todo mérito y trayectoria para ser siquiera considerado. Salvo una cosa: Josué Gutiérrez era íntimo colaborador de Vladimir Cerrón, era su abogado. En el negociado mediante el cual Perú Libre se vendió a la alianza del fujimorismo y la ultraderecha, parte del precio fue la Defensoría del Pueblo. Como buen cacique, Cerrón puso allí a su gente, con la aprobación y los votos de sus nuevos socios.
Desde entonces, el opaco Josué Gutiérrez no ha hecho más que cumplir con su rol de atento mayordomo de la alianza fujiderechista en nombre de su mentor y protector, el propietario de Perú Libre. Y en ese empeño ha consumado fechorías no menores. La primera ha sido desmantelar la Defensoría del Pueblo de su personal especializado y comprometido con la dignidad de las personas. Ahora pululan por allí unos tipos impresentables, antiderechos, que nada tienen que aportar a la misión que antes cumplió dicha entidad del Estado y más bien tienen grave responsabilidad en el desmanejo institucional y financiero de una Defensoría virtualmente saqueada.
Otro servicio de gran importancia prestado por Josué Gutiérrez al pacto político mafioso que gobierna el país lo cumplió al llevar a cabo, de manera metódica, el copamiento de la Junta Nacional de Justicia con nuevos integrantes, que, salvo uno solo, resultan incondicionales de la mayoría congresal fujiderechista. Él se encargó de manejar y controlar personalmente todo el proceso de selección y nombramiento y logró parir esta nueva JNJ que ya está muy activa tratando de imponer a como dé lugar el retorno triunfal de los antiguos cómplices del caso “cuellos blancos” al Ministerio Público para controlar la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación. Precisamente hoy, viernes 19, los angelitos de esta JNJ hechura de Gutiérrez tienen prevista la audiencia en la que se proponen suspender a la legítima Fiscal de la Nación.
Pero Josué Gutiérrez no descansa en su trama reaccionaria. Se trata ahora de imponer, de una vez por todas, el acatamiento de la inconstitucional y nada convencional ley de amnistía para graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que el Congreso aprobó hace poco más de un mes y que hasta el momento se ha revelado como un completo y resonante fracaso que hace rabiar de furia a Rospigliosi, prepotente operador fujimorista, y su caterva de momios que la impulsaron e impusieron al caballazo, prometiendo la más segura impunidad a tanto forajido y criminal que deshonra el uniforme.
Sucede que la infame ley de amnistía se ha encontrado con el rechazo de la gran mayoría de jueces que, en uso de su facultad jurisdiccional de control difuso de la validez constitucional y convencional de las leyes, han determinado su carácter inaplicable, precisamente por tratarse de una aberración jurídica contraria a la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú. Ante esto, las denuncias de Rospigliosi y compañía contra los jueces por supuesto prevaricato son de una ridiculez penosa, que no les está llevando a ningún resultado, salvo quedar como los payasos de un mal circo que ni siquiera saben hacer reír.
Josué Gutiérrez se cree Pepe El Vivo y aparece ahora como titular de una acción de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que él presenta como Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. En el escrito, el tipo se despacha en una aparente crítica de la amnistía, pero su objetivo es otro. Él sabe muy bien, como todo el mundo, que este TC siempre vota en función de los deseos de la mayoría fujiderechista. Gutiérrez es consciente de que el TC declarará que la ley de amnistía es constitucional. Ese es su juego. Eso pretende. Este es el verdadero objetivo del inescrupuloso Josué Gutiérrez, confirmar a través de una acción aparentemente contraria a la amnistía que esta sea ratificada y convalidada, de manera que los jueces se vean obligados a acatar, sin más, la aplicación de la amnistía.
Pobre Gutiérrez, ni siquiera es original. Lo único que hace es repetir como un mono la jugada de tinterillo que en el año 2022 hicieron decenas de congresistas del pacto mafioso, cuando demandaron ante el TC, que acababan de nombrar, la inconstitucionalidad de la ley 31520 que ellos mismos habían aprobado días antes. Tal como esperaban, el TC “rechazó” su demanda y declaró la constitucionalidad de esa ley que consumaba el asalto a la SUNEDU y consagraba la contrarreforma de la educación superior, con el regreso de las universidades basura. De ese modo, la alianza de la ultraderecha, el fujimorismo y el cerronismo pudo tomar el control de la SUNEDU y el sistema universitario.
El avivato Gutiérrez cree que con esta jugada de rábula ganará la partida. Se equivoca. Solamente añade una nueva cuenta al rosario de actos antidemocráticos por los cuales deberá responder un día no lejano. Los familiares de las víctimas no lo olvidarán nunca. No, señores, un fallo del TC contrario al orden constitucional y convencional no enerva ni neutraliza la facultad de los jueces para ejercer el control difuso porque esta es parte esencial e irrenunciable de la función de todo juez. Y también porque, no lo duden, se recurrirá de todos modos ante la jurisdicción internacional, a la cual estamos vinculados jurídicamente aun cuando este régimen termine por patear el tablero y desconozca las normas y los tratados internacionales. No pasarán.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 750 año 16, del 19/09/2025
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