23 de septiembre de 2025

¿Guerra cultural o lucha de clases?

Jorge Majfud

El 10 de septiembre de 2025, en un evento llamado “The American Comeback Tour” (“Gira por el regreso de Estados Unidos”) en la Utah Valley University, un estudiante le preguntó a Charlie Kirk:

-¿Sabes cuántos tiroteos en masa ha habido en los últimos diez años?

-¿Contando la violencia de pandillas? -respondió Kirk, irónico.

Kirk era un arengador profesional de la derecha, reconocido por el presidente Trump por haberlo ayudado a ganar las elecciones. Tiempo atrás, había afirmado que algunos muertos por violencia de armas (40.000 anuales) eran un precio razonable para mantener la sagrada segunda enmienda. Según la Asociación del Rifle, que dio vuelta la interpretación de la Suprema Corte, esta enmienda protege el derecho de los individuos a portar rifles AR-15. La letra impresa de 1791 no habla de individuos sino de “milicias bien reguladas”. Por armas se refería a unos mosquetes que no mataban un conejo a cien metros. Por “the people” ni soñando se refería a negros, mulatos, indios o mestizos.

Antes que pudiese articular una respuesta completa, Kirk recibió un poderoso disparo en la garganta desde un edificio ubicado a 140 metros. De paso, por casualidad o no, sus enemigos de la misma derecha, como Ben Shapiro y, tal vez Tel Aviv, se sacaron de encima a un traidor que había cuestionado el 7 de Octubre de 2023 ―como lo hicimos nosotros en Página 12, el 8 de octubre.

Los medios y las redes sociales explotaron culpando a “la izquierda”, pese a que, solo en los últimos cincuenta años, las matanzas de la derecha suman el 80 por ciento de los muertos y los de la izquierda apenas cinco por ciento.

Pero ¿a quién le importa la realidad, si el verbo creó el mundo? Desde Europa hasta el Cono Sur, quienes escucharon por primera vez el nombre de Kirk organizaron emotivas ceremonias por el nuevo mártir de la “violencia de los zurdos” y no ahorraron elogios a su “profunda influencia” que “marcó un camino” para la gente de bien.

Dos días después, el gobernador del estado mormón de Utah, Spencer Cox, dio a conocer la identidad del asesino. Casi llorando, reconoció que “había rezado 33 horas para que el asesino fuese alguien de afuera, de otro estado o de otro país”, pero Dios no lo escuchó. Dos días más tarde volvió a los medios más aliviado: el asesino, aunque conservador, amante de las armas, votante del presidente Donald Trump, había sido influenciado por las “ideas de izquierda” de su pareja, un joven transexual.

Los religiosos capitalistas no creen en el pecado colectivo sino en el pecado individual, pero siempre están buscando un pecador dentro de un grupo ajeno para para criminalizar al grupo entero. Cuando Cox reconoció: “Durante 33 horas recé para que el asesino fuera alguien de otro país… Lamentablemente, esa oración no fue escuchada”. No se le ocurrió pensar que “nosotros, que lideramos las donaciones en todo el país”, podíamos ser criminales, pecadores. Si cerramos los ojos para decirle a Dios lo que debe hacer, no podemos ser malos.

Ahora, ¿cuál es la lógica (sino la ingeniería) social en todo esto? Pongámoslo con una metáfora que atraviesa tres continentes y más de mil años de historia: el ajedrez.

Como las matemáticas modernas, las ciencias fácticas y los mecanos, en el siglo IX los árabes introdujeron el ajedrez indio a Al-Andalus (hoy España). Europa lo adoptó y adaptó. El sistema feudal europeo concentraba todo el prestigio social en la tenencia de tierras y en el honor de las guerras. Como hoy, los nobles inventaban guerras en las cuales sus súbditos iban a morir en nombre de Dios, mientras ellos recogían el botín y el honor. Los peones, esa línea de piezas sin rostros y sin nombres, son los soldados modernos y, más recientemente, los civiles que sólo sirven de carne de cañón.

¿Dónde está el truco? En geopolítica, los dos bandos representan dos bloques o alianzas de países. Igual, los de abajo son los primeros en morir. Si sobrevive un peón hasta el final de la partida, es porque se arrimó al rey para protegerlo.

A nivel nacional, representa una guerra civil, pero éstas suelen ser raras; son la última instancia de una guerra más prolongada que la precede. Cuando vemos estas piezas en acción, vemos las blancas contra las negras. Vemos una “guerra cultural”. Una guerra que hoy no es, porque, si realmente fuese una guerra cultural, la libertad de expresión estaría garantizada, algo que, en Estados Unidos y bajo el gobierno libertario de Trump-Rubio, ha ido muriendo cada día.

Es decir, la guerra cultural nos impide ver la verdadera guerra que precipita el conflicto: la guerra de clases. En la línea de fuego tenemos a los peones. Más atrás, la aristocracia, los ricos. Finalmente, los verdaderos dueños del combate: todos luchan y mueren por defender a un rey (¿BlackRock?) quien, sin sacrificio, se lo lleva todo.

En La narración de lo invisible (2004) propusimos una tesis sobre la lucha política de los campos semánticos: quien lograba definir y limitar el significado del ideoléxico (luego “guerra cultural”), marcaba la dirección de la historia. Esto sin negar que la principal fuerza de conflicto radica en la lucha de clases, que las clases en el poder (y sus amanuenses) niegan siempre o se la atribuyen, como intención perversa, a los críticos marxistas, conspiradores del mal.

Hoy podemos ver cómo esta lucha de clases, ejercida por las elites financieras, no ha cesado de promocionar una guerra cultural como distracción perfecta. Negras contra blancas, cristianos contra musulmanes, machistas contra feministas, elegidos de Dios contra creaciones defectuosas de Dios…

Esta oligarquía, que no para de secuestrar y concentrar la riqueza de las sociedades, se ha dado cuenta de dos problemas: (1) La brecha entre quienes lo tienen todo y quien no tienen nada se ha incrementado de forma logarítmica ―ergo, peligrosa. (2) La vampirización de las colonias que proveían a los imperios del capitalismo blanco se está secando y los pueblos, que apenas se beneficiaron de este genocidio histórico que dejó cientos de millones de muertos, ya no sienten el privilegio de ese sistema internacional. Están empobrecidos, endeudados, destruidos por las drogas duras y por las drogas de la argumentación apasionada e inútil de las redes de entretenimiento, productoras del odio sectario, nacionalista y tribal.

La droga principal de las elites es el dinero y el poder. Necesitan siempre más para mantener un mínimo de satisfacción, pero saben que esta situación, tanto nacional como internacional, no es sostenible. A nivel nacional, es la fórmula perfecta para una sangrienta rebelión. A nivel internacional, significa el derrumbe de un poder dictatorial que en el siglo XIX se llamó “democracia blanca”.

Adentro, para evitar o postergar esta rebelión, necesitan promover el odio entre los de abajo y la militarización como solución. Afuera, el objetivo es el genocidio, la aniquilación de cualquier potencia emergente o la tercera guerra mundial.

Palestina es el laboratorio perfecto donde se decide cómo alcanzar una brutalidad a pesar de la oposición de un mundo sin poder. La propaganda les está fallando, así que aceleran el recurso sordo de la violencia bélica, cuyo objetivo es la limpieza de humanos incómodos a fuerza de bombardeos masivos, interminables, impunes.

Todo para agradar a un dios extraño.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

21 de septiembre de 2025

Las guerras del imperio en Latinoamérica y el Caribe

Atilio A. Boron

El título de esta nota puede inducir a creer que el objeto de estas breves líneas será recordar las numerosas aventuras militares del imperialismo norteamericano en Nuestra América, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, “la tercera frontera imperial” como felizmente la definiera el profesor y ex presidente de la República Dominicana Juan Bosch. Pero no: nuestro propósito es examinar las guerras actuales del imperialismo, las que al día de hoy se libran en contra de Cuba y Venezuela. Pese a que la Cumbre de la CELAC 2014 declaró a Nuestra América como Zona de Paz, lo cierto es que los países arriba nombrados son víctimas de una guerra no declarada pero no por ello menos perjudicial.

Los cambios en “el arte de la guerra” a lo largo de las últimas décadas han tenido como una de sus consecuencias invisibilizar el enorme daño que hoy se puede infligir a las poblaciones agredidas y ocultar, al menos parcialmente, la responsabilidad criminal que le cabe al país agresor. En los casos que nos ocupan, Estados Unidos es quien sin mediar una declaración formal de guerra, que requeriría una ley del Congreso de ese país, lleva más de sesenta años haciéndole la guerra a Cuba, con total impunidad, y diez años a Venezuela.

El caso venezolano se distingue del cubano porque existe una Orden Ejecutiva firmada el 9 de marzo del 2015 por el entonces presidente Barack Obama mediante la cual se declaraba la “emergencia nacional” ante la “amenaza inusual y extraordinaria que la situación de Venezuela suponía para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.” Es difícil al re-leer estas líneas no pensar en la soberana ridiculez de dicha Orden Ejecutiva. ¡La “seguridad nacional” de la mayor potencia militar y financiera del planeta amenazada por la Venezuela bolivariana! El pretexto, porque para todo el imperio tiene un pretexto, fue sancionar a siete funcionarios de los organismos de seguridad del estado venezolano que habían participado en el combate a las sangrientas “guarimbas” que asolaron al país entre febrero y mayo del 2014 y a los cuales se les acusaba de haber incurrido en prácticas violatorias de los derechos humanos.

En el caso cubano las medidas coercitivas unilaterales comenzaron poco después del triunfo de la Revolución cuando el presidente Dwight Eisenhower en enero de 1960 prohibió la exportación de todo producto a Cuba (excepto alimentos y medicinas) y redujo la cuota de azúcar que la isla exportaba a Estados Unidos, afectando seriamente la economía cubana. En marzo de ese año había autorizado a la CIA que organizara, entrenara y equipase a emigrados cubanos y otros mercenarios para organizar una invasión a Cuba con el objeto de derrocar a Castro, cosa que infructuosamente se intentó en Abril de 1961 en Playa Girón. Pocos meses antes, el 3 de enero de 1961, Eisenhower había roto las relaciones diplomáticas con Cuba. La perversa progresión del bloqueo en contra de Cuba es harto conocida tanto como los efectos devastadores sobre la vida económica, social y política de la isla. No existe ninguna experiencia en la historia universal, repito: en la historia universal, de un país o región que hubiese estado sometida por una gran potencia dominante a una agresión económica, comercial, financiera, diplomática, cultural, mediática, deportiva y migratoria como la que Cuba, con una dignidad y heroísmo ejemplares, viene resistiendo desde hace 65 años. Los problemas de la economía cubana son incomprensibles al margen de las devastadoras consecuencias de una guerra que se extiende por tantas décadas

Con la aceleración del curso declinante del imperio americano y ante su creciente pérdida de influencia en Asia, cada vez más girando en torno a los dos gigantes regionales: China y la India; con su tenue presencia en el continente africano; el debilitamiento irreversible de los países europeos, reducidos a la condición de dóciles sirvientes del amo imperial y sin gravitación siquiera en su entorno geopolítico inmediato como Oriente Medio a lo cual hay que añadir el inesperado renacimiento de Rusia como actor global, Washington reorganiza las prioridades de su agenda de política exterior y vuelve sus ojos hacia Latinoamérica y el Caribe, esa “retaguardia estratégica” del imperio como la denominaran Fidel y el Che. En efecto, nuestra región es un fenomenal emporio de recursos naturales como lo definiera un venezolano ilustre y gran secretario general de la UNASUR, Alí Rodríguez Araque. Y ante el cambio en la correlación mundial de fuerzas, en detrimento de Estados Unidos, Donald Trump alentado por sus halcones -entre ellos el fiel lobista del sionismo, Marco Rubio- ordena a su flota de mar patrullar el Caribe meridional, acosar a pescadores venezolanos en sus aguas territoriales, agredirlos e intimidarlos y, según confesión propia, en un par de casos asesinarlos fríamente luego de acusarlos, sin aportar prueba alguna, de ser narcotraficantes. Estas supuestas narcolanchas pretendían lograr una verdadera proeza náutica en un mar protegido por unas cuarenta bases militares estadounidenses amén de una decena de navíos de guerra que se hallaban patrullando la región, pese a lo cual desafiantemente se dirigían con sus pequeñas embarcaciones supuestamente cargadas de cocaína y fentanilo con destino en las costas estadounidenses. La mentira es tan flagrante que la única conclusión posible es que en su desesperación Trump apela a cualquier expediente, mintiendo sin escrúpulos e inclusive ejecutando a sangre fría a pescadores de atún en abierta violación de la legalidad de su país que exige la detención de los supuestos delincuentes para ser llevados a juicio y la incautación de su cargamento para confirmar su naturaleza.

Se trata, entonces, de actos de agresión militar en una guerra no declarada, pero guerra al fin. Actos que se inscriben en una larga lista de agresiones no militares pero letales que Venezuela ha sufrido en esta larga guerra que comienza con la infame Orden Ejecutiva de Obama del 2015. Si el objetivo de una guerra convencional es destruir mediante el empleo de la fuerza las instalaciones militares, la infraestructura y desestructurar por completo la vida económica del país agredido, en la guerra de quinta generación esos objetivos se logran por otros medios: medidas coercitivas unilaterales (vulgo: “sanciones”) que producen gravísimos daños en la economía, perjudicando las relaciones comerciales con terceros países, desalentando inversiones en Venezuela y destruyendo la normalidad de la vida económica al interior del país; también con atentados mediante ciberataques a represas, puentes, refinerías, abastecimiento de agua y energía eléctrica y el desplome de las redes sociales y la Internet; con campañas de desinformación, satanización de las autoridades del país agredido (por ejemplo, inventando una organización criminal, el Cartel de los Soles, y diciendo que su jefe es el presidente Nicolás Maduro Moros); o con la organización y financiamiento de grupos criminales como las tristemente célebres “guarimbas” de 2014 y 2017 (o, en Oriente Medio, la banda criminal de los degolladores seriales del ISIS, según confesión de Hilary Clinton) y la creación de climas de terror y temor en la población.

En pocas palabras, debemos reconocer que Venezuela, igual que Cuba, está en guerra y que la unión del pueblo con su gobierno y sus fuerzas armadas fue la que hasta ahora erigió una formidable barrera a las pretensiones del imperio, dispuesto a cometer cualquier crimen con tal de apoderarse de la mayor reserva comprobada de petróleo del mundo que se encuentra en la patria de Bolívar y de Chávez y a poner fin a la Revolución Cubana, ese faro ejemplar que ha dado muestras de una resiliencia absolutamente excepcional, sin precedentes en la historia universal. Para lograr estos dos objetivos Trump y sus compinches son capaces de hacer cualquier cosa. Y si hasta ahora no lo hicieron es porque todavía está muy fresca la memoria de las derrotas experimentadas en Corea, en Vietnam, el Líbano, en Afganistán y en Playa Girón. O la “victoria” conseguida en Irak que a poco andar se convirtió en una derrota política, al igual que la más reciente en Siria, donde Washington causó estupor y repulsa universal porque luego de urdir la “primavera de colores” que acabó con el “régimen” de Bashar al Ásad ungió como presidente de ese país a Al-Sharaa, un criminal serial sobre cuya cabeza reposaba una recompensa de diez millones de dólares por ser el líder del grupo terrorista islámico Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Y saben en la Casa Blanca que si escalan la agresión en contra de Cuba y Venezuela un tsunami antiestadounidense recorrerá toda Latinoamérica y probablemente también el Sur Global, donde hay actores muy poderosos que desean importar el petróleo venezolano. Un nuevo tsunami que tal como ocurriera a comienzos de siglo culminó con la derrota del ALCA, el gran proyecto que los expertos y analistas del imperio habían elaborado para todo el siglo veintiuno.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/858663-las-guerras-del-imperio-en-latinoamerica-y-el-caribe

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Perú: Gutiérrez deshonra la Defensoría

Ronald Gamarra

"Añade una nueva cuenta al rosario de actos antidemocráticos por los cuales deberá responder un día no lejano"

Al sin luces Josué Gutiérrez Cóndor le regalaron la Defensoría del Pueblo en mayo de 2023, tres meses después de las masacres de Huamanga, Juliaca y otros lugares en los que el régimen de Dina Boluarte, apoyado por la alianza congresal articulada por el fujimorismo, ordenó disparar a matar contra manifestantes desarmados que exigían nuevas elecciones, cobrando la vida de 49 personas. Esta terrible masacre es la partida de nacimiento del período de Gutiérrez como supuesto Defensor del Pueblo, cargo público que ha deshonrado y desprestigiado en estos dos años, al punto que la gente lo ha bautizado ya como Ofensor del Pueblo.

El nombramiento de Josué Gutiérrez fue uno de los primeros frutos de la alianza reaccionaria a la cual se incorporaba ya con toda desfachatez la falsa ultraizquierda de Vladimir Cerrón. El personaje colocado en tan importante cargo de control y contrapeso frente al poder carecía de todo mérito y trayectoria para ser siquiera considerado. Salvo una cosa: Josué Gutiérrez era íntimo colaborador de Vladimir Cerrón, era su abogado. En el negociado mediante el cual Perú Libre se vendió a la alianza del fujimorismo y la ultraderecha, parte del precio fue la Defensoría del Pueblo. Como buen cacique, Cerrón puso allí a su gente, con la aprobación y los votos de sus nuevos socios.

Desde entonces, el opaco Josué Gutiérrez no ha hecho más que cumplir con su rol de atento mayordomo de la alianza fujiderechista en nombre de su mentor y protector, el propietario de Perú Libre. Y en ese empeño ha consumado fechorías no menores. La primera ha sido desmantelar la Defensoría del Pueblo de su personal especializado y comprometido con la dignidad de las personas. Ahora pululan por allí unos tipos impresentables, antiderechos, que nada tienen que aportar a la misión que antes cumplió dicha entidad del Estado y más bien tienen grave responsabilidad en el desmanejo institucional y financiero de una Defensoría virtualmente saqueada.

Otro servicio de gran importancia prestado por Josué Gutiérrez al pacto político mafioso que gobierna el país lo cumplió al llevar a cabo, de manera metódica, el copamiento de la Junta Nacional de Justicia con nuevos integrantes, que, salvo uno solo, resultan incondicionales de la mayoría congresal fujiderechista. Él se encargó de manejar y controlar personalmente todo el proceso de selección y nombramiento y logró parir esta nueva JNJ que ya está muy activa tratando de imponer a como dé lugar el retorno triunfal de los antiguos cómplices del caso “cuellos blancos” al Ministerio Público para controlar la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación. Precisamente hoy, viernes 19, los angelitos de esta JNJ hechura de Gutiérrez tienen prevista la audiencia en la que se proponen suspender a la legítima Fiscal de la Nación.

Pero Josué Gutiérrez no descansa en su trama reaccionaria. Se trata ahora de imponer, de una vez por todas, el acatamiento de la inconstitucional y nada convencional ley de amnistía para graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que el Congreso aprobó hace poco más de un mes y que hasta el momento se ha revelado como un completo y resonante fracaso que hace rabiar de furia a Rospigliosi, prepotente operador fujimorista, y su caterva de momios que la impulsaron e impusieron al caballazo, prometiendo la más segura impunidad a tanto forajido y criminal que deshonra el uniforme.

Sucede que la infame ley de amnistía se ha encontrado con el rechazo de la gran mayoría de jueces que, en uso de su facultad jurisdiccional de control difuso de la validez constitucional y convencional de las leyes, han determinado su carácter inaplicable, precisamente por tratarse de una aberración jurídica contraria a la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú. Ante esto, las denuncias de Rospigliosi y compañía contra los jueces por supuesto prevaricato son de una ridiculez penosa, que no les está llevando a ningún resultado, salvo quedar como los payasos de un mal circo que ni siquiera saben hacer reír.

Josué Gutiérrez se cree Pepe El Vivo y aparece ahora como titular de una acción de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que él presenta como Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. En el escrito, el tipo se despacha en una aparente crítica de la amnistía, pero su objetivo es otro. Él sabe muy bien, como todo el mundo, que este TC siempre vota en función de los deseos de la mayoría fujiderechista. Gutiérrez es consciente de que el TC declarará que la ley de amnistía es constitucional. Ese es su juego. Eso pretende. Este es el verdadero objetivo del inescrupuloso Josué Gutiérrez, confirmar a través de una acción aparentemente contraria a la amnistía que esta sea ratificada y convalidada, de manera que los jueces se vean obligados a acatar, sin más, la aplicación de la amnistía.

Pobre Gutiérrez, ni siquiera es original. Lo único que hace es repetir como un mono la jugada de tinterillo que en el año 2022 hicieron decenas de congresistas del pacto mafioso, cuando demandaron ante el TC, que acababan de nombrar, la inconstitucionalidad de la ley 31520 que ellos mismos habían aprobado días antes. Tal como esperaban, el TC “rechazó” su demanda y declaró la constitucionalidad de esa ley que consumaba el asalto a la SUNEDU y consagraba la contrarreforma de la educación superior, con el regreso de las universidades basura. De ese modo, la alianza de la ultraderecha, el fujimorismo y el cerronismo pudo tomar el control de la SUNEDU y el sistema universitario.

El avivato Gutiérrez cree que con esta jugada de rábula ganará la partida. Se equivoca. Solamente añade una nueva cuenta al rosario de actos antidemocráticos por los cuales deberá responder un día no lejano. Los familiares de las víctimas no lo olvidarán nunca. No, señores, un fallo del TC contrario al orden constitucional y convencional no enerva ni neutraliza la facultad de los jueces para ejercer el control difuso porque esta es parte esencial e irrenunciable de la función de todo juez. Y también porque, no lo duden, se recurrirá de todos modos ante la jurisdicción internacional, a la cual estamos vinculados jurídicamente aun cuando este régimen termine por patear el tablero y desconozca las normas y los tratados internacionales. No pasarán.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 750 año 16, del 19/09/2025

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